La intendenta Daniela Salzotto confirmó que el acusado fue separado preventivamente, se puso en marcha la Junta de Disciplina y ya interviene la Justicia penal; la víctima recibe contención y licencia.
La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, brindó este mediodía una conferencia de prensa para fijar la posición oficial del municipio ante una denuncia por abuso presentada por una trabajadora contra otro empleado de la misma categoría. El hecho, que ya fue judicializado, derivó en la inmediata separación preventiva del acusado y en la activación de la Junta de Calificación y Disciplina, que analiza posibles sanciones administrativas en paralelo a la investigación penal.
Salzotto evitó brindar detalles que pudieran identificar a las partes, con el objetivo de resguardar a la víctima y evitar su revictimización, pero remarcó que desde el inicio de su gestión existe una decisión política de no tolerar conductas violentas o abusivas dentro del ámbito municipal. “No se le va a permitir a ningún trabajador o trabajadora, sea del rango que sea, que incurra en prácticas que expongan o violenten a otros”, sostuvo.
Según explicó, el caso se conoció el viernes, cuando la víctima fue escuchada y contenida por el Ejecutivo, con intervención del dispositivo municipal CAMBIA, que brinda asistencia las 24 horas. También se la acompañó a radicar la denuncia penal. En paralelo, se dispuso el apartamiento inmediato del trabajador señalado, mientras que la mujer cuenta con una licencia de contención otorgada por profesionales, sin perder su vínculo laboral.
El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, en el marco de un operativo vinculado a cambios en la circulación de la avenida Mosconi, donde tres trabajadores —dos de ellos involucrados en la denuncia— compartían turno. Un tercer empleado habría aportado indicios como testigo. De acuerdo a lo informado, el acusado no negó el hecho, aunque lo habría minimizado al señalar que se trató de “un juego”.
La intendenta confirmó que la Junta de Disciplina se encuentra reunida con participación de representantes gremiales, del Ejecutivo, del área legal —encabezada por la asesora Laura Morales—, del Juzgado de Faltas y del Concejo Deliberante. Ese ámbito determinará las medidas administrativas correspondientes, que podrían incluir sanciones o incluso el despido, dependiendo de la situación laboral del agente.
En simultáneo, la causa avanza en la Justicia penal, en un carril independiente. “Hay dos instancias: la interna de la administración pública y la judicial, que evaluará la gravedad del delito y eventuales penas”, explicó Salzotto.
Durante la conferencia, la jefa comunal también advirtió sobre la difusión irresponsable de información en redes sociales y algunos medios, que —según indicó— derivó en acusaciones erróneas contra otro trabajador ajeno al caso, quien incluso debió radicar una denuncia. “Seamos cuidadosos: hablamos de personas, de familias. Las acusaciones infundadas generan daño”, enfatizó.
Salzotto señaló además que existían antecedentes de situaciones similares que, años atrás, habrían sido minimizadas, y vinculó esa falta de control con la “naturalización” de prácticas de violencia y abuso. En ese sentido, insistió en la necesidad de establecer límites claros y políticas sostenidas: “No quiero que, por no tomar medidas, después lamentemos femicidios o abusos agravados”.
Finalmente, destacó que el municipio cuenta con herramientas de acompañamiento tanto para víctimas como para agresores, incluyendo programas de tratamiento y grupos de masculinidades dentro del dispositivo CAMBIA, y remarcó que se están implementando controles internos como tests de alcoholemia y doping de manera aleatoria. “Tenemos que construir una comunidad más sana, con respeto por el otro. Y eso implica actuar con firmeza”, concluyó.
