El vuelco de un camión en Catriel vuelve a poner en evidencia la criminal ausencia de políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional. Mientras se cobran impuestos específicos en los combustibles para el mantenimiento de las rutas, los fondos parecen evaporarse, transgrediendo el juramento de respetar las leyes y condenando a miles de argentinos a transitar por caminos de muerte.
Un nuevo siniestro volvió a teñir de gravedad la Ruta Nacional 151 este jueves por la tarde, confirmando que el abandono estatal no es una casualidad, sino una política de hecho. El vuelco de un camión en jurisdicción de Catriel no es un hecho aislado; es la crónica de una tragedia anunciada que solo engrosará las frías estadísticas oficiales sin que, por ahora, el Gobierno Nacional se digne a corregir el origen del problema.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, a la altura del kilómetro 113, en la zona de Medanito, según reportó el medio local “Radio Mibri”. Un camión de la transporte Muzio, que cargaba arena con destino a las operaciones de Vaca Muerta en Añelo, terminó volcado sobre la banquina tras un desesperado intento de su conductor por esquivar la trampa mortal en la que se ha convertido la calzada.
El protagonista, un joven de 25 años oriundo de San Juan, relató con impotencia la realidad que el Gobierno se niega a ver: “Vi que hay un pozo muy grande y como venía otro camión de frente tuve que esquivarlo hacia la derecha. La banquina está muy descalzada y con barro y el camión se me fue. Está explotada esta ruta”, denunció al medio local Catriel 25 Noticias.
El vehículo perdió estabilidad y volcó, obligando a interrumpir la circulación en este corredor estratégico durante aproximadamente una hora. El joven fue asistido en principio por Bomberos Voluntarios de Catriel y luego trasladado al hospital local. Al operativo concurrieron además la Policía Caminera del puente dique, Protección Civil, Tránsito municipal y una ambulancia. Afortunadamente, no se reportaron lesiones de gravedad, pero la suerte no siempre acompaña en este asfalto roto.
La sordera del Gobierno y el misterio de los fondos viales
La “sordera” selectiva de las autoridades nacionales frente al estado deplorable de las rutas no hace más que evidenciar una ausencia total de políticas de seguridad vial. Pero hay un aspecto que trasciende la incompetencia y roza la ilegalidad: el desvío de recursos.
Vale recordar que el Gobierno Nacional cobra un impuesto específico que está incluido en el precio de los combustibles. Por ley, esos recursos tienen un destino inamovible: el mantenimiento de la red vial nacional. Sin embargo, la Ruta 151 —arteria vital que une el Alto Valle con Vaca Muerta y soporta un tránsito pesado e incesante— se desmorona bajo el peso de los camiones y la indiferencia de Buenos Aires.
Que estos recursos no se estén utilizando en la obra pública correspondiente denuncia en silencio una realidad ineludible: se están malversando fondos públicos. Al asumir sus cargos, los funcionarios juraron respetar y hacer respetar las normas. Hoy, transgreden esas leyes de asignación presupuestaria y, por acción u omisión, ponen en riesgo la vida de miles de personas que transitan a diario por las vías nacionales.
El Municipio solo ante el peligro
Ante la pasividad y el desvío de fondos del Gobierno Nacional, la Municipalidad de Catriel se ve obligada a asumir responsabilidades que no le corresponden. El municipio ya ha realizado múltiples operativos de bacheo utilizando fondos propios, en un esfuerzo heroico y desesperado por contener una emergencia que requiere una obra integral. El reclamo local por una intervención nacional en el corredor cae en saco roto, chocado contra el muro de la indiferencia oficial.
El vuelco de este jueves en Medanito es un síntoma de una enfermedad terminal de la gestión pública nacional. Mientras los fondos recaudados a los automovilistas en cada litro de combustible se pierden en los laberintos de una administración que ha roto su juramento, los pozos, las banquinas descalzadas y el barro siguen cobrando su precio.
Hasta que no se audite el destino de los fondos viales y se asuma el deber constitucional de proteger la vida de los ciudadanos, las rutas argentinas seguirán siendo un negocio para algunos y un cementerio para el resto.
