Una investigación revela que el consorcio ganador, vinculado a Filiberti y los hermanos Neuss, se queda con la empresa superavitaria por un precio vil, sorteando obstáculos judiciales y contables. El conflicto de intereses con Edenor y la sombra de la Hidrovía completan un cuadro de entreguismo.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) no es solo un negocio; es la radiografía de un método. Lo que el Gobierno de Javier Milei presenta como una “eficiente salida del Estado” de una empresa que en 2025 arrojó ganancias por $22.000 millones, se revela hoy como una operatoria rodeada de opacidad, irregularidades contables y un entramado de conflictos de intereses que beneficia a los círculos íntimos del poder.
Según publica Gladys Stagno en el portal “Canal Abierto”, detrás de la adjudicación del 90% de las acciones de la compañía de agua potable no hay un inversor internacional buscando rentabilidad, sino un grupo de amigos y socios estratégicos del oficialismo que se queda con un activo clave por un valor cuestionable y bajo una nube de denuncias judiciales.
Precio vil y atropello institucional
El primer escándalo es el número. El consorcio conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX se quedó con la empresa por US$ 340,2 millones. Si bien la cifra supera la oferta del Grupo Roggio, queda US$ 110 millones por debajo de lo que el propio Ministerio de Economía había calculado como valor razonable.
Para consumar el negocio, el Ejecutivo decidió hacer la vista gorda ante dos obstáculos mayores. Primero, la licitación se realizó sin precio base, una maniobra técnica que permitió validar la subvaluación. Segundo, y más grave, se avanzó desoyendo una medida cautelar confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata. A pedido del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, la justicia había advertido el “riesgo inminente” de deterioro en el servicio y la salud pública, ordenando frenar el proceso. El Gobierno, sin embargo, optó por la caja antes que por la tutela ambiental.
Los 30 millones que se evaporaron
Si el precio de venta es bajo, la contabilidad es directamente fantasmal. La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó un agujero negro en los balances: US$ 30 millones (unos $42.935 millones al tipo de cambio de la operación) que el Tesoro nacional adelantó para el proyecto de desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Ese dinero, financiado originalmente con un préstamo del Banco Mundial, no fue reembolsado ni registrado en los estados contables. En la práctica, esto implica que el Estado regaló activos por un valor que, de incluirse esas obras, elevaría la subvaluación a un escandaloso 66,57%.
Los dueños: El “Rey del Cloro”, los Neuss y la sombra de Caputo
Lo más turbio de la operación no está en los números, sino en los nombres. El grupo ganador es liderado por Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro” por su monopolio en la provisión del insumo para potabilizar agua desde 2009. Filiberti no solo conoce el negocio por dentro, sino que genera un conflicto de intereses mayúsculo: es socio en el control de Edenor. Dado que AySA es el mayor consumidor eléctrico del AMBA, el mismo grupo quedará sentado en ambos lados del mostrador, definiendo cuánto paga el agua por la luz que consume.
Pero Filiberti no está solo. Según revelaciones de La Política Online, detrás de la operación aparecen “camuflados” los hermanos Juan y Patricio Neuss, los empresarios favoritos del gobierno libertario.
La presencia de los Neuss no es casualidad. Ambos mantienen una amistad de infancia con el asesor presidencial Santiago Caputo y son financistas de la Fundación Faro. Su expansión ha sido meteórica y alineada con las prioridades del Ejecutivo: se quedaron con el 26,3% de Transener, con las concesiones de las represas de Alicurá, Cerros Colorados y Potrerillos, y ahora completan el círculo con el agua.
El círculo se cierra: De la Hidrovía a la canilla
La trama conecta con el otro gran negocio del poder: la Hidrovía. Los Neuss y Filiberti aparecen vinculados a Servimagnus, la empresa del grupo Román (vinculada a Walter Román, presidente de Rowing y donante de $40 millones a La Libertad Avanza en 2025) que, junto a la belga Jan de Nul, se quedó con el dragado del Paraná por 25 años.
El resultado es un holding que controla la energía, el agua, el dragado de las exportaciones y que, según datos del Ente Regulador (ERAS), planea facturar US$ 93 millones extra por año a los usuarios mediante cambios de zonificación. Como alertó el defensor del Pueblo adjunto Walter Martello: “En 4 años tendrán recursos que pagarán los usuarios equivalentes al valor de la empresa”.
Mientras los usuarios pagarán la cuenta, los amigos del poder se reparten los activos estratégicos de la nación, dejando atrás una empresa superavitaria, cautelares ignoradas y 30 millones de dólares que nadie sabe dónde están.
