La Ruta 151 necesita obras. Pero la comunidad necesita algo más: transparencia, coherencia y un gobierno que hable claro antes de que la ciudadanía tenga que ir a tribunales para hacerse escuchar.
Durante años, la Ruta Nacional 151 en territorio pampeano —arteria clave para la conectividad y el desarrollo del oeste pampeano— se convirtió en sinónimo de abandono. Camioneros, turistas y vecinos la recorrieron esquivando cráteres en un tramo particularmente devastado: desde el Puente Dique hasta el cruce con la Ruta Provincial 20. Mientras tanto, los reclamos se acumulaban sin respuestas y el deterioro avanzaba sin freno.
Pero esta semana ocurrió algo inesperado: se superpusieron las acciones, las voces y hasta las urgencias. Por un lado, un grupo de vecinos autoconvocados decidió acudir a la Justicia federal con un recurso de amparo para obligar al Gobierno nacional a reparar la vía. Por otro, casi en simultáneo, el gobierno local sorprendió con un anuncio: Vialidad Nacional —el único organismo con competencia sobre la ruta— iniciará la próxima semana un bacheo integral como paso previo a una reparación profunda.
La coincidencia temporal no pasó desapercibida, y mucho menos la forma en que se comunicó. Porque si, como ahora afirma el municipio, las gestiones estaban avanzadas desde hacía meses, resulta incomprensible que nunca se haya informado a la ciudadanía. Más aún: si sabían que Vialidad estaba a punto de intervenir, ¿por qué no alertar a los vecinos que el viernes decidieron iniciar un amparo colectivo? ¿Por qué dejarlos avanzar en un camino judicial que —de ser cierto lo que hoy se anuncia— podría haber sido innecesario?
El comunicado oficial, difundido este martes al mediodía en redes sociales, adoptó un tono que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la movida ciudadana. Allí se anuncia “bacheo integral y mantenimiento del tramo desde el Cruce del Desierto hasta el Puente Dique”, mejoras en las banquinas y un campamento operativo en 25 de Mayo. También se asegura que están “concluyendo una gestión que comenzó hace varios meses entre Provincia y Nación” para avanzar hacia “un arreglo profundo y el reemplazo definitivo de la traza”. Y como cierre, una frase que parece tener destinatarios claros: “Esto es trabajo concreto. Son hechos reales.”
El mensaje cristaliza una suerte de competencia que nunca debería existir: vecinos por un lado, municipio por el otro, ambos buscando lo mismo, pero desde lógicas y tiempos que evidencian un cortocircuito evidente. Lo paradójico es que, días atrás, el propio intendente Leonel Monsalve fue entrevistado en dos radios —la emisora Municipal y Radio 7— y jamás mencionó nada sobre la inminente intervención en la Ruta 151. Habló largo y tendido sobre otras acciones de gobierno, pero omitió justamente el tema más urgente, el que define la seguridad vial, el movimiento productivo y la vida cotidiana de toda la región.
La ruta sigue destruida. Los vecinos se organizaron porque sintieron que nadie los escuchaba. Y el municipio anunció lo que era imprescindible, pero demasiado tarde como para que no genere sospechas y ruido político. Hoy, lo que debería ser una buena noticia —el comienzo de obras en un corredor abandonado— queda ensombrecida por la falta de comunicación, la reacción tardía y un mensaje oficial que parece más preocupado por marcar territorio que por construir confianza.
La Ruta 151 necesita obras. Pero la comunidad necesita algo más: transparencia, coherencia y un gobierno que hable claro antes de que la ciudadanía tenga que ir a tribunales para hacerse escuchar.
