A través de un documento público, efectivos policiales cuestionaron duramente al gobierno provincial por decisiones salariales “arbitrarias e injustas”, denunciaron la pérdida del 85% del poder adquisitivo y exigieron que el sueldo de un agente alcance un ingreso de bolsillo de $1.800.000, además de mejoras laborales, provisión de equipamiento y una mesa de diálogo permanente.
Un grupo de policías de Río Negro difundió un extenso documento en el que reclama al gobierno provincial la adopción de medidas “ajustadas a derecho” frente a lo que consideran decisiones salariales arbitrarias e injustas que, aseguran, violan la legislación vigente y han provocado un profundo deterioro en las condiciones económicas y laborales del personal policial.
Entre los principales puntos del reclamo se encuentra el estricto cumplimiento de las leyes 679 y 2432, que regulan el sistema salarial del personal policial activo y retirado. Según denuncian, el gobierno provincial ha tomado decisiones en materia de sueldos sin respetar esas normas, lo que derivó —afirman— en una pérdida del poder adquisitivo que estiman en torno al 85%.
Los efectivos sostienen que toda medida salarial debe basarse en una ley de carácter permanente y aseguran que el actual gobernador “violó sistemáticamente” ese principio. En ese contexto, reclaman una recomposición que permita sostener el poder adquisitivo del salario y una remuneración justa por el trabajo policial, destacando que su actividad implica riesgo permanente y exposición a situaciones críticas.
En ese sentido, también solicitan revisar el porcentaje por antigüedad, señalando que otros empleados públicos perciben incrementos del 5% sin afrontar los riesgos inherentes a la tarea policial.
Otro de los cuestionamientos apunta a la composición del salario, que —según el documento— fue desvirtuada por decretos considerados ilegales que introdujeron sumas y adicionales fuera del marco legal. Los policías afirman que los incrementos deberían aplicarse al valor punto policial, modificando la asignación de grado y, en consecuencia, todos los ítems vinculados a esa asignación.
También denuncian que el desorden en los componentes salariales provocó diferencias mínimas entre jerarquías, afectando la lógica del escalafón policial. Por ello reclaman el saneamiento de la escala salarial, de modo que las remuneraciones reflejen la capacitación, responsabilidades y jerarquía de cada cargo.
El documento también expone reclamos vinculados a las condiciones laborales. Entre ellos, la provisión de uniformes, obligación que —según indican— el Estado provincial no cumple desde hace aproximadamente diez años. En su lugar, afirman, se otorgó una suma considerada “irrisoria” de $2311,50, luego incorporada a otro ítem salarial. Los efectivos sostienen que esta situación obliga a los policías a destinar parte de su salario a la compra de su propia ropa de trabajo.
En materia de seguridad personal, los policías advierten sobre la utilización de chalecos antibalas vencidos o la falta de estos elementos, situación que consideran un riesgo directo para la vida de los efectivos. A ello suman la escasez de prácticas de tiro y la falta de municiones, factores que —según indican— afectan la eficacia del servicio policial.
Otro punto del reclamo se refiere a la situación de retirados y pensionados. Los policías exigen la creación de una base de datos completa que permita registrar adecuadamente a estos beneficiarios y evitar situaciones de abandono. Denuncian que durante años muchas pensionadas fueron ignoradas por el Estado, generando situaciones de pobreza e indigencia.
En ese marco, señalan que los ajustes salariales aplicados a los activos deberían trasladarse a los retirados dentro de los 30 días, tal como establece la normativa vigente, y no con demoras de varios meses. También reclaman analizar una reparación monetaria para pensionadas, argumentando que desde la modificación de la Ley 2432 mediante la Ley 5505 no se abonó el 82% móvil que establece la normativa.
Como ejemplo de esta situación, mencionan el caso de una viuda policial que percibía una pensión de $28.000, lo que —según sostienen— implicó que durante cuatro años el Estado provincial le negara más de $40 millones en ingresos que le corresponderían de acuerdo con la ley.
Los efectivos también cuestionan la falta de transparencia en la política salarial, acusando a funcionarios gubernamentales de modificar fórmulas de cálculo e incorporar ítems que califican como inconstitucionales. En ese sentido, plantean que la Justicia debería investigar posibles incumplimientos legales e incluso eventuales responsabilidades penales.
En el plano institucional, los policías reclaman mayor respeto social hacia la función policial, afirmando que los bajos salarios han empujado a muchos efectivos a vivir en zonas marginales, incluso conviviendo con delincuentes. Según sostienen, la función policial exige condiciones de vida que garanticen seguridad para sus familias y proponen la construcción de barrios policiales en cada localidad de la provincia.
Finalmente, el documento exige la creación de una mesa de diálogo permanente entre el gobierno y representantes del personal policial, en la que se aborden todos los temas vinculados a la actividad, incluida la sindicalización policial.
Como parte central del reclamo salarial, los policías solicitan que el salario de bolsillo para la jerarquía de agente alcance los $1.800.000, al considerar que el actual nivel de ingresos resulta incompatible con la responsabilidad, el riesgo y la carga horaria de la tarea policial.
