25 de Mayo vuelve a estar en el centro de la polémica por la falta de transparencia en la gestión municipal, a partir de la solicitud formal de un vecino realizada este lunes. A un año y ocho meses de haber asumido, el intendente Leonel Emanuel Monsalve y su equipo de funcionarios aún no han cumplido —según denuncian desde la oposición— con la obligación legal de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante el Concejo Deliberante, tal como exige el artículo 81 de la Ley 1597 de Municipalidades y Comisiones de Fomento.
El último capítulo de esta controversia lo protagonizó el vecino Oscar Alberto Roseo, quien este lunes 11 de agosto ingresó formalmente una nota solicitando esas declaraciones juradas. En su presentación, Roseo recordó que este requisito no solo es obligatorio para quienes manejan fondos públicos, sino que además debe estar disponible para cualquier ciudadano.
La oposición viene reclamando estas presentaciones desde hace más de un año, sin respuestas satisfactorias. En febrero de este año, las concejalas Vanesa Mariel Sosa y Marianela Jaqueline Fernández elevaron una denuncia penal, calificando la conducta del intendente como “abusiva” y acusándolo de no mostrar voluntad de cumplir con la ley. Sin embargo, la Fiscalía desestimó la denuncia, al considerar que no hay delito penal, argumentando que el municipio informó que la declaración jurada sí fue presentada.
La resolución judicial, plasmada en la cédula N° 35.426, cerró la vía penal, pero no despejó las dudas políticas. Para la oposición, la supuesta presentación que menciona la Fiscalía no fue realizada en tiempo y forma, y mucho menos con el carácter de acceso público que exige la ley. LA respuesta judicial no satisfizo a las denunciantes. es que queda la duda respecto de la actuación e la justicia, habia cuenta que, ante el incumplimiento de los deberes de funcionario público que implica la no presentación de las DDJJ patrimoniales, no se tiene noticias de que se haya librado oficio alguno por parte de la Fiscal veinticinqueña Eugenia Bolzan, que por entonces se habría encontrado subrogando al fiscal general.
Este enfrentamiento revela algo más profundo que un mero trámite administrativo: expone la fragilidad de los mecanismos de control y fiscalización en la política local, donde las tensiones entre oficialismo y oposición se agudizan cada vez que se toca el delicado terreno de la transparencia y el manejo de los bienes públicos.
La pregunta sigue flotando en el aire: ¿cuándo los vecinos podrán acceder, de manera clara y sin rodeos, a la información patrimonial de quienes administran sus recursos?
OPINIÓN: Declaraciones juradas: cuando la transparencia se convierte en promesa vacía
En 25 de Mayo, la palabra “transparencia” parece ser más un eslogan que una práctica real. A un año y ocho meses de gestión, el intendente Leonel Monsalve y sus funcionarios todavía no han cumplido —al menos de manera pública y verificable— con la obligación legal de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
No se trata de un capricho opositor ni de un formalismo burocrático: es un deber que marca la Ley 1597. Cualquier funcionario que maneje fondos municipales debe dejar constancia de su patrimonio al entrar y al salir del cargo, y esa información debe ser accesible a todos los vecinos. Así de simple… y así de incumplido.
La oposición lleva más de un año reclamando, sin resultados. Incluso se llegó a presentar una denuncia penal, que la Fiscalía desestimó con un argumento que, lejos de aclarar, alimenta la desconfianza: el municipio habría informado que la declaración jurada sí fue entregada. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué no está disponible para los ciudadanos? Silencio.
La nota que esta semana presentó el vecino Oscar Alberto Roseo expone algo más que un expediente incompleto: muestra cómo, en la política local, la ley se convierte en un obstáculo incómodo que se sortea con dilaciones, tecnicismos y opacidad.
Mientras el oficialismo y la oposición se cruzan acusaciones, la ciudadanía sigue sin poder ejercer un derecho básico: saber con qué patrimonio entran y salen los que administran su dinero. Porque no se trata de un favor, se trata de rendir cuentas.
En definitiva, lo que está en juego no es un papel firmado, sino la credibilidad de un gobierno. Y en ese terreno, la falta de transparencia no es un error administrativo: es una elección política.
Porque cuando un gobierno esconde sus declaraciones juradas, no oculta papeles: oculta la verdad.
