La resolución de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que suspendió por 30 días el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, no sólo representa un triunfo de los productores patagónicos: expone también la ligereza con que el Gobierno nacional, a través del Senasa, avanzó en una medida de alto impacto sin calcular sus consecuencias.
El amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego dejó en claro que lo que está en juego no es un tecnicismo burocrático, sino un activo estratégico construido durante décadas: el estatus sanitario diferencial de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Un sello que costó inversiones público-privadas, sacrificios económicos y estrictos protocolos de bioseguridad, y que hoy está en riesgo por una decisión inconsulta y apresurada.
El Senasa, en su defensa, apeló a palabras grandilocuentes como “modernización” y “competitividad internacional”. Pero detrás del discurso se escondió la verdadera cara de la política económica actual: improvisación, desconocimiento de las particularidades regionales y una peligrosa tendencia a subestimar el riesgo sanitario a cambio de una apertura apresurada de mercados.
La magistrada, al fallar, no sólo desoyó el dictamen de la fiscalía —que pretendía declarar inadmisible el amparo—, sino que se alineó con la realidad palpable que el Gobierno había decidido ignorar: la decisión del SAG chileno de suspender las importaciones desde Argentina, un golpe directo que demuestra que las consecuencias ya son concretas y no meras especulaciones de “productores alarmistas”, como pretendían instalar algunos funcionarios.
Más grave aún es la liviandad con que desde la Casa Rosada se minimizaron las dificultades logísticas de los ganaderos fueguinos, que deben trasladar su hacienda cientos de kilómetros, atravesar territorio chileno y someterse a controles externos. La apertura de la barrera sanitaria, lejos de “equiparar estándares regionales”, los expone a perder mercados y a desvalorizar un diferencial que es patrimonio colectivo.
El fallo de Borruto desnuda así la contradicción central del Gobierno: mientras se llena la boca hablando de competitividad y exportaciones, toma medidas que pueden desmantelar uno de los pocos consensos construidos durante décadas entre Estado, productores y organismos internacionales. La Patagonia fue ejemplo de cómo sostener un diferencial de calidad y seguridad alimentaria; ahora se la usa como laboratorio de un experimento improvisado.
Y aquí aparece el núcleo del problema: el Gobierno utiliza al Senasa como herramienta de propaganda política, vendiendo titulares de modernización y apertura internacional, mientras deja que las provincias carguen con todo el costo político, económico y sanitario. Los productores patagónicos pagan el precio de la improvisación centralista; los consumidores corren riesgos; y, al final, la Nación se lava las manos frente a las consecuencias. En este juego, las provincias quedan expuestas, obligadas a defender activos estratégicos que deberían ser patrimonio nacional, y la gestión central se asegura de aparecer como innovadora mientras otros sufren el costo real de sus decisiones.
