Organizaciones policiales de otras provincias salieron a respaldar al dirigente rionegrino detenido tras pedir diálogo al gobernador Alberto Weretilneck en un acto en Cipolletti. Desde Buenos Aires denunciaron “criminalización de la protesta” y reclamaron avanzar en la sindicalización de las fuerzas de seguridad.
La detención del referente policial rionegrino Rubén Muñoz, ocurrida luego de que intentara plantearle un reclamo de diálogo al gobernador Alberto Weretilneck durante un acto público en Cipolletti, desató una reacción de solidaridad que ya traspasa los límites de la provincia. Organizaciones policiales de otros distritos salieron a cuestionar con dureza la decisión política y judicial que terminó con el dirigente detenido.
Una de las expresiones más contundentes llegó desde la provincia de Buenos Aires. A través de un video difundido en redes, el secretario general de la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados (APA), Carlos Maures, expresó el “apoyo total e incondicional” de su organización a Muñoz y al Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, al tiempo que repudió lo que definió como un “atropello” y una nueva muestra de criminalización de la protesta policial.
“Quiero rechazar enfáticamente la decisión del gobernador de criminalizar la protesta en Río Negro, como también ocurre en otros puntos del país”, sostuvo Maures, quien en su mensaje vinculó el conflicto con una problemática más amplia que, según afirmó, atraviesa a las fuerzas de seguridad argentinas desde hace décadas.
El dirigente también insistió en la necesidad de avanzar en la sindicalización de policías y penitenciarios, una discusión que —remarcó— debería resolverse a nivel nacional. Para ello citó la Opinión Consultiva 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera compatible con los estándares internacionales la posibilidad de que las fuerzas de seguridad cuenten con representación sindical.
Durante su mensaje, Maures denunció que los integrantes de las fuerzas de seguridad “han sido devastados, humillados y denigrados” durante años por las dirigencias políticas provinciales y nacionales. En ese contexto, advirtió que el encarcelamiento de dirigentes no resolverá el conflicto: “Podrán encarcelar a uno, a dos o a veinte, pero no se van a poder llevar puesto a todos los integrantes de las fuerzas”.
El pronunciamiento también incluyó fuertes críticas a las condiciones laborales y salariales de policías y penitenciarios, señalando que en muchas jurisdicciones los efectivos se encuentran por debajo de la línea de pobreza o endeudados para sostener sus gastos básicos. Maures mencionó además el grave problema del suicidio dentro de las fuerzas, asegurando que solo en la provincia de Buenos Aires más de 360 efectivos se quitaron la vida en los últimos años.
En paralelo, desde el propio movimiento policial rionegrino reiteraron los fundamentos de su reclamo. Entre los puntos centrales, denuncian que el gobierno provincial incumple la legislación vigente que regula el salario policial —especialmente las leyes provinciales 679 y 2432— lo que habría provocado una pérdida del poder adquisitivo cercana al 85%.
El listado de demandas incluye, además, el saneamiento de la escala salarial, la eliminación de ítems considerados arbitrarios, la provisión de uniformes y equipamiento que por ley debería entregar el Estado, la renovación de chalecos antibalas vencidos y la creación de una mesa permanente de diálogo con participación de representantes policiales.
También exigen el respeto de los derechos de retirados y pensionadas, el pago de juicios con fallos favorables a policías y una reparación económica para viudas y jubilados afectados por el incumplimiento de normativas previsionales.
En ese contexto, el conflicto abierto tras la detención de Muñoz no parece encaminarse a una rápida desactivación. Por el contrario, comienza a adquirir una dimensión nacional, con organizaciones policiales de distintas provincias que ya advierten que el problema excede a Río Negro y que la discusión de fondo —salarios, derechos laborales y sindicalización— sigue pendiente desde hace décadas.
Mientras tanto, el pedido que se repite desde los sectores movilizados es uno solo: abrir una mesa de diálogo real antes de que el conflicto continúe escalando. Porque, según advierten los propios policías, cuando el reclamo deja de ser escuchado, el problema deja de ser corporativo y pasa a convertirse en una crisis institucional.
