Una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostiene que Harbour Energy, accionista del 15% de Southern Energy, estaría operando en Argentina pese a una inhabilitación que se extendería hasta octubre de 2028. El organismo denunció penalmente a funcionarios y pidió revisar la incorporación del proyecto al RIGI. También quedaron bajo observación las actuaciones del gobierno provincial de Alberto Weretilneck.
La millonaria apuesta de exportación de gas natural que se proyecta sobre la costa atlántica de Río Negro quedó envuelta en una controversia de alcance nacional. Una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) puso bajo cuestionamiento la participación de Harbour Energy, una petrolera británica que integra Southern Energy S.A. (SESA), el consorcio responsable del proyecto de licuefacción y exportación de gas, con una participación accionaria del 15%.
El dato que encendió las alarmas institucionales es que, según las conclusiones de la investigación, Harbour Energy estaría alcanzada por una inhabilitación impuesta por el Estado argentino en 2013 a su antecesora jurídica, Premier Oil plc, por operaciones hidrocarburíferas ilegales en la plataforma marítima adyacente a las Islas Malvinas.
La sanción, de acuerdo con la interpretación de la PIA, continúa vigente y se extendería hasta octubre de 2028. De confirmarse ese criterio, la petrolera británica habría participado de operaciones en el país y accedido indirectamente a beneficios económicos pese a encontrarse legalmente impedida de hacerlo.
La investigación fue publicada por la periodista Susana Lara en el portal *El Cohete a la Luna* y pone en discusión no solamente la situación de la compañía extranjera, sino también los procedimientos administrativos que permitieron su ingreso al negocio hidrocarburífero argentino y su participación en uno de los emprendimientos energéticos más importantes proyectados para Río Negro.
De Premier Oil a Harbour Energy: una sanción que habría seguido vigente
El núcleo de la controversia está en la continuidad jurídica de dos compañías británicas. Según reconstruyó la PIA, en 2021 Premier Oil se fusionó con Chrysaor Holdings Limited y pasó a operar bajo la denominación Harbour Energy plc. Para el organismo investigador, aquella operación empresarial no extinguió la personalidad jurídica de Premier Oil, sino que modificó su denominación, por lo que la inhabilitación impuesta en 2013 habría continuado vigente.
Sin embargo, Harbour consiguió ingresar nuevamente al mercado argentino mediante una operación empresarial de enorme magnitud.
En 2024 adquirió los activos globales de la alemana Wintershall Dea AG, en una transacción valuada en aproximadamente 11.200 millones de dólares. Esa operación le permitió acceder indirectamente a participaciones en áreas hidrocarburíferas de Neuquén y Tierra del Fuego, además de otras actividades.
La PIA detectó que Harbour obtuvo su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras argentino en febrero de 2024 y fue reinscripta en diciembre de ese mismo año, a pesar de la situación jurídica que, según el organismo, alcanzaba a su controlante final.
También cuestionó que Wintershall Dea Argentina continuara inscripta y operando sin que se revisara adecuadamente su situación luego de quedar bajo el control de la petrolera británica.
El RIGI y el proyecto exportador de Río Negro, en el centro de la polémica
La dimensión provincial del caso es particularmente relevante. Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy S.A., sociedad que impulsa el proyecto de licuefacción de gas natural destinado a la exportación desde la costa atlántica rionegrina.
La investigación de la PIA cuestiona que el consorcio haya conseguido incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Resolución 559 del Ministerio de Economía, dictada en abril de 2025, sin que se contemplara la situación de uno de sus accionistas.
El organismo también observó las autorizaciones de exportación otorgadas a Southern Energy mediante las resoluciones 165/2025 y 353/2025 de la Secretaría de Energía, que concedieron certificados de libre exportación de gas natural licuado.
Para la Procuraduría, estas decisiones administrativas se adoptaron sin considerar adecuadamente la inhabilitación que pesaría sobre Harbour Energy.
En otras palabras, la investigación plantea que una empresa que, según el criterio del organismo, no podía operar en el país terminó participando de un consorcio beneficiado por el régimen de incentivos a las grandes inversiones y habilitado para desarrollar negocios de exportación de gas.
Denuncia penal y pedidos de revisión a funcionarios nacionales
Las conclusiones de la investigación derivaron en una serie de actuaciones institucionales impulsadas por el titular de la PIA, Sergio Leonardo Rodríguez.
En septiembre, el organismo presentó una denuncia penal contra funcionarios y exfuncionarios públicos, que quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.
Además, solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, que revise y eventualmente revoque los actos administrativos que permitieron la incorporación de Southern Energy al RIGI.
También requirió al canciller Pablo Quirno que actualice el registro público de empresas inhabilitadas e incorpore expresamente a Harbour Energy como continuadora de Premier Oil.
La PIA informó, asimismo, a los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego sobre la situación jurídica de la compañía y pidió la apertura de sumarios disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos cuestionados.
Weretilneck y el gobierno provincial también quedaron bajo observación
La investigación no se limita a las decisiones adoptadas por organismos nacionales. También pone el foco sobre las actuaciones del gobierno rionegrino encabezado por Alberto Weretilneck, que acompañó el desarrollo del proyecto de Southern Energy mediante acuerdos institucionales, audiencias públicas ambientales e instrumentos legislativos.
La controversia tiene un antecedente político en la provincia. La legisladora Magdalena Odarda había advertido sobre la participación de Harbour Energy y reclamado que no se aprobaran iniciativas en las que estuviera involucrada la petrolera británica.
Sin embargo, aquella presentación fue archivada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro.
La posterior intervención de la Procuraduría nacional abrió un escenario diferente, con una investigación de mayor alcance que ahora incluye una denuncia penal, pedidos de revisión de resoluciones administrativas y comunicaciones a las autoridades provinciales.
Una inversión millonaria frente a un interrogante institucional
El caso Harbour Energy introduce una pregunta incómoda para el Estado argentino y, particularmente, para Río Negro: ¿puede un proyecto recibir los beneficios del RIGI, obtener autorizaciones de exportación y avanzar con inversiones multimillonarias cuando uno de sus accionistas está alcanzado, según la interpretación de un organismo investigador nacional, por una inhabilitación todavía vigente?
El interrogante adquiere mayor trascendencia porque el proyecto de Southern Energy es presentado como una de las grandes apuestas energéticas y económicas de la provincia, con expectativas de inversiones, exportaciones y generación de actividad.
Pero la discusión excede la conveniencia económica del emprendimiento. También involucra la responsabilidad de los organismos públicos que registraron, habilitaron y acompañaron las operaciones de Harbour Energy, sin que —según sostiene la PIA— se resolviera previamente su situación jurídica.
Es importante señalar que la investigación administrativa no equivale a una condena judicial. La denuncia penal deberá seguir su curso y las responsabilidades de los funcionarios involucrados tendrán que ser determinadas por las instancias correspondientes. Tampoco existe, por lo expuesto, una anulación de la adhesión de Southern Energy al RIGI.
Lo que sí queda planteado es un serio cuestionamiento institucional: mientras Río Negro deposita expectativas de desarrollo en un megaproyecto de exportación de gas, una investigación nacional advierte que una de las empresas que lo integran podría estar operando en contradicción con una sanción impuesta por el propio Estado argentino.
Una controversia que combina negocios multimillonarios, soberanía sobre los recursos naturales, antecedentes vinculados a las Islas Malvinas y responsabilidades políticas y administrativas. Y que obliga a preguntar si, en nombre de atraer inversiones, los controles del Estado terminaron mirando hacia otro lado.
