La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro advirtió que el EPRE convocó a una audiencia “exprés” el mismo día en que sesiona la Legislatura. Acusan al poder político de intentar imponer un nuevo golpe al bolsillo en medio de sueldos deprimidos, caída del consumo y ajuste generalizado.
En una provincia golpeada por la baja del consumo, salarios que pierden frente a la inflación y una batería de ajustes impulsados por el gobierno nacional con acompañamiento del Ejecutivo rionegrino, ahora se suma un nuevo capítulo: un aumento del 64% en la tarifa eléctrica, con carácter retroactivo. Y, según denuncian desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), se intenta aprobar bajo una modalidad que poco tiene de transparente.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) convocó a una audiencia pública para el 27 de febrero, la misma fecha en que sesionará la Legislatura provincial. Para la FEERN, la coincidencia no es ingenua. “No es casualidad, es una emboscada”, sostienen en un comunicado acompañado de un video en redes sociales, donde alertan sobre la magnitud del incremento y la forma en que se pretende validar.
La entidad empresaria fue directa: “¿Sabías que nos quieren imponer un aumento del 64% retroactivo?”. El planteo no es menor. Retroactivo significa que el golpe no solo impactará hacia adelante, sino también sobre consumos ya realizados, en un contexto donde comercios y pymes vienen achicando márgenes, recortando horarios y absorbiendo costos para no trasladarlos a precios.
Desde la FEERN remarcaron que no están dispuestos a que “las pymes paguen los robos de energía ni la falta de inversión de la empresa con el esfuerzo propio”. La frase apunta al corazón de un problema estructural: ineficiencias, pérdidas técnicas y no técnicas, y déficits de infraestructura que, en lugar de resolverse con controles y exigencias a la concesionaria, terminan licuándose en la factura de usuarios residenciales y productivos.
El trasfondo es aún más delicado. Mientras el gobierno nacional avanza con la quita de subsidios, liberación de precios y reducción del gasto público, las provincias replican o acompañan esa lógica de ajuste. En Río Negro, el impacto se siente en cada actividad económica. El consumo interno se retrae, los sueldos formales e informales se deprecian en términos reales y la presión fiscal no cede. En ese escenario, un incremento del 64% en la energía —insumo básico para cualquier actividad— no es un dato técnico: es una decisión política.
La elección de la fecha para la audiencia agrega sospechas. Con la Legislatura en sesión y la agenda pública concentrada en el debate parlamentario, la discusión tarifaria corre el riesgo de diluirse. La audiencia pública, que debería ser una instancia de participación y control ciudadano, aparece así reducida a un trámite administrativo con baja visibilidad.
La FEERN convocó a empresarios y usuarios a inscribirse y participar antes del 24 de febrero a las 10:00, a través del sitio oficial del EPRE (www.eprern.gov.ar), bajo la consigna: “No dejes que decidan por vos en la oscuridad”.
La frase no es solo un eslogan. En una provincia donde la electricidad es servicio esencial y motor productivo, decidir un tarifazo de esta magnitud sin debate amplio ni información clara erosiona la ya frágil confianza social. Cuando el poder político combina ajuste, sincronización estratégica de agendas y aumentos retroactivos, el mensaje que recibe la ciudadanía es inequívoco: el costo siempre cae del mismo lado.
Y ese lado, una vez más, es el de quienes producen, trabajan y consumen en una economía que ya no resiste más sacudones.
