Las federaciones que representan a trabajadores de las universidades nacionales anunciaron un paro total y acciones judiciales si el Ejecutivo no reglamenta este lunes la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava por la falta de diálogo, salarios bajos y la amenaza de paralizar programas de investigación y becas.
(Data Clave).- Las tensiones entre el Gobierno nacional y el sistema universitario volvieron a escalar. Las federaciones que agrupan a docentes y no docentes confirmaron un paro total en todas las universidades públicas del país si el Ejecutivo no cumple este lunes con el plazo legal para reglamentar y aplicar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, anunció un paro de 24 horas para este martes. Desde la organización fueron claros: “De no cumplirse la aplicación plena y efectiva de la citada ley, a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales se realizará un paro total de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo”. Además, anticiparon que junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) impulsarán acciones judiciales conjuntas para exigir su cumplimiento.
Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió una jornada nacional de protesta este martes 21 y miércoles 22 de octubre, que incluirá un paro de 24 horas y distintas acciones de visibilización en todo el país. En tanto, la CONADU Histórica ratificó un paro de 48 horas en las mismas fechas, con el mismo reclamo: la plena implementación de la ley de financiamiento universitario.
Desde el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU denunciaron que el Gobierno “niega las paritarias desde hace un año” y busca “debilitar la organización sindical del sector”. En ese encuentro participaron representantes de SIDIU, ADIUC, ADUNTREF, ADUNIPE, SIDIUNLaR, SIDIUNT y FEDUBA, entre otros gremios de base.
En un comunicado, la organización advirtió que “la situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos, que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente”. También señalaron la “alta probabilidad” de que el Gobierno suspenda la aplicación de la norma, “como ya hizo con la emergencia en discapacidad”.
El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, fue más contundente: “La falta de diálogo y la negativa a discutir paritarias desconocen los derechos laborales del sector”. Según explicó, el objetivo de las medidas es fortalecer la organización sindical y los planes de lucha para enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que impulsa el actual Gobierno.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante 2025, había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero ambas cámaras rechazaron el veto con más de dos tercios de los votos, lo que dejó la norma confirmada y vigente. El texto garantiza actualización salarial por paritarias, financiamiento de becas y sostenimiento presupuestario del sistema universitario y científico nacional.
Desde las federaciones remarcaron que la demora en la reglamentación no solo afecta los salarios, sino que también pone en riesgo la continuidad de programas de investigación, extensión y becas estudiantiles. Ante ese escenario, FATUN, el CIN y la FUA preparan acciones legales conjuntas para exigir la ejecución inmediata de la ley, interpretando que el incumplimiento constituye una violación directa a una norma vigente.
El conflicto vuelve a poner en el centro del debate la autonomía universitaria y el financiamiento público en un contexto de recortes presupuestarios y congelamiento salarial. Para los gremios, el ajuste oficial impacta de lleno en la calidad académica y en el funcionamiento de las universidades nacionales.
