Una fuerte controversia política se desató entre Catriel y Fernández Oro tras la denuncia penal por presunta doble percepción de haberes públicos contra Christian Martín Artero, concejal orense y hasta julio asesor del municipio de Catriel. El caso, que tomó estado público a fines de abril, es presentado por la oposición catrielense como generador de un efecto dominó de renuncias, cruces políticos y acusaciones de “opereta”, mientras avanza una investigación judicial que podría sentar precedente en la región.
La denuncia fue presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Fernández Oro, quienes afirmaron que Artero ejercía simultáneamente dos cargos remunerados en municipios distintos. Esa acción derivó en que el Ejecutivo de Catriel decidiera no renovarle el contrato como asesor a partir de julio.
Sin embargo, la situación volvió a cobrar impulso en los últimos días, luego de que Franco Rivero, representante del partido “Primero Río Negro” en el Tribunal de Cuentas de Catriel, sostuviera que el caso de Artero no fue un hecho aislado. “La situación irregular que protagonizó Artero desencadenó la renuncia del Síndico y de un asesor del Ejecutivo que estaban en similares condiciones, o sea con doble cargo. El sistema estaba montado, y cuando lo empezamos a desarmar, los involucrados empezaron a caer uno por uno”, afirmó.
Rivero señaló además que la denuncia contó con respaldo técnico e institucional desde Fernández Oro, destacando el rol del presidente del Tribunal de Cuentas, Orlando Carrasco; la integrante Celina Folatelli; y el asesor legal municipal, Martín Rebaliatti. “Esa denuncia fue clave y permitió poner los hechos sobre la mesa, con documentación y argumentos legales sólidos”, sostuvo. Según explicó, como consecuencia de ello, Artero continúa hoy solo como concejal en Fernández Oro, “tal como lo establece la ley”.
Desde el municipio de Catriel la reacción fue minimizar el tema calificándolo de opereta política. La intendenta Daniela Salzotto desestimó las acusaciones y aseguró que se trata de una “chicana política”. En un intercambio de mensajes de texto a través de whatsApp con este medio, afirmó: “Son todas calumnias y juego político. Está todo en la justicia. El síndico renunció por problemas del banco, nada que ver con esto. Ya está todo en manos del fiscal. Esto es una opereta barata, es querer dañar a Cristian (Artero)”.
Salzotto aclaró que la decisión de no renovar el contrato del concejal fue “una medida preventiva” y negó que existiera incompatibilidad alguna. “Ni la fiscalía ni nadie se expidió en nada. No tengo ninguna novedad del expediente; a la municipalidad no ha llegado nada. Cuando tenga novedades daré declaraciones”, puntualizó.
Del lado de Rivero, en cambio, defienden la presentación judicial como “un acto de responsabilidad institucional”. El dirigente aseguró haber sufrido “persecuciones, amenazas e injurias”, pero remarcó que nada modificará su compromiso con la transparencia. “Que la ‘ficha limpia’ sea un compromiso irrenunciable”, subrayó.
Mientras tanto, la denuncia continúa su curso en la justicia. El caso podría marcar un antes y un después en el control de incompatibilidades y en los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la administración pública municipal en la región.
