Un voluntariado alertó que animales a los que asistían desde hace años ya no están en las calles ni en los lugares habituales. La ausencia de explicaciones oficiales reaviva un problema histórico que ninguna gestión municipal logró resolver con políticas públicas claras.
La desaparición repentina de perros callejeros en el centro de Catriel encendió una fuerte alarma entre vecinos y organizaciones protectoras. A través de un posteo en Facebook, el voluntariado que desde hace años se ocupa de asistir de manera solidaria a perros y gatos sin dueño expresó su profunda preocupación por la falta de información sobre el paradero de varios animales que tenían registrados, alimentaban y cuidaban de forma permanente.
Según relataron, este martes la ciudad “amaneció sin un animal suelto en el centro”. De acuerdo con datos que les fueron aportados, la Municipalidad habría recogido solo dos perros durante la noche previa, los cuales —siempre según esa versión— fueron llevados a distintos puestos rurales. Sin embargo, el núcleo del conflicto es otro: el resto de los animales simplemente desapareció. No hay registros, no hay actas, no hay destino conocido. Nadie informó si fueron trasladados, dados en adopción o si ocurrió algo más grave.
“Los demás animales han desaparecido. No sabemos qué pasó con ellos”, advirtió el voluntariado, que aseguró haber salido a buscarlos sin éxito, apoyándose también en el testimonio de vecinos que solían ver y ayudar a esos perros. La publicación cerró con un pedido desesperado de información a la comunidad.
El episodio no es un hecho aislado sino el síntoma de un problema estructural que Catriel arrastra desde hace décadas: la ausencia de una política pública sostenida y transparente sobre la población de perros y gatos sin dueño. Históricamente, fueron los voluntarios —con recursos propios, tiempo y compromiso— quienes se hicieron cargo de rescates, curaciones y adopciones, mientras el Estado municipal osciló entre medidas parciales y anuncios inconclusos.
Durante la gestión de María Rosa Iémolo, ante la presión social, se creó un espacio municipal de depósito para animales, que luego derivó en un censo mal planificado y sin resultados concretos. También se habló de la implementación de chips para identificar a perros con dueño y sancionar el abandono, una iniciativa que nunca terminó de aplicarse. El propio voluntariado denunció en aquel momento condiciones de hacinamiento e higiene deficientes en los caniles, lo que derivó en el cierre del lugar y un regreso al punto cero: animales sueltos y vecinos organizados intentando contener la situación.
Las gestiones posteriores, incluida la actual, redujeron la intervención estatal casi exclusivamente a las castraciones gratuitas. Una herramienta valiosa, pero insuficiente cuando no va acompañada de controles, educación y sanciones. Mientras algunos vecinos responsables aprovecharon el servicio, otros continuaron dejando a sus mascotas sin control reproductivo. El resultado fue previsible: cachorros abandonados, muchos de ellos arrojados en zonas despobladas como el basurero, donde se formaron jaurías que incluso atacaron animales de productores rurales cercanos a la zona urbana.
En síntesis, ninguna administración municipal diseñó una política integral propia. En el mejor de los casos, se limitó a “ayudar” al voluntariado, delegando en ciudadanos y ciudadanas una responsabilidad que es indelegable: la protección animal, la salud pública y la convivencia urbana.
Hoy, la desaparición de perros que ya estaban identificados y bajo seguimiento vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero inevitable: ¿quién decidió sacarlos de la calle y con qué criterios? Sin información oficial, sin registros públicos y sin un plan conocido, la incertidumbre se transforma en desconfianza. Y una vez más, el silencio del Estado agrava un problema que lleva años reclamando respuestas.
