Un informe técnico expone que el programa provincial cobra hasta un 64% por encima del valor real de unidades sin equipamiento básico, mientras exige a las familias un esfuerzo económico que puede superar el 50% de sus ingresos
El gobierno de Río Negro vuelve a quedar en el centro de las críticas, en medio de una gestión cada vez más cuestionada por la tensión permanente con los gremios —que denuncian salarios de hambre— y por una serie de episodios de alto voltaje político que rozan la opacidad administrativa. Las denuncias de la legisladora Magdalena Odarda, que incluyen desde el llamado “búnker de Lewis” hasta permisos mineros otorgados a escondidas, ya habían encendido alarmas. Ahora, un análisis técnico sobre el programa habitacional “Camino a Casa” agrega un nuevo capítulo a lo que empieza a perfilarse como uno de los momentos más oscuros de Juntos Somos Río Negro al frente de la provincia.
El dato que dispara la polémica es el precio: cada vivienda de 36 metros cuadrados fue fijada en $82.576.995, es decir, unos $2.294.916 por metro cuadrado. En apariencia, la cifra no se aleja del costo de construcción regional, que ronda los $2,1 millones por m². Pero esa comparación se desmorona cuando se observa qué es lo que realmente entrega el Estado.
Según reveló el periodista Gonzalo Santos en el programa “Luber” de FM De La Costa, las unidades adjudicadas son prototipos “evolutivos”: monoambientes sin equipamiento esencial —sin calefacción, cocina ni termotanque— que requieren ampliaciones posteriores para alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad. A esto se suma un dato clave: tanto el terreno como la infraestructura de servicios fueron financiados previamente por los propios adjudicatarios.
En ese marco, el valor técnico de estas unidades debería ubicarse entre $1,4 y $1,7 millones por metro cuadrado. Traducido: el precio fijado por el Estado se ubica entre un 35% y un 64% por encima del costo real del producto entregado.
“El Estado no está entregando una vivienda terminada; está financiando una base constructiva mínima, pero la está cobrando como si el problema habitacional ya estuviera resuelto”, sintetizó Santos, poniendo en palabras lo que el análisis expone con crudeza.
Pero el problema no termina en el precio. El esquema de financiamiento también revela una brecha difícil de justificar. El contrato establece que la cuota no debe superar el 20% del ingreso familiar. Sin embargo, tomando como referencia un salario estatal promedio de $1.300.000 —según el Índice Integral de Sustentabilidad Salarial (IISS)—, ese porcentaje equivaldría a $260.000 mensuales.
La realidad, otra vez, desmiente el diseño: el cálculo financiero arroja cuotas cercanas a los $350.000, superando claramente la capacidad de pago de un ingreso estatal promedio.
Aún más crítico es el escenario real de acceso. Dado que las viviendas no son inmediatamente habitables para una familia tipo, muchas personas deben sostener simultáneamente la cuota, un alquiler —que ronda los $400.000— y los costos de ampliación. El resultado es un esfuerzo mensual que puede trepar a $1.050.000, es decir, entre el 40% y el 50% del ingreso de un hogar con dos salarios.
“El contrato dice 20%. La realidad construye otra cosa: entre el 35% y el 50% del ingreso familiar. No es un problema de precio, es un problema de diseño”, remarcó Santos.
El diagnóstico final es contundente: el programa “Camino a Casa” no resuelve el déficit habitacional, sino que lo redefine bajo una lógica en la que el Estado financia una solución incompleta, mientras transfiere a las familias el costo real de hacerla habitable, pero manteniendo exigencias financieras propias de una vivienda terminada.
En un contexto de salarios deteriorados, conflictividad creciente y cuestionamientos institucionales, el modelo no solo evidencia inconsistencias técnicas, sino que expone una decisión política: la de sostener un esquema que, lejos de garantizar el acceso a la vivienda, termina empujando a los adjudicatarios a un callejón económico sin salida.
