Con una convocatoria exprés y en abierta tensión con la justicia y la comunidad educativa, el Consejo Superior sesionará este lunes para definir autoridades. Denuncias de manipulación electoral, concursos a medida y presión en las calles configuran un escenario crítico que exige definiciones políticas urgentes.
El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se encamina a una jornada decisiva marcada más por la controversia que por la institucionalidad. Con menos de 48 horas de anticipación, su conducción convocó a la primera sesión del Consejo Superior para este lunes 30 a las 8 de la mañana, con un único objetivo: elegir rector. La premura no es el único dato inquietante: la convocatoria avanza ignorando tres medidas cautelares presentadas ante la justicia federal por el SITRAIUPA, el ADIUPA y el Centro de Estudiantes La Gloriosa.
La escena promete ser explosiva. Media hora antes de la sesión, a las 7:30, está prevista una movilización en la puerta del instituto. La coincidencia horaria no parece casual sino, más bien, una señal del clima de confrontación que atraviesa a la institución.
El trasfondo del conflicto se remonta a las elecciones del 15 y 16 de marzo, donde la oposición obtuvo una victoria contundente: 878 votos contra 334 del oficialismo, una diferencia cercana al tres a uno. Sin embargo, el resultado en el reparto de bancas arrojó un empate 8 a 8. ¿La razón? Una modificación del padrón impulsada por la propia gestión, que incorporó a docentes y estudiantes de la Escuela de Arte Popular, en una decisión cuestionada por presuntamente contradecir la Ley de Educación Superior.
Los números, lejos de disipar dudas, las profundizan. Con el padrón universitario auditado, la agrupación oficialista apenas alcanza 67 votos estudiantiles, frente a los 338 de La 17 y 158 de UNSESA. La sospecha es directa: no se trató de sumar votos, sino de inflar el padrón para alterar el piso mínimo requerido y dejar fuera de juego a sectores opositores.
Como si el tablero no estuviera ya suficientemente inclinado, a solo tres días de los comicios se realizó un concurso en la sede de Jacobacci con difusión mínima. Los únicos postulantes fueron el rector en funciones, su pareja y su jefa de campaña, quienes accedieron a cargos de máxima jerarquía. Un movimiento que, en cualquier manual de ética pública, difícilmente pase inadvertido.
En este contexto, las cautelares judiciales, la sesión oficialista y la movilización confluyen en un mismo punto, tanto geográfico como político. La tensión es máxima y el desenlace, incierto.
La gravedad del cuadro ha motivado la intervención de actores sindicales de peso. La CGT Regional Alto Valle y la CTA Río Negro Autónoma ya confirmaron su presencia, acompañando a trabajadores, docentes y estudiantes en defensa —según sostienen— del respeto a la voluntad expresada en las urnas. No es un antecedente menor: ambas centrales ya habían movilizado en diciembre de 2025 para garantizar la realización de las elecciones.
En paralelo, la mirada se posa sobre el poder político provincial. El gobernador Alberto Weretilneck regresó en las últimas horas de Estados Unidos, y en su entorno se especula con una posible intervención antes de que el conflicto escale sin control. No es un actor más: el IUPA depende íntegramente de fondos provinciales y su supervisión recae en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
El reloj corre. Si no hay una decisión política que ordene el escenario, el conflicto parece encaminado a resolverse en el peor de los terrenos: la calle y los tribunales. Y todo, a un año de un calendario electoral que ya empieza a proyectar sus sombras sobre cada movimiento.
