Su conducción cree que la marcha del jueves causó la postergación del debate en el Senado. Y plantea nuevas negociaciones con el gobierno a pesar de su rechazo “a todos los puntos” del proyecto.
(Por Alfonso de Villalobos para Tiempo Argentino).- La CGT comenzó un plan de lucha contra el proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo al Senado. La iniciativa oficial agarró a la conducción con la guardia baja.
Su expectativa de lograr que el gobierno dejara de lado algunos aspectos centrales del proyecto naufragó a días de su presentación y obligó a su representante en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, a ausentarse del organismo en su última reunión.
Sin cambios
El oficialismo cedió apenas en un punto menor (los aportes solidarios acordados entre sindicatos y cámaras ya no estarán prohibidos) pero sostuvo el núcleo del ataque contra el poderío de los sindicatos al mantener la suspensión de la ultraactividad de los convenios colectivos y modificar el orden de prelación de estos en favor de aquellos que se suscriban por empresa o región. Además, el proyecto final incorporó un artículo que golpea de manera directa a las cajas de los sindicatos al eliminar la obligatoriedad de las empresas de actuar como agentes de retención de los aportes sindicales de los afiliados.
Esos puntos se suman a la regimentación de la actividad sindical y el derecho a huelga y una asonada contra derechos laborales fundamentales como la jornada laboral, las vacaciones y las indemnizaciones.
El costo de sostener hasta el final la estrategia del diálogo podría haber sido muy alto para la CGT y, en general, para los trabajadores. Es que la intención del gobierno, hasta las 16 horas cuando concluía el acto en la Plaza de Mayo, era lograr un dictamen en las comisiones del Senado y tratar el proyecto el 26 de diciembre.
Por eso los debutantes secretarios generales de la central obrera se vieron obligados a lanzar una advertencia al gobierno frente a una Plaza de Mayo colmada: “Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escuchar y terminaremos en un paro nacional en todo el país”, dijo Jorge Sola. Ya Octavio Argüello, su compañero en el triunvirato, había adelantado bajo la forma de una opinión personal que “estoy convencido que si no nos escuchan vamos a terminar en un paro nacional”.
La envergadura de la movilización convocada por la CGT fue suficiente para colmar la plaza, pero resultó deshilachada en relación a otras convocatorias de la central obrera y marcadamente más chica que las marchas masivas que tuvo que soportar este gobierno, como en ocasión de la lucha de las universidades o la respuesta del colectivo LGTBI+ a la agresión recibida de parte del presidente Javier Milei en su discurso en Davos.
Con todo, se puso de manifiesto una voluntad de los trabajadores a salir a la calle a enfrentar el proyecto de reforma laboral. Las columnas de los principales sindicatos de la CGT lucieron sólidas y las dos CTA aportaron lo propio al igual que las organizaciones sociales y piqueteras y una ruidosa columna de los sindicatos combativos que reclamaron un “paro activo y un plan de lucha”.
Cambio de planes
La noticia que se conoció ya despejada la Plaza de Mayo, sobre la postergación del tratamiento al 10 de febrero, abrió el debate sobre los motivos. De un lado las dificultades del gobierno por hilvanar un bloque sólido con el PRO y, del otro, el impacto de la propia movilización y las advertencias de la CGT.
Minutos después, uno de los principales dirigentes de la CGT, su secretario Adjunto, Andrés Rodríguez, en declaraciones radiales se atribuyó el traspié oficial: “Ya vimos un primer resultado de la movilización, tuvieron que postergarlo a febrero. Fue una de las tácticas que habíamos discutido. Es una victoria de la CGT. No solo de la movilización, también operamos entre los legisladores”. El dirigente criticó la propuesta oficial porque “genera un ataque a la estructura de los sindicatos y a nivel de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores”. A la vez consideró que el período abre la posibilidad de encarar una nueva negociación: “Lo lógico hubiese sido lo que propone la OIT, que es que el debate laboral tiene que ser tripartito. El Consejo de Mayo fue una burla. La CGT tiene vocación de diálogo. Hasta podemos discutir algunos aspectos contenidos en la reforma y, tal vez, aceptar alguna cosa”.
A la vez, el exsecretario General y hoy secretario de Interior, Héctor Daer, señaló que la CGT, ahora, analizará “día a día los pasos a seguir” y que “el paro será la consecuencia y la circunstancia del desarrollo de cómo se den las cosas”.
Es que una vez lanzado un paro, aunque sin fecha, ahora los dirigentes deberán navegar entre esa estrategia y, a pesar de haber dicho una y otra vez que rechazan “todos los puntos” del proyecto, evaluar si se abre una instancia para, al menos, morigerar aspectos del texto.
Debate
El nuevo escenario ya abrió el debate sobre la táctica más adecuada para atravesar el período. Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma, señaló a Tiempo que “el dato más importante fue la masividad y la contundencia en todo el territorio nacional. Mostraron las debilidades de este gobierno que creía que lo tenía todo resuelto en el Congreso y que quiso imponer un tratamiento exprés. No pudo ser”. Para Godoy “nos pone en mejores condiciones para discutir en febrero y nos da más tiempo para organizar medidas tan contundentes y potentes como la del jueves”. Consultado si la postergación desinfla la posibilidad de ir a un paro nacional opinó que “en el caso de la CTA, la ventana no pincha un posible paro, al contrario».
Daniel Yofra, del combativo sindicato Aceitero, opinó que “seguramente se postergó porque no deben haber sobornado lo suficiente a determinados senadores”, a la vez adelantó que “gremialmente hay que estar preparado para febrero. No creo que tengan intenciones de cambiar absolutamente nada”. Sin embargo, se mostró escéptico sobre una posible medida de lucha sindical de orden general. “Es casi imposible que la conducción de la CGT cumpla con el paro. Si no, lo hubiesen hecho el jueves (pasado). Sería ideal, pero no creo que lo hagan antes de que de que llegue alguna fecha límite”.
La cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT y dirigente en ascenso dentro de la central obrera, Maia Volcovinsky, opinó que “por delante tenemos una ventana temporal que nos da la posibilidad de generar una mayor conciencia sobre los efectos que puede traer esto en el mundo del trabajo. La tarea es aprovechar este tiempo para generar más rechazo organizado a esta reforma que propone el gobierno. Nos da la posibilidad de morigerar sus efectos en todos los planos”. Volcovinsky señaló que, a la vez, “obviamente que están a disposición todas las herramientas que tenemos. Pero no me va a contentar si no resulta en el efecto que esperamos. La medida es un hecho concreto, pero lo importante es lo que generemos con lo que aglutinemos alrededor”.
Desde el sindicalismo clasista, el titular del gremio del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo, opinó que “la movilización tiene un carácter positivo. Pero la herramienta correcta para cerrar una situación de estas características va más allá. Es un plan de lucha que incluye paros generales activos que, a su vez, necesita pasos previos. Todos los compañeros dirigentes, delegados y activistas, incluso de diferentes ideologías, dicen que hay que pelear contra esto. Se debe organizar a los trabajadores para luchar y eso implica realizar esfuerzos reales para la construcción de la relación de fuerza necesaria”.
Queda un mes y medio por delante, en cuyo transcurso, otra vez, se pondrán en tensión la estrategia del diálogo y la de la confrontación.
El horizonte del 10F
Las dificultades del gobierno por hilvanar un bloque sólido con el PRO y la creciente presencia callejera pusieron en crisis la estrategia del gobierno para lograr una reforma laboral «exprés». Se abre ahora un período de 50 días durante los cuales la CGT insistirá con su intención de retirar puntos que buscan debilitar la estructura sindical.
