La justicia neuquina investiga a las ex autoridades del basurero de Vaca Muerta por acumular barros tóxicos a metros de viviendas y falsificar balances para obtener millonarias ganancias. Hablamos con Bruno Vadala, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos, sobre un caso que podría sentar un precedente histórico.
La semana pasada dieron inicio en la provincia de Neuquén las audiencias preliminares en la causa que investiga a las ex autoridades de Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.). La empresa está imputada por los graves delitos de defraudación y contaminación ambiental con materiales peligrosos para la salud.
Debido a la severidad de los hechos y su impacto en la comunidad, la fiscalía y las querellas solicitaron que el caso sea resuelto mediante un juicio por jurados populares. En esta etapa, el juez de garantías deberá definir si existen méritos suficientes para que la causa avance a la etapa de juicio oral y público.
Un pasivo tóxico a metros de las viviendas
Según datos relevados por el Observatorio Petrolero Sur, el predio de Comarsa ocupa 17 hectáreas en la ciudad de Neuquén, colmadas de barros tóxicos derivados de la explotación no convencional mediante fracking en Vaca Muerta. El riesgo sanitario y ambiental es alarmante: el basurero se encuentra a pocos metros de viviendas y proyectos urbanísticos.
Frente al crecimiento exponencial de los residuos generados por la industria, la empresa expandió sus operaciones de manera ilegal sobre terrenos fiscales provinciales y municipales, sin autorización previa. Las inspecciones oficiales revelaron un escenario crítico: piletas clandestinas, superficies ocupadas sin habilitación y una capacidad de tratamiento muy inferior al volumen real de residuos acumulados.
Esta situación viola flagrantemente el Decreto Provincial 2263/15, que prohíbe la instalación de plantas de tratamiento de este tipo a menos de ocho kilómetros de centros poblados. Una exigencia legal que, durante años, fue incumplida por Comarsa y que hoy sigue siendo desatendida por la mayoría de las empresas tratadoras de residuos petroleros de la región.
El modus operandi: millones en dividendos a costa del ambiente
En diálogo con 4Palabras, Bruno Vadala, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, detalló la mecánica del delito y el contexto en el que se desarrollaron los hechos.
“Para enmarcar la respuesta, el proceso penal en el fuero de Neuquén lo afrontan el director principal, el director suplente y el gerente general. Su participación está ligada a los roles que ejercían desde 2013 en adelante”, explicó Vadala.
El letrado reveló cómo operó la empresa tras el auge de las perforaciones por fracking impulsado por el acuerdo entre YPF y Chevron: “Comarsa fue contratada por las petroleras para tratar los residuos. Sin embargo, no los trató como debía y los fue acumulando. Al mismo tiempo, en los balances contables omitieron los costos de esos tratamientos para figurar como superavitarios, obtener nuevos contratos y distribuir dividendos. Estamos hablando de millones de dólares de ganancias por parte de los directivos”.
En conclusión, la imputación penal consiste en la contaminación del suelo y el ambiente con materiales peligrosos (catalogados como tal por la ley 24.051) y la defraudación a la propia empresa en tanto persona jurídica.
Un juicio estratégico y la debilidad del Estado
Respecto a las expectativas de esta instancia judicial, Vadala destacó la importancia de la prueba técnica: “Estamos en la etapa final de investigación. La expectativa está puesta en la aceptación de la prueba pericial, pensando en un juicio por jurados populares. Esperamos echar luz sobre una realidad de la industria petrolera que poca gente conoce: el pasivo ambiental”.
Consultado sobre si este proceso puede sentar un antecedente para futuras luchas socioambientales, el abogado fue contundente: “Sí, sin duda. Son juicios estratégicos, impulsados por organizaciones de vecinos y derechos humanos contra poderes económicos. Son muy difíciles de llevar adelante, pero muy importantes. Sería clave que las autoridades públicas y las grandes empresas tomen nota para mejorar sus controles y prácticas”.
Al ser consultado sobre la posible complicidad de funcionarios del Estado Provincial en este desastre ambiental, Vadala prefirió analizarlo desde una perspectiva estructural: “No sé si plantearlo en términos de complicidad directa, pero sí hay responsabilidades de funcionarios públicos que no aplicaron la debida diligencia. Las funciones de control del Estado llegan tarde y sin impacto real. Ahora la investigación está orientada a comprobar la contaminación y el fraude; será para una segunda etapa el avance sobre responsabilidades estatales”.
Finalmente, el representante de la Asamblea por los Derechos Humanos reflexionó sobre la tensión actual entre el poder corporativo y las instituciones: “Todavía hay incertidumbre sobre dónde están todos los residuos petroleros, por lo que no es una situación aislada. Hay una clara falta de controles eficaces que es estructural. Las empresas generadoras ejercen un poder mayor al del propio Estado. Vivimos en una época de grandes empresas que buscan maximizar ganancias y Estados débiles por discursos desreguladores. Es fundamental recordar que toda actividad económica debe respetar los derechos humanos, sea en materia laboral, sanitaria o ambiental”.
Fuente: 4Palabras
