Tras reunir a 300 participantes de 16 estados en Fortaleza, la 1ª ConsepBR sistematiza una Carta Política que exige integrar la seguridad con derechos sociales como vivienda y salud, y rechaza el modelo de encarcelamiento masivo.
Con el objetivo de disputar la dirección de las políticas de seguridad pública en las próximas elecciones de 2026, la 1ª Conferencia Popular de Seguridad Pública de Brasil (ConsepBR) concluyó su encuentro nacional con la elaboración de una Carta Política de 27 puntos. El documento, que actualmente se encuentra en proceso de sistematización, es el resultado de los debates celebrados en Fortaleza entre el 19 y el 21 de agosto, así como de unas 50 preconferencias realizadas en diversas universidades y asociaciones de vecinos a lo largo del país.
El evento reunió a cerca de 300 participantes provenientes de 16 estados de todas las regiones brasileñas, marcando un hito en la movilización social para repensar el modelo de seguridad en el país.
“El objetivo es abrir un debate que vaya más allá del dirigido a los profesionales de la seguridad pública, representantes de las autoridades públicas e investigadores, dando espacio a la población, los más afectados por la violencia, a opinar”, explicó Marcelo Soares, coordinador del Foro Popular de Paraíba y colaborador en la comunicación de la conferencia.
Del punitivismo a la garantía de derechos
La propuesta central defendida por las organizaciones y movimientos populares busca sacar el debate de los círculos tradicionales de toma de decisiones. En lugar de centrarse en el encarcelamiento masivo y el punitivismo, el nuevo modelo aboga por la garantía de los derechos humanos y la participación social directa.
“Ya ha pasado el momento de una construcción de propuestas para una seguridad pública más democrática, conectada a las necesidades de la población y que sale del carácter de encarcelamiento y punitivismo que ha guiado este debate”, afirmó Soares.
Para los organizadores, la protección de la población debe entenderse de manera integrada a las condiciones de vida de los ciudadanos, articulando el acceso al territorio, la vivienda, la educación y la salud como pilares fundamentales de la seguridad real.
Un escenario de violencia histórica
La articulación nacional de este movimiento cobró fuerza tras la divulgación de los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que reveló que 2025 cerró con 6.602 muertes causadas por agentes de policía, la cifra más alta registrada en la serie histórica.
Ante este escenario de letalidad, los participantes exigieron la descentralización del debate sobre el uso de la fuerza policial, reclamando la participación activa de los vecinos de los territorios periféricos, quienes son los más afectados por las políticas de represión y el genocidio de la población negra y pobre.
Raíces y expansión del movimiento
El encuentro fue promovido por el Foro Popular de Seguridad Pública del Nordeste (FPSP-NE), en articulación con entidades clave como el Centro para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Ceará (Cedeca-CE) y la Oficina de Asesoría Jurídica de Organizaciones Populares (Gajop).
Creado en 2018, el FPSP-NE ya había realizado conferencias regionales en Pernambuco (2019) y Piauí (2023). La expansión a nivel nacional comenzó cuando los grupos del nordeste se acercaron a colectivos de São Paulo y Río de Janeiro, logrando tejer una red que logró involucrar a delegaciones de 16 estados.
Nueve ejes temáticos y estrategia electoral
Las discusiones en Fortaleza se dividieron en nueve ejes temáticos, que incluyen la prevención social del delito, el control de armas y municiones, el sistema de justicia penal, las políticas de drogas y el enfrentamiento al genocidio. Todo este contenido se nutrió de las 50 preconferencias estatales.
El documento final, que consolidará los 27 puntos de la Carta Política, se entregará formalmente a las candidaturas presidenciales y legislativas como parte de la estrategia de los movimientos para imponer su agenda en el debate electoral de 2026.
Además, las propuestas se compilarán en un “Cuaderno de Propuestas”, una herramienta diseñada para guiar las futuras acciones de incidencia política de la sociedad civil ante parlamentarios, consejos y organismos públicos en todo el territorio brasileño.
