El sujeto agredió físicamente a la mujer y la mantuvo cautiva en la vivienda hasta que ella logró escapar. Al estar el imputado ya detenido en Mendoza por otra causa, el juez dispuso únicamente la prohibición de contacto con la víctima, aunque ordenó arbitrar medios para garantizar el vínculo con la niña.
En una audiencia virtual llevada a cabo en el Foro Penal, se formalizaron los cargos contra un hombre acusado de privar ilegítimamente de la libertad a su pareja, amenazándola con un arma blanca y sometiéndola a violencia física en un claro contexto de género.
Según lo relatado por la fiscal interviniente, los hechos ocurrieron en la tarde del 4 de noviembre de 2025. El imputado se presentó en el domicilio de su pareja en evidente estado de alteración, comenzando a insultarla y a golpear la puerta y diversos objetos del lugar, aunque sin llegar a dañarlos. Cuando la mujer intentó calmar la situación, el hombre la agredió físicamente, la amenazó con un arma blanca y la retuvo contra su voluntad en el interior de la vivienda. El cautiverio se extendió hasta que la víctima logró escapar y pedir auxilio a una vecina, momento en que arribó la policía al lugar y procedió al retiro del agresor.
Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, el accionar del hombre configura los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias” y “amenazas agravadas por el uso de arma blanca”, todo en un marcado contexto de género, siendo el imputado responsable a título de autor. La acusadora destacó que existía una relación de subordinación hacia la mujer, quien era sometida a violencia psicológica y simbólica, sostenida en el tiempo bajo una dinámica de poder desigual.
Durante la audiencia, la parte acusadora informó que el imputado se encuentra actualmente privado de su libertad en la provincia de Mendoza, debido a que está siendo investigado en otro legajo judicial. Por este motivo, solicitó al magistrado la aplicación de una medida cautelar de impedimento de contacto con la víctima.
Por su parte, el defensor oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal propuesta por la fiscalía. Sin embargo, solicitó que se garantice el contacto entre su cliente y la hija de la víctima, argumentando la relación de crianza que los une.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, hizo lugar al pedido de la fiscalía disponiendo la prohibición de contacto con la mujer, aunque estableció una salvedad fundamental: se deberá buscar alternativas viables que garanticen el contacto entre el imputado y la menor mientras dure el plazo de la investigación.
