Tras meses de “silencio administrativo”, la entidad bonaerense acusó al ministro de Salud de “deserción” y de provocar un “colapso inducido” del sistema. Lo cruzaron por sus dichos sobre los jubilados como “carga” y advirtieron que ya se analizan acciones judiciales.
La paciencia se agotó. Tras una sucesión de reclamos que chocaron contra la pared del “silencio administrativo”, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires estalló contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y lo acusó de orquestar un proceso de “vaciamiento, desfinanciamiento y abandono” sobre el sistema de salud dirigido a los adultos mayores. En un documento de durísimo tenor difundido en las últimas horas, el Consejo Superior de la entidad no solo denunció la “destrucción de la red prestacional” del PAMI, sino que calificó la actual conducción sanitaria como una muestra de “preocupante insensibilidad y deserción”.
La crisis de pagos y la asfixia económica de los prestadores llegó a un punto de no retorno. Según advirtieron los médicos, los aranceles congelados y los retrasos deliberados en el pago de cápitas y módulos quirúrgicos han generado un escenario surrealista: los valores actuales ni siquiera cubren el costo de los insumos descartables, medicamentos y materiales esenciales que los profesionales y clínicas deben poner de su bolsillo para atender a los afiliados.
Frente a esta asfixia, la táctica del Ministerio de Salud ha sido la fuga de responsabilidades. Mientras las cámaras de clínicas intentan reunirse a contrarreloj con figuras como Diego Santilli o Toto Caputo para evitar la quiebre de sus centros médicos, el Colegio de Médicos centralizó el dedo acusador sobre Lugones. Lo acusaron de buscar desviar “un problema sanitario que es estrictamente de su competencia” hacia otras áreas del Gobierno, lavándose las manos ante la emergencia.
Un “colapso inducido” y la violencia institucional
La consecuencia directa de esta política de tierra arrasada es lo que los médicos definen como un “colapso inducido”. Al interrumpirse los convenios con las clínicas por falta de pagos, los afiliados de PAMI están siendo derivados masivamente a los centros de salud provinciales y municipales. Estas instituciones, ya exigidas al límite, ven cómo sus guardias y salas de internación colapsan, “fragmentando la continuidad asistencial y poniendo en jaque a todo el sistema sanitario integrado”, alertaron desde la entidad.
Lejos de buscar una solución, desde el sector denunciaron que la exigencia de Lugones de mantener la continuidad de los servicios a pérdida “equivale a forzar el cese de la atención por goteo”. Es decir, una agonía programada para los centros de salud y una condena para los pacientes.
El cinismo de la “carga”
El punto de quiebre moral y político se dio a partir de las declaraciones de Lugones en la AmCham, donde el ministro sostuvo que los jubilados del PAMI mayores de 80 años son “una carga muy grande”. El Colegio de Médicos no dejó pasar la gravedad de esas palabras y las calificó como un acto de “violencia institucional y desamparo hacia el sector más vulnerable de nuestra sociedad”.
“La salud es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no una mercancía prescindible ni una ‘carga’ presupuestaria”, sentenciaron en su comunicado, recordando que negar prestaciones, diferir cirugías y cortar medicamentos a quienes “aportaron toda su vida” es una aberración ética y legal.
Amenaza judicial y ultimátum
La situación ya superó los límites de la protesta gremial. Fuentes del sector confirmaron que diversas entidades ya analizan la posibilidad de presentar acciones judiciales contra el ministro de Salud. Desde el Colegio bonaerense hablaron de un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sumando esta nueva denuncia a las anteriores sobre la “precariedad laboral”, el deterioro de los honorarios y la sobrecarga asistencial que sufren los profesionales.
Ante el escenario de destrucción del sistema, la entidad exigió la convocatoria “urgente e indelegable” a una mesa de diálogo resolutiva entre el Ministerio, el PAMI y las prestadoras. Las condiciones para sentarse a negociar son claras: adecuación inmediata de cápitas y aranceles a la estructura real de costos, garantía de honorarios dignos y la cancelación inmediata de la deuda acumulada.
De lo contrario, advierten, la “deserción” del ministro no solo habrá destruido la red de PAMI, sino que habrá dejado a miles de adultos mayores a la intemperie de un sistema que, por decisión política, se niega a ampararlos.
