El ex policía, detenido tras revocarse su libertad condicional, expuso en un “vivo” del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario una serie de graves acusaciones contra el actual ministro de Seguridad de Río Negro, vinculándolo con hechos nunca esclarecidos como la muerte del oficial Lucas Muñoz y el fallo en el caso Otoño Uriarte.
Por Redacción
Desde el establecimiento penitenciario donde cumple prisión efectiva tras 33 días de detención, Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario y ex vocero de las protestas salariales de la fuerza, realizó declaraciones telefónicas de alto impacto en las que se autodefine como “preso político” y señala directamente al ministro de Seguridad, Daniel Jara, como responsable de “graves hechos nunca esclarecidos” durante su gestión como ex jefe de Policía.
Las acusaciones centrales: Lucas Muñoz y Otoño Uriarte
Muñoz afirmó que, durante la gestión de Jara al frente de la Policía, “más de 29 compañeros se quitaron la vida por su forma, por su manejo, por su estructura dictatorial”, citando traslados arbitrarios como factor determinante. En este marco, mencionó el caso del joven oficial Lucas Muñoz —sin parentesco con el denunciante—, secuestrado por más de 23 días, torturado con un disparo en la rodilla y finalmente ejecutado con su propia arma reglamentaria, hallado uniformado y con su celular al lado.
“Daniel Jara fue el primero que accedió al lugar donde encontraron a Lucas Muñoz, sin autorización judicial, sin estar los fiscales ni los jueces presentes”, aseguró Muñoz. “Nunca sabremos por qué ingresó primero él, porque en ese entonces, cuando se encontraba un cuerpo, había que esperar que primero llegue el médico forense”. Señaló que existe una fotografía en un diario que muestra a Jara saliendo del lugar del hecho antes de la llegada de las autoridades judiciales [[1]].
Respecto al caso Otoño Uriarte, Muñoz recordó que el gobernador celebró públicamente la condena de los imputados gracias a la gestión de Jara, pero que dicha condena “se termina cayendo y hoy están todos en libertad” porque se basó “fundamentalmente en una prueba odorológica de un perro, que no es contundente ante la justicia”. “Daniel Jara quería que esa prueba sea contundente”, afirmó.
El incidente en el supermercado y la condena por “amenazas”
Muñoz detalló el episodio que derivó en su condena por amenazas simples. Relató que, al encontrarse con Jara en un supermercado, se le acercó y le susurró al oído: “¿Qué pasó con Lucas Muñoz? ¿Por qué no te hacés cargo de los compañeros que se quitaron la vida por culpa tuya? ¿Qué pasó con Otoño Uriarte?”. Aseguró que Jara “sonriente me hacía con la mano como ‘dale, dale, seguí'”, y que luego saludó a otra persona a distancia.
En el juicio, sostuvo Muñoz, la fiscal a cargo —inusualmente, la fiscal en jefe— presentó la denuncia de Jara, quien alegó sentirse amenazado y haber modificado sus hábitos por miedo. Sin embargo, Muñoz destacó que ninguno de los testigos presenciales escuchó una amenaza: Andrea Juan, quien lo acompañaba, confirmó que hubo reclamo pero no amenaza; el cajero del supermercado dijo ver “una situación rara” pero sin escuchar palabras amenazantes; y las cámaras de seguridad, si bien captaron la escena, no registran audio.
“A pesar de eso, el juez dio por sentado que existió la amenaza por el tiempo que yo tardé hablándole al oído”, denunció Muñoz. “¿Se entiende la impunidad hasta ahí? Él presupone que la amenaza existió”.
“Extorsionado por la justicia”: el juicio abreviado y la pérdida de la libertad
Muñoz explicó que, ante la posibilidad de perder el juicio y acumular condenas —incluida una por la ocupación de una regional policial en 2023—, aceptó un juicio abreviado y se declaró culpable “para poder mantener mi libertad”. “Fue la misma justicia la que, a través de su metodología, me llevó a culparme de una situación que no existió”, afirmó.
