El legislador Luciano Delgado Sempé respaldó la iniciativa por su aporte a las energías renovables, pero advirtió que el negocio millonario no dejaría beneficios económicos directos para la provincia ni para las comunidades locales.
El legislador rionegrino Luciano Delgado Sempé cuestionó con dureza el proyecto del Parque Eólico Cerro Policía al advertir que, pese a tratarse de un emprendimiento energético de gran escala, no contempla regalías para Río Negro. Si bien confirmó que acompañó la iniciativa durante dos años y participó de la audiencia pública, remarcó que resulta “llamativo” que un negocio que proyecta ingresos superiores a los 100 millones de dólares anuales no deje recursos económicos en la provincia.
“Apoyé el proyecto porque necesitamos avanzar hacia energías renovables y generar trabajo, aunque sea por 24 meses. Pero también dije lo que muchos callan: no puede ser que en un negocio de más de 100 millones de dólares al año, a Río Negro no le quede nada”, sostuvo el legislador, quien puso el foco en la falta de regalías por la explotación del recurso eólico.
En ese sentido, Delgado Sempé reclamó condiciones concretas para garantizar un impacto real en la región. Entre sus principales exigencias, destacó el cumplimiento de la ley 80/20 para priorizar la mano de obra local de Cerro Policía y evitar que los beneficios económicos se concentren en otras ciudades mientras la zona de origen queda relegada.
Además, propuso una serie de medidas complementarias orientadas al desarrollo regional, como la construcción de un acueducto entre el Embalse Ramos Mexía, Cerro Policía y El Cuy; la implementación de un bono anual de fortalecimiento comunitario para la Comisión de Fomento; asistencia con forraje para crianceros del Departamento El Cuy; y la extensión del tendido eléctrico hacia Cerro Policía, El Cuy, Aguada Guzmán y Naupa Huen.
El Parque Eólico Cerro Policía, impulsado por la empresa Fortescue en la Meseta de Rentería, contempla la instalación de 46 aerogeneradores y busca integrarse al Sistema Argentino de Interconexión para diversificar la matriz energética nacional. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de audiencia pública, instancia clave para obtener la licencia social.
Según los estudios de impacto ambiental actualizados en 2026, la iniciativa tendría una intervención limitada sobre el suelo y la vegetación, además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, también se advierten posibles efectos negativos, como la mortalidad de aves y murciélagos por colisiones, la alteración del paisaje, el impacto visual y sonoro en comunidades cercanas, y las dificultades para reciclar las aspas de fibra de vidrio al final de su vida útil.
En este contexto, la postura del legislador expone una tensión central: el impulso a las energías limpias frente a la necesidad de garantizar que los beneficios económicos alcancen efectivamente a las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
