Un extenso artículo del periodista e investigador Walter Onorato advierte sobre los riesgos políticos, sociales y tecnológicos del sistema presentado por la administración de Javier Milei. El informe sostiene que la iniciativa podría consolidar una estructura de vigilancia estatal y privatización de datos sensibles bajo el discurso de la modernización.
El periodista Walter Onorato, profesor de Historia y Economía Política y diplomado en Construcción de Ciudadanía, publicó en el portal En Orsai una investigación titulada “La Argentina de Cristal: Arquitectura del Control Algorítmico y el Exterminio de lo Social”, donde desarrolla una dura crítica al denominado “Gemelo Digital Social”, una herramienta tecnológica presentada por el Gobierno nacional como un sistema de inteligencia artificial destinado a mejorar la administración pública y anticipar escenarios sociales.
El trabajo plantea que detrás del discurso oficial de eficiencia y modernización se esconde una estructura de vigilancia masiva basada en la recopilación y centralización de datos personales de millones de ciudadanos. Según el análisis de Onorato, el proyecto se inscribe dentro de lo que define como una nueva forma de “tecnofascismo”, donde el control digital, la automatización y el monitoreo permanente reemplazan las formas tradicionales de disciplinamiento político y social.
Un “panóptico digital” sobre la población
De acuerdo con el artículo, el “Gemelo Digital Social” apunta a construir una réplica virtual de cada ciudadano mediante el cruce de datos económicos, sanitarios, laborales, financieros y sociales provenientes de organismos estatales y eventualmente también del sector privado.
La investigación sostiene que el sistema permitiría elaborar perfiles predictivos sobre comportamientos sociales, detectar focos de conflictividad y monitorear sectores considerados “de riesgo”. En ese marco, Onorato advierte que la iniciativa excede ampliamente la informatización administrativa y se acerca a un modelo de vigilancia algorítmica permanente.
“El Estado ha dejado de ser un garante de derechos para convertirse en un sensor constante”, afirma el texto, que compara el esquema con un “panóptico digital” capaz de observar y clasificar la vida cotidiana de la población.
La investigación remarca que uno de los aspectos más controvertidos es la falta de información oficial sobre el funcionamiento real del sistema: qué datos se utilizarán, quién administrará la infraestructura tecnológica, cuáles serán los límites legales del procesamiento de información y qué mecanismos de control democrático existirán.
Preocupación por privacidad, perfilado social y soberanía tecnológica
El informe señala que especialistas en derechos digitales y privacidad ya expresaron preocupación por posibles prácticas de perfilado social, automatización de decisiones estatales y vigilancia preventiva.
Además, se menciona el nombre de Palantir Technologies, empresa estadounidense vinculada al análisis masivo de datos y fundada por el magnate Peter Thiel, una figura asociada al desarrollo de sistemas globales de seguridad y monitoreo digital. Según Onorato, el eventual vínculo entre el Gobierno argentino y corporaciones de este tipo implicaría una cesión de soberanía tecnológica y una creciente dependencia de empresas extranjeras especializadas en inteligencia artificial y control predictivo.
La investigación recuerda que Argentina registró durante 2025 más de 5.700 millones de intentos de ciberataques, y advierte que la concentración de información sensible en plataformas centralizadas incrementaría los riesgos de espionaje, filtraciones y vulneraciones de privacidad.
Para el autor, “la privacidad se convierte en una mercancía de lujo” en un modelo donde los datos personales pasan a ser un activo económico y político.
El contexto político y el concepto de “tecnofascismo”
Uno de los ejes centrales del trabajo es el concepto de “tecnofascismo”, definido como una forma contemporánea de autoritarismo basada en el control de datos y la vigilancia algorítmica.
Onorato sostiene que, a diferencia de los fascismos clásicos, este modelo no necesita recurrir necesariamente a mecanismos explícitos de prohibición o censura, sino que vacía gradualmente los derechos mediante la automatización, la precarización económica y el monitoreo permanente de la ciudadanía.
En ese esquema, el ciudadano deja de ser concebido como sujeto político para convertirse en un conjunto de datos administrables. La pobreza y el conflicto social, plantea el informe, son tratados como variables estadísticas que deben ser monitoreadas y contenidas.
El artículo vincula este proceso con distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas el ajuste fiscal, la reducción de subsidios, la reestructuración de organismos públicos y la política de seguridad.
Críticas al cierre de espacios institucionales y a la relación con la prensa
La investigación también cuestiona el vínculo del Gobierno con el periodismo y las instituciones democráticas. Onorato sostiene que el cierre de la histórica Sala de Prensa de Casa Rosada y las restricciones al acceso de periodistas acreditados forman parte de una lógica de opacidad estatal que convive con mayores niveles de vigilancia sobre la ciudadanía.
“Mientras se desmantela la mirada del periodismo sobre el gasto público, se potencia la mirada del algoritmo sobre la mesa de los argentinos”, señala el texto.
Desde esa perspectiva, el autor interpreta que el “Gemelo Digital Social” y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional forman parte de una misma estrategia política orientada a fortalecer el poder del Ejecutivo y reducir espacios de fiscalización democrática.
Ajuste económico y conflictividad social
El artículo conecta además el avance de las tecnologías de vigilancia con el contexto económico y social derivado de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, menciona la eliminación de subsidios energéticos, el deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y la precarización laboral como parte de un escenario que —según el análisis— requiere mayores mecanismos de control social para contener el malestar.
La investigación incorpora ejemplos concretos, como docentes universitarios obligados a buscar empleos adicionales para subsistir, el deterioro del sistema ferroviario, denuncias sobre operativos policiales en barrios populares y conflictos sindicales vinculados a la intervención de gremios y sanciones económicas a organizaciones obreras.
También cuestiona el desmantelamiento de organismos estatales como el INTA, el INTI y áreas de la Agencia Nacional de Discapacidad, así como la venta de activos públicos históricos.
Pedidos de informes y debate abierto
Según el artículo, distintos sectores parlamentarios y organizaciones civiles ya solicitaron informes oficiales para conocer el alcance real del “Gemelo Digital Social”, especialmente en relación con el consentimiento de los usuarios, la anonimización de datos y las garantías legales frente a eventuales abusos.
Hasta el momento, indica la investigación, no existen precisiones públicas suficientes sobre el diseño técnico definitivo del sistema, aunque el concepto ya comenzó a instalarse como una línea estratégica dentro de la administración nacional.
En el cierre de su trabajo, Onorato advierte que el debate sobre inteligencia artificial y administración pública no puede separarse de la discusión sobre derechos humanos, soberanía tecnológica y democracia.
“El control digital y la crueldad económica son las dos caras de una misma moneda”, concluye el artículo, que llama a defender tanto la privacidad como los derechos sociales frente al avance de modelos de vigilancia algorítmica.
