La concejala Juana Cárdenas reveló lo que considera una “incoherencia total” en una nota oficial: el Municipio solicita al Concejo Deliberante aprobar un plano de subdivisión en la Plaza de la Memoria, admitiendo en el mismo documento que la obra y el fraccionamiento ya se ejecutaron en 2025 sin aval legislativo.
Catriel, 30 de julio de 2026. – Una fuerte controversia sacude al gobierno local de Catriel tras las denuncias realizadas por la concejala Juana Cárdenas, quien a través de un video difundido en sus redes sociales, expuso lo que calificó como una maniobra irregular del Poder Ejecutivo para legalizar “hechos consumados” en un espacio público de la ciudad.
El conflicto se centra en el espacio verde correspondiente a la Plaza de la Memoria, Verdad y Justicia, ubicado en la intersección de las calles Polonia y 24 de Marzo. Según la edil, el Departamento Ejecutivo elevó una nota al Concejo Deliberante solicitando la desafectación y fraccionamiento de parte de este sector para reducir la reserva de espacio verde a 700 metros cuadrados. Sin embargo, la solicitud esconde una contradicción flagrante.
La “Incoherencia Total”
En su comunicado, Cárdenas detalló que en la misma nota donde el Ejecutivo pide permiso para realizar el fraccionamiento, reconoce que el “Plano 1055” ya fue presentado y que la subdivisión ya se llevó a cabo durante el año 2025.
“¡Incoherencia total!”, expresó la concejala, cuestionando que el gobierno municipal solicite la autorización que exige la Carta Orgánica para ejecutar una acción que, según sus propios documentos, ya fue realizada sin consultar al Poder Legislativo.
Estacas en el suelo y vecinos reubicados
La denuncia no solo es administrativa, sino que tiene un impacto territorial visible. Cárdenas mostró imágenes donde se observan estacas marcando los límites de los lotes en el sector. “Acá están las estacas que marcan cada uno de los lotes de este sector, que fueron vendidos a los vecinos”, afirmó la edil.
Relató que, tras su denuncia inicial sobre el fraccionamiento irregular, los vecinos que habían comprado de buena fe fueron reubicados en otros terrenos, pero la intervención física del espacio verde ya se había consumado.
Un intento de “comprometer el voto”
El punto más crítico de la denuncia reside en la maniobra política que, según Cárdenas, intenta el Ejecutivo. Al enviar la nota reconociendo el plano ya ejecutado y pidiendo su ratificación, el gobierno local estaría buscando que el Concejo Deliberante, el Consejo Vecinal y las Juntas Vecinales “autoricen a hacer algo que el Poder Ejecutivo ya realizó”.
La concejal recordó que previamente había presentado un proyecto para investigar la situación y proteger los derechos de los compradores de buena fe, el cual fue rechazado en sesión ordinaria. Ahora, con la referencia a la Ordenanza 338 del 2024, el Ejecutivo intenta validar el cambio de metros cuadrados y el loteo.
“Ellos en esta nota hacen alusión a la ordenanza 338… eso no los autorizaba a lotear y a vender”, sentenció Cárdenas, advirtiendo que se está comprometiendo la firma de los concejales para convalidar una obra ilegal retrospectivamente.
Ante la gravedad de los hechos, que podrían configurar un abuso de autoridad y una violación a los procedimientos de uso del suelo, la concejal anticipó que mantendrá la información pública y que la situación será tratada con la severidad que merece en el recinto.
