La Justicia impuso una pena de prisión efectiva, que será cumplida bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica debido a su estado de salud. La investigación se inició tras un allanamiento realizado en Catriel en el marco de una causa federal por drogas.
Una mujer fue condenada a seis meses de prisión efectiva por tenencia de material de abuso sexual infantil, luego de que una pericia sobre su teléfono celular permitiera detectar 169 videos y dos imágenes con víctimas menores de 13 años. Por razones vinculadas con su estado de salud, la pena será cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con monitoreo mediante tobillera electrónica.
La sentencia fue dictada este miércoles durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la mujer reconoció formalmente su responsabilidad penal. La jueza María Florencia Caruso Martín resolvió aplicar la pena solicitada por la parte acusadora, con renuncia a los plazos procesales y la colocación del dispositivo de control electrónico.
El caso se inició en abril de 2023, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda de la imputada, ubicada en la localidad de Catriel, en el marco de una investigación federal relacionada con drogas. El procedimiento había sido ordenado por el Juzgado Federal de General Roca.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron el teléfono celular de la mujer para someterlo a una revisión técnica. Posteriormente, la División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal analizó el dispositivo y encontró los archivos que dieron origen a la acusación penal.
Según se informó durante la audiencia, el material hallado estaba compuesto por 169 videos y dos imágenes de contenido de abuso sexual infantil, con víctimas menores de 13 años. Las pericias determinaron además que los archivos estaban vinculados con enlaces de la plataforma de mensajería Telegram.
La fiscal Analía Díaz presentó las pruebas reunidas durante la investigación y señaló que la acusada posee antecedentes penales. Además, indicó que desde junio cumple una condena de prisión domiciliaria en el marco de otra causa federal.
La defensa, representada por el abogado Ángelo Zamataro Amaranto, no formuló objeciones respecto de la acusación ni de la calificación legal atribuida a los hechos. La mujer, en tanto, admitió su responsabilidad penal.
Finalmente, la magistrada dispuso que la condena de seis meses de prisión efectiva sea cumplida en el domicilio de la acusada, con monitoreo electrónico. También ordenó librar un oficio al Juzgado Federal correspondiente para avanzar en la unificación de penas, debido a que ese organismo deberá resolver la cuestión al tratarse de la autoridad que impuso la condena de mayor duración.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