La condena resultante fue de tres años de prisión en suspenso, con pautas de conducta que incluían la prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o contacto con Daniel Jara. Muñoz aseguró que, en una entrevista posterior, se le “escapó” mencionar el nombre de Jara al cuestionar sus títulos para ejercer como ministro de Seguridad, lo que derivó en una sanción que le quitó dos meses de condena ya cumplidos.
El episodio que detonó su detención definitiva ocurrió durante una protesta frente a la Legislatura en Viedma, donde Muñoz, sin saber que Jara estaría presente, se encontraba en una movilización pacífica con vallado policial de por medio. “Había un vallado de dos metros y 150 policías. ¿Qué riesgo podía correr Jara?”, cuestionó. A pesar de ello, la justicia revocó su libertad condicional y ordenó su prisión efectiva.
Condiciones de detención y denuncia sobre el penal “Maruchito”
Muñoz advirtió al juez que, de ser enviado al penal conocido como “Maruchito”, sufriría maltratos, ya que existen denuncias previas contra su director, Pedro Aedo, por presuntos abusos a detenidos y desvío de mercadería destinada a los internos. “Yo llevo un libro, un parte diario donde anoto todos los días lo que voy comiendo, y la verdad que se siente que la nutrición del Maruchito no resiste análisis nutricional”, señaló.
Finalmente fue trasladado a la Unidad 67, pero advirtió que incorporó un dispositivo de audio que documenta lo que ocurre en el interior del establecimiento, material que, según anunció, será difundido por el Consejo de Bienestar. “Ahí ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que ocurre realmente dentro del Maruchito”, afirmó.
Reclamo por representación sindical y rechazo al acuartelamiento
En su exposición, Muñoz defendió la legitimidad del Consejo de Bienestar Policial como único espacio de representación colectiva: “Fuera del Consejo no hay nada más. Pueden haber grupos, pero tienen que incorporarse al Consejo, porque de eso se trata la cuestión sindical”. Asimismo, descartó tajantemente la opción de un acuartelamiento: “Nosotros no vamos a llamar nunca a un acuartelamiento, jamás. Porque iríamos en contra de las propias normas del Consejo. Ponemos a la sociedad por encima de nuestros conflictos salariales”.
La respuesta oficial y el contexto judicial
Fuentes oficiales consultadas por medios locales indicaron que la revocación de la libertad condicional de Muñoz se fundamentó en el incumplimiento reiterado de las pautas de conducta, verificadas mediante material audiovisual y denuncias formales [[29]][[33]]. La fiscal Susana Carrasco sostuvo en audiencia: “No estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y constituían condiciones de su libertad” [[33]].
El tribunal de revisión de General Roca confirmó por unanimidad la decisión del juez Fernando Romera, considerando que el video presentado constituye evidencia suficiente para acreditar la violación de las restricciones impuestas, en particular la prohibición de acercamiento al ministro Jara [[33]].
Reflexión final: ¿conflicto laboral o persecución política?
Las declaraciones de Rubén Muñoz plantean preguntas de fondo sobre los mecanismos institucionales para canalizar reclamos dentro de las fuerzas de seguridad. Como señala un análisis reciente, “cuando los trabajadores policiales carecen de mecanismos formales de representación —sindicatos, negociación colectiva o canales estables de diálogo— los conflictos laborales tienden a emerger en forma de protestas públicas”, y “el conflicto laboral se redefine rápidamente como un problema disciplinario o judicial” [[1]].
Mientras la justicia determina la responsabilidad penal de Muñoz, sus acusaciones contra Daniel Jara —vinculadas a casos de alto impacto social como las muertes de Lucas Muñoz y Otoño Uriarte— permanecen sin resolución judicial definitiva. El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario ha calificado a Muñoz como “preso político” y exige su liberación inmediata [[19]][[22]].
Nota de la redacción: Las afirmaciones vertidas por Rubén Muñoz constituyen denuncias que requieren investigación judicial independiente. Este medio se limita a reproducir sus declaraciones en ejercicio del derecho a la información, sin emitir juicio de valor sobre su veracidad, a la espera de que los órganos competentes determinen la responsabilidad de las partes involucradas.
Fuentes consultadas: APROPOL Noticias [[1]], La Tecla Patagonia [[13]], Diario Río Negro [[33]], Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario R.N. (redes sociales) [[19]][[22]].
