Un trabajador del Hospital Cecilia Grierson de Catriel fue apartado de sus funciones tras quedar vinculado a una causa judicial por tráfico de imágenes de abuso sexual infantil. La decisión se tomó luego de que organizaciones sociales, concejalas y agrupaciones feministas denunciaran públicamente la gravedad del hecho y reclamaran su inmediata separación del cargo, al tiempo que lo señalaron también por acoso a mujeres que acudían al hospital en busca de atención médica.
La noticia salió a la luz tras un procedimiento judicial llevado adelante por el Ministerio Público, que derivó en una investigación penal y encendió las alarmas en toda la comunidad. En respuesta a la presión social, la Dirección del hospital emitió un comunicado institucional informando que el empleado fue “apartado preventivamente” en el marco de un sumario administrativo interno. No obstante, el texto oficial no brindó detalles sobre el cargo que desempeñaba el sospechoso ni sobre las posibles medidas de protección hacia las pacientes.
Desde la Multisectorial de Mujeres de Catriel, junto con concejalas y diversas organizaciones feministas, difundieron un documento contundente en el que exigieron la remoción definitiva del implicado. “Los violadores, abusadores y acosadores deben estar en la cárcel, no en contacto con niñas, adolescentes o personas mayores”, afirmaron. También pidieron al Ministerio de Salud provincial que refuerce los protocolos de control y protección dentro de las instituciones sanitarias.
Un flagelo global: el tráfico de imágenes de abuso sexual infantil
El caso pone en evidencia uno de los negocios criminales más oscuros y en expansión del mundo: la producción, distribución y consumo de imágenes de abuso sexual infantil. Este delito —que se multiplica a través de redes anónimas, plataformas digitales y sistemas de intercambio cifrado— interconecta a redes de delincuentes en todos los continentes.
Según informes de Interpol y Europol, cada año se detectan millones de archivos con material de explotación sexual infantil, y muchos de ellos circulan en la llamada “internet profunda” o “dark web”. Los expertos advierten que la facilidad tecnológica para compartir contenido digital, junto con la impunidad y la dificultad para rastrear a los responsables, alimenta un mercado clandestino multimillonario, en el que los menores son víctimas de violencias reiteradas y sistemáticas.
En Argentina, la Ley 26.388 y las reformas al Código Penal establecen penas de prisión de entre tres y diez años para quienes produzcan, distribuyan o posean material de abuso sexual infantil. Además, el país integra la Red Internacional de Investigación de Delitos Cibernéticos y cuenta con una línea nacional de denuncias (0800-222-1717), administrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Repercusiones locales
En Catriel, el caso reabrió el debate sobre los mecanismos de control y prevención dentro de las instituciones públicas. Las organizaciones de mujeres insistieron en que no se trata de un hecho aislado, sino de una muestra de cómo los entornos laborales pueden encubrir o minimizar situaciones de abuso y acoso.
Mientras tanto, el trabajador sigue bajo investigación judicial y permanece suspendido de sus funciones. La comunidad espera que la Justicia avance con celeridad y que se garantice la seguridad y contención de las posibles víctimas.
“No se trata solo de un caso judicial. Es un llamado de atención sobre la responsabilidad del Estado para proteger a quienes más lo necesitan”, advirtieron desde la Multisectorial.
