Mientras vecinos y vecinas de Catriel acumulan días —y en algunos casos semanas— sin acceso regular a agua potable o recibiendo agua turbia en sus hogares, vuelve a quedar en evidencia una falencia estructural que excede cualquier hecho aislado: la empresa estatal Aguas Rionegrinas no cuenta con estrategias propias y previsibles para garantizar un servicio esencial ante situaciones imponderables o escenarios de estrés del sistema.
La gravedad del problema quedó expuesta en el barrio Preiss, sobre calle Lima, donde familias permanecieron más de diez días sin suministro. La situación debió ser abordada en una reunión de Atención al Vecino encabezada por la intendenta Daniela Salzotto, tras lo cual fue el propio Municipio, a través de la Secretaría de Obras Públicas, el que avanzó de manera inmediata con acciones concretas para restablecer el servicio y mejorar el acceso al agua potable. Una vez más, fue el Estado municipal el que dio la cara y aportó soluciones ante una demanda urgente de la comunidad.
VIDEO DE PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATRIEL
Este episodio no es aislado. En los últimos días se multiplicaron los reclamos contra Aguas Rionegrinas por la mala calidad del agua, especialmente por la turbiedad que sale de los grifos domiciliarios. Las redes sociales se llenaron de quejas que no apuntan a lo extraordinario, sino a lo reiterado. Vecinos y vecinas cuestionan que la empresa vuelva a refugiarse en explicaciones técnicas y comunicados tardíos, cuando lo que se necesita es un servicio confiable, continuo y de calidad.
“Los usuarios entendemos el tema de la turbiedad, de la baja presión, de la planta potabilizadora… pero necesitamos un servicio de calidad”, expresó un vecino de Catriel en un posteo que se viralizó. El reclamo es claro y directo: si la infraestructura quedó chica frente al crecimiento de la ciudad, la respuesta no puede ser la resignación ni la normalización de la precariedad. Debe haber inversión, equipos nuevos y planificación a largo plazo.
El agua potable no es un lujo ni un favor: es un derecho básico. Por eso, una empresa estatal que presta un servicio esencial no puede depender de la buena voluntad de otros niveles del Estado ni reaccionar solo cuando el problema estalla. Debe anticiparse, prever contingencias y contar con planes propios para sostener la calidad del agua incluso ante fallas, picos de demanda o eventos imprevistos.
Cuando es el Municipio el que termina resolviendo lo que corresponde a la prestataria, el mensaje es preocupante. No se trata solo de turbiedad o baja presión: se trata de responsabilidad, de inversión y de respeto hacia los usuarios. Normalizar el mal servicio es el primer paso para consolidarlo. Y en materia de agua potable, eso es sencillamente inaceptable.
