La iniciativa fue respaldada por unanimidad en el cuerpo deliberativo. La concejal Carolina Piris aclaró que la medida tiene fines preventivos y educativos, descartando objetivos recaudatorios. Además, se derogó una ordenanza sobre la venta de un espacio en calle La Pampa.
El Poder Legislativo Municipal aprobó esta semana la implementación del nuevo Régimen Municipal de Fiscalización Electrónica del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida, que regula el uso de tecnologías para el control de velocidad y normas de tránsito, obtuvo dictamen favorable por unanimidad durante la última sesión.
La noticia fue confirmada por la concejal oficialista Carolina Piris, presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos e Institucionales, quien a través de sus redes sociales detalló el alcance del Dictamen de Comisión N.º 063/26.
Piris enfatizó que el objetivo central de la normativa es la seguridad de los ciudadanos y no la generación de ingresos para las arcas municipales. “Este sistema NO tiene un fin recaudatorio. Su objetivo es preventivo y educativo: generar conciencia, promover el respeto por las normas de tránsito y prevenir siniestros viales”, señaló la edil.
Las claves del nuevo sistema
Para garantizar la transparencia y la eficacia de las medidas, el régimen aprobado establece una serie de condiciones técnicas y legales que los operadores deben cumplir:
- Prevención: El eje central es la protección de la vida y la reducción de accidentes.
- Tecnología certificada: Se utilizarán equipos homologados y calibrados periódicamente para asegurar la precisión de las mediciones.
- Señalización: Habrá una señalización clara y previa de los límites de velocidad y zonas de control.
- Garantías ciudadanas: Se asegura el derecho a la defensa y el acceso a las imágenes captadas por los dispositivos.
- Jurisdicción: El control y juzgamiento de las faltas permanecerá bajo la órbita municipal.
Otras disposiciones del cuerpo deliberativo
En el mismo marco de sesiones, los concejales trataron el Dictamen N.º 011/26 emitido por la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Por mayoría, se aprobó la derogación de la Ordenanza Municipal N.º 382/24.
Dicha ordenanza refería a la desafectación y posterior venta de una superficie de la vereda municipal ubicada en calle La Pampa N.º 748. Según informaron desde el bloque oficialista, esta derogación responde a que la operación de venta no llegó a concretarse en su momento. La medida busca, por tanto, adecuar la situación dominial a la normativa vigente y garantizar criterios administrativos equitativos.
Fuera de los expuesto por la concejala, se puede agregar que en Argentina, un Régimen Municipal de Fiscalización Electrónica del Tránsito y la Seguridad Vial es un sistema mediante el cual un municipio utiliza dispositivos tecnológicos para controlar el cumplimiento de las normas de tránsito, detectar infracciones y, cuando corresponde, iniciar el procedimiento para aplicar sanciones.
En términos sencillos, significa incorporar tecnología al control vial para que no dependa exclusivamente de la presencia física de inspectores o agentes de tránsito.
## ¿Cómo funciona?
El régimen puede incluir distintos mecanismos:
– Cámaras de tránsito: registran maniobras o conductas prohibidas, como cruzar un semáforo en rojo.
– Radares de velocidad: detectan vehículos que superan los límites permitidos.
– Lectores de patentes: permiten identificar vehículos vinculados con una infracción.
– Sistemas de registro electrónico: almacenan imágenes, videos, fecha, hora y otros datos que pueden utilizarse como prueba.
– Notificaciones y actas digitales: facilitan la tramitación de las infracciones y la comunicación con los presuntos infractores.
El alcance concreto depende de la ordenanza municipal que lo establezca, de los dispositivos habilitados y de las normas provinciales y nacionales aplicables.
## ¿Qué condiciones legales debería cumplir?
La implementación de estos sistemas no significa que cualquier cámara o radar pueda generar multas válidas automáticamente. Según la normativa aplicable a cada jurisdicción, hay que verificar:
1. Autorización y homologación de los equipos: deben cumplir los requisitos técnicos exigidos por las autoridades competentes.
2. Señalización adecuada: los conductores deben ser informados de los controles cuando así lo exija la normativa.
3. Intervención de la autoridad competente: la constatación de la infracción y la aplicación de sanciones deben respetar las competencias legales correspondientes.
4. Notificación de la infracción: el presunto infractor debe recibir información suficiente para conocer el hecho que se le atribuye.
5. Derecho a defenderse: debe poder cuestionar la infracción por las vías administrativas o judiciales correspondientes.
## ¿Significa que el municipio puede cobrar multas mediante cámaras?
Puede hacerlo si cuenta con las atribuciones legales necesarias y cumple los procedimientos aplicables.
