Un grupo de efectivos de la Unidad 68 de la Policía de Río Negro, adscritos a la agrupación “Consejo de Bienestar Policial”, denunció públicamente una grave situación de maltrato laboral, abuso de autoridad y condiciones inhumanas de trabajo bajo la gestión de la subcomisaria Villanueva. A través de testimonios anónimos publicados en redes sociales, los uniformados detallan un clima de persecución, control excesivo mediante cámaras, cambios arbitrarios de horarios y falta de infraestructura básica.
En las últimas horas, se hicieron públicos varios relatos de policías que cumplen funciones en la Unidad 68 de Cipolletti, quienes expresaron su hartazgo tras años de silencio por temor a represalias. A través de la página de Facebook del “Consejo de Bienestar Policial”, los agentes denunciaron una serie de irregularidades que, según afirman, están afectando gravemente su salud física y mental.
Uno de los uniformados, identificado como #Soy numerariX de la Unidad 68, señaló que la subcomisaria Villanueva llegó a la unidad tras haber sido denunciada en la Unidad 79 por malos tratos y persecución laboral. Desde su asunción, asegura que se instalaron cámaras en todo el edificio, no con fines de seguridad, sino como herramienta de vigilancia constante sobre el personal.
“Lo primero que hace al llegar es sentarse a ver las cámaras, no por seguridad, sino como un control cansador. Si las cámaras del móvil fallan, en menos de 24 horas están arregladas. Pero si hay un problema con el equipo base, no se soluciona. Queda claro que el objetivo no es el bienestar, sino la persecución”, denunció.
Además, el agente destacó que el cambio al régimen de 24×48 horas se implementó sin las condiciones necesarias: “¿Es humano que un chofer maneje 24 horas seguidas? No tenemos donde descansar, ni cocina para preparar comida. Al jefe le molesta el olor, así que ya no podemos cocinar. Y no podemos permitirnos comprar viandas para todo el día”.
Otro policía, en un mensaje dirigido a un referente de la agrupación, detalló que el cambio de horario ha generado un perjuicio económico severo: “Nos perjudica económicamente, en los adicionales, en quienes tienen hijos y deben pagar niñeras. Y si te enfermas, te castigan: te dejan en tareas diurnas, te quitan los adicionales. La excusa del cambio fue la falta de un chofer… pero ellas mismas pidieron que retiraran a la persona que estaba prestada”.
Ambos relatos coinciden en señalar que la subcomisaria Villanueva y la segunda principal Burgos utilizan las cámaras como mecanismo de control y sanción inmediata por cualquier mínima infracción. “No se puede dialogar con ella. Llegó denunciada por persecución y ahora repite los mismos patrones aquí”, afirmó otro agente.
Condiciones de detención inhumanas y sobrecarga de funciones
Los denunciantes también alertaron sobre el alojamiento irregular de detenidos en la unidad, que no cuenta con calabozos. “Nos obligan a mantener detenidos en oficinas, en la cuadra o incluso en la cocina. Hace días tuvimos a una detenida alojada así, a pesar de que saben que no tenemos infraestructura para eso”, expresó uno de los efectivos.
Además, denunciaron que se les exige realizar recorridas en zonas que no corresponden a su jurisdicción, como parques industriales y escuelas bajo la cobertura de otras unidades, lo que implica una sobrecarga de trabajo sin reconocimiento ni compensación.
Impacto psicológico y clima de impotencia
Varios de los testimonios hacen referencia al deterioro de la salud mental del personal. “Tengo compañeros que están pasando por atención psicológica por todo esto. No pueden más”, confesó un cuarto agente. “Cambios de horario de un día para otro, castigos por enfermarse, licencias negadas, receso cancelado… Todo está diseñado para complicar la vida del personal”.
La agrupación “Consejo de Bienestar Policial” recopiló al menos cuatro testimonios de la misma unidad, y advirtió que “la lista sigue”. “Con estos cuatro casos, es innegable que existe una situación de abuso de poder reiterado, con afectación directa a la salud física y mental de los efectivos”, señalaron desde la organización.
Llamado a las autoridades
Ante esta situación, los uniformados exigen una intervención inmediata por parte de las autoridades superiores de la Policía de Río Negro. Piden una investigación independiente sobre las denuncias de acoso laboral, revisión de las condiciones de trabajo y la remoción de los mandos denunciados, a fin de garantizar un entorno laboral digno y seguro.
Mientras tanto, el silencio comienza a romperse. “Hasta ahora nos mantuvimos callados por miedo —confesó uno de los denunciantes—. Pero ya estamos cansados. No aguantamos más”.
