El Juzgado Federal de Bariloche sumó nuevas pruebas sobre la extranjerización de tierras. Desde megaproyectos hidroeléctricos sin control ambiental hasta operaciones con testaferros, los amparistas exigen que la Corte mantenga el freno a la derogación de la Ley de Tierras mientras las comunidades indígenas y los ecosistemas cordilleranos quedan a merced del mercado.
Lo que comenzó como una defensa legal de la Ley de Tierras se ha transformado en la radiografía de un vaciamiento territorial. El amparo colectivo que logró que la Corte Suprema de Justicia suspendiera el artículo 154 del DNU 70/2023 —el decreto del presidente Javier Milei que buscaba derogar la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre tierras— acaba de dar un paso crucial. Los demandantes presentaron una ampliación de la demanda ante el Juzgado Federal de Bariloche, incorporando hechos recientes y pruebas contundentes que exponen el apetito especulativo de los fondos extranjeros en la cordillera rionegrina.
La causa, que lleva el ineludible sello barilochense por haber sido impulsada originalmente por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon, y la legisladora Magdalena Odarda, busca ahora que la protección cautelar se mantenga intacta hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Y los motivos para mantener el freno judicial son, cada vez más, alarmantes.
Un territorio ya vulnerado
El escenario en la cordillera no esperó a la firma del DNU para comenzar a degradarse. Según datos aportados por la propia Odarda, el departamento Bariloche ya alcanzaba en 2017 un 21,53% de superficie rural en manos extranjeras, violando flagrantemente el límite del 15% que establecía la ley que el Gobierno nacional pretende barrer del mapa.
Lejos de ordenar el territorio, la derogación impulsada por el Ejecutivo actúa como un incentivo perverso. Como prueba de este “negocio” en ciernes, los amparistas incorporaron la publicidad de una inmobiliaria de Chubut que ofrece casi 3.000 hectáreas con lago, cascada y acceso al río Pico, utilizando como gancho comercial las “nuevas oportunidades” que se abrirían para los compradores extranjeros si la norma cae.
El megaproyecto de Qatar y el saqueo del agua
El corazón de la nueva prueba presentada pone el foco en Baguales Mountain Reserve, un emprendimiento de 20.000 hectáreas en la cordillera rionegrina vinculado a la familia real de Qatar. Más allá de la concentración de tierras, lo que enciende las alertas rojas es el impacto ambiental y la privatización de recursos estratégicos: se otorgó a Río Villegas S.A.U. el permiso para aprovechar el agua del arroyo Baguales mediante tres centrales hidroeléctricas privadas, con una concesión a 30 años.
Los demandantes son categóricos al advertir que no existen garantías suficientes de evaluación ambiental, participación ciudadana ni control legislativo. El resultado es un modelo de enclave extractivo que amenaza bosques, humedales y cursos de agua, dejando a la comunidad local al margen de las decisiones sobre su propio ecosistema.
Testaferros, Emiratos Árabes y el aeropuerto de Joe Lewis
La opacidad de las operaciones financieras también llegó al expediente. Los amparistas exigen que se investigue un caso que tuvo repercusión nacional y que fue revelado en un juicio oral en Bariloche: el testimonio de Hugo Alberto Barabucci, quien declaró haber recibido una “donación” de dos millones de dólares del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para adquirir 19.269 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut, cerca del cerro Carreras.
Ante la sospecha de que se trata de una operación con testaferros para eludir las restricciones de la Ley de Tierras, se solicitó la incorporación del registro audiovisual de la audiencia para determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios detrás de estas compras millonarias. A esto se suma la transferencia del emblemático aeropuerto privado de Joe Lewis en la costa atlántica rionegrina a una sociedad con participación de capitales de EAU, consolidando un mapa de influencia extranjera que opera por encima de las regulaciones locales.
El despojo de las comunidades originarias
El avance de este capitalismo inmobiliario y especulativo no ocurre en un vacío legal ni social; se produce mediante el despojo sistemático de quienes habitan esos territorios desde hace siglos. El escrito hace un fuerte hincapié en la situación de las comunidades Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon.
La extranjerización de tierras se potencia con el desmantelaje del Estado de Derecho: la derogación de la Ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial indígena y suspendía los desalojos, deja a las comunidades mapuche a merced de las topadoras y los intereses privados, profundizando los conflictos territoriales en la región.
La pelota en el juzgado de Bariloche
Con el expediente de vuelta en el Juzgado Federal de Bariloche, tras el ida y vuelta con la Corte Suprema, la Justicia local enfrenta un desafío que excede lo jurídico: se trata de definir si el territorio nacional, sus aguas y sus comunidades originarias están en venta o si forman parte de un patrimonio soberano que debe ser protegido.
Mientras tanto, los amparistas exigen que se haga lugar a la legitimación de los actores, se acepte la prueba ofrecida y, fundamentalmente, se mantenga la suspensión del DNU 70/2023. Porque como demuestran los hechos, cuando se abre la puerta a la especulación extranjera, la Patagonia es la primera en perder.
