El gobierno rionegrino adjudicó por casi 6,7 millones de dólares el alquiler de un helicóptero para incendios forestales, un monto superior al valor de mercado de la aeronave y muy por encima de contratos similares. Plazos exiguos, objeciones técnicas, impugnaciones formales y comparaciones desfavorables con otras provincias alimentan una polémica que ya amenaza con judicializarse.
El gobierno de Río Negro quedó envuelto en una nueva y grave polémica tras la contratación, vía licitación pública, del alquiler de un helicóptero para el combate de incendios forestales durante la temporada 2025–2026. El eje del escándalo no pasa únicamente por la presentación oficial de la aeronave como un medio “propio” —tal como lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck— sino, sobre todo, por el costo del contrato: casi 6,7 millones de dólares por un solo helicóptero, cuando una aeronave de esa envergadura ronda los 4 millones de dólares en el mercado, según reveló según reveló el periodista Luciano Barros a través del portal de información política Realpolitik.
La aeronave fue presentada el domingo 18 de enero en San Carlos de Bariloche como un supuesto hito histórico. “Hoy es un día histórico para la provincia de Río Negro y para el SPLIF. Por primera vez vamos a contar con un medio aéreo propio”, celebró Weretilneck. Sin embargo, el contrato no implica una compra sino un alquiler por una temporada, a un precio que especialistas, empresas del sector y comparaciones nacionales e internacionales consideran abiertamente desproporcionado.
El proceso se tramitó mediante la licitación pública 98/2025 (expediente 24608-SPLIF-25), impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo que conduce Carlos Banacloy. El llamado, publicado el 26 de noviembre y con apertura de sobres el 1 de diciembre, fue calificado como tardío para una región de alto riesgo de incendios y con plazos que rozan —o directamente vulneran— la normativa vigente.
Solo dos empresas se presentaron. Aero Guardian SA, finalmente adjudicataria, ofertó unos 6.720.000 dólares. Helicopters AR SA propuso un servicio equivalente por 4.827.900 dólares. La diferencia entre ambas ofertas roza los 2 millones de dólares, una brecha difícil de explicar desde cualquier criterio de eficiencia en el uso de fondos públicos.
Las comparaciones exponen aún más el desfasaje. Neuquén, por ejemplo, licitó con anticipación cuatro aeronaves —tres aviones y un helicóptero— para toda la temporada de incendios 2025–2026 por un total de 11,7 millones de dólares, con un mínimo de 300 horas de vuelo. El costo promedio por hora ronda los 14.166 dólares, contra los cerca de 35.000 dólares por hora que surge del contrato rionegrino por un solo helicóptero. La diferencia no es menor: es estructural y revela planificación en un caso y urgencia costosa en el otro.
A nivel internacional, los números son aún más elocuentes. En Estados Unidos, helicópteros con capacidades similares se alquilan entre 9.000 y 15.000 dólares por día. Aplicados esos valores a los 120 días y 300 horas máximas del pliego rionegrino, el costo total rondaría los 3 millones de dólares, menos de la mitad de lo que Río Negro pagará.
Pero el problema no se limita al precio. Helicopters AR SA presentó una impugnación administrativa formal cuestionando la legalidad del procedimiento. Denunció que los plazos efectivos de la licitación fueron inferiores al mínimo legal de cinco días hábiles, afectando los principios de igualdad, concurrencia y transparencia. Además, el pliego fue modificado sobre la marcha: la garantía de oferta pasó del 1 al 5 por ciento del monto total sin otorgar prórroga, quintuplicando de hecho la exigencia financiera y dificultando la participación.
Las objeciones técnicas también son severas. Según la documentación aportada, el helicóptero ofrecido por Aero Guardian —un Black Hawk UH-60A— no cumpliría con dos requisitos centrales del pliego. En cuanto a la descarga de agua, la capacidad real sería de unos 3.418 litros, un 15 por ciento menos de los 4.000 litros exigidos, una vez descontado el peso del helibalde y la línea larga. En transporte de brigadistas, el pliego exige 15 combatientes más tripulación, pero los manuales de vuelo indican una capacidad total de 15 personas, reduciendo el número real de brigadistas a 13.
La empresa impugnante sostiene que no existe en el expediente ningún informe técnico que justifique la aceptación de estas diferencias ni constancias de modificaciones aprobadas por la ANAC que habiliten sobrecargas o excepciones. A esto se suma otro punto crítico: la disponibilidad. El pliego fija un plazo de 96 horas desde la orden de compra para poner la aeronave en servicio, pero registros de seguimiento aéreo indicarían que el helicóptero no estaba en territorio argentino, lo que podría demorar semanas su llegada. En contraste, la empresa competidora afirmó contar con una aeronave ya operativa en Chile.
El trasfondo no es menor. La gestión de Weretilneck ya arrastra antecedentes polémicos en materia de aeronavegación estatal. En 2022, durante el gobierno de Arabela Carreras, la provincia compró un avión sanitario por 4,2 millones de dólares. Meses después, ya con Weretilneck en el poder, la aeronave fue vendida por apenas 2,6 millones, pagados en “especies”, es decir, en horas de vuelo.
Más allá del desenlace administrativo o judicial que pueda tener este caso, la contratación del helicóptero deja al descubierto interrogantes de fondo: la ausencia de planificación preventiva, el control del gasto público, la razonabilidad de los montos y la transparencia en contrataciones de alto impacto económico. En una provincia castigada año tras año por incendios forestales, el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo y para beneficio de quién.
