La Justicia le imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas en contexto de violencia de género. El acusado permanece detenido en Mendoza por otra causa y se le prohibió mantener contacto con la víctima.
En una audiencia virtual realizada en el Foro Penal, la Fiscalía formuló cargos contra un hombre acusado de amenazar con un arma blanca a una mujer y retenerla contra su voluntad dentro de una vivienda. El hecho fue encuadrado como privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, en contexto de violencia de género.
De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió durante la tarde del 4 de noviembre de 2025, cuando el imputado se presentó en la vivienda de su pareja en un estado de gran alteración. Según relató la fiscal del caso, el hombre comenzó a insultar a la mujer y a golpear la puerta y distintos objetos de la casa, aunque sin provocar daños materiales.
La situación se agravó cuando la víctima intentó calmarlo. En ese momento, el acusado la habría agredido físicamente, amenazándola con un arma blanca y reteniéndola dentro del domicilio contra su voluntad. La mujer logró escapar posteriormente y pedir ayuda a una vecina, lo que permitió la intervención policial. Al llegar al lugar, efectivos retiraron al hombre de la vivienda.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el hecho se produjo en un claro contexto de violencia de género, marcado por una relación desigual de poder y una situación sostenida de violencia psicológica y simbólica hacia la mujer.
Durante la audiencia, la Fiscalía informó además que el imputado permanece detenido en la provincia de Mendoza por otra causa penal, por lo que solicitó únicamente una medida cautelar de prohibición de contacto con la víctima.
La defensa oficial no cuestionó ni los hechos atribuidos ni la calificación legal, aunque pidió que se garantice el vínculo entre el acusado y la hija de la mujer, debido a la relación de crianza existente entre ambos.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y ordenó el impedimento de contacto con la mujer. No obstante, dispuso que se evalúen alternativas para mantener el contacto del imputado con la niña mientras avance la investigación.
