Un juez dictó la medida por el reclamo de un damnificado en la compra de un terreno en un emprendimiento inmobiliario. Se trata de otra causa similar a la que enfrenta por la venta de lotes en San Antonio Oeste.
(Data Clave).- La Justicia de la provincia de Río Negro dictó una medida cautelar que ordena el embargo preventivo de la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza).
La decisión judicial busca garantizar el pago de una suma provisoria de $40,5 millones en el marco de una demanda por daños y perjuicios vinculada al desarrollo inmobiliario “Tajamar”, en Las Grutas.
La resolución, firmada por Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3 de Bariloche, ya fue comunicada a la Cámara de Diputados de la Nación para que proceda con las retenciones mensuales correspondientes hasta cubrir el monto fijado.
El embargo busca cubrir la suma de $40,5 millones reclamada por un damnificado que asegura haber pagado un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas sin haber recibido nunca la posesión del inmueble.
El juez interviniente consideró que existe un “riesgo en la demora” que justifica la medida, dada la naturaleza del reclamo por incumplimiento contractual y cobro de canon locativo.
La diputada ha alegado anteriormente que las demoras en la entrega de los terrenos se debieron a las restricciones operativas impuestas durante la pandemia, pero el juez rechazó el argumento y dictó el embargo de su dieta.
Además de esta causa, Villaverde enfrenta otro expediente en San Antonio Oeste por una situación idéntica donde se reclama un resarcimiento cercano a los $100 millones.
Las últimas semanas, la diputada libertaria estuvo en el centro del foco por señalamientos sobre su prontuario judicial. En este escenario, Villaverde renunció a su banca en el Senado para, según dijo, no ser “usada” contra el Gobierno, y amagó a hacer lo mismo con su escaño en Diputados, aunque finalmente dio marcha atrás.
Las objeciones se apoyan en antecedentes judiciales que volvieron a tomar estado público. Entre ellos se menciona una causa vinculada a estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, además de presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, un empresario asociado a Federico “Fred” Machado.
