La reciente visita de Kristalina Georgieva dejó un “triste espectáculo” de subordinación. Entre números que revelan una estafa histórica y un plan económico calcado al de los burócratas de Washington, el Gobierno confirma que la Casa Rosada es apenas una sucursal del Fondo.
La reciente visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no fue una reunión diplomática más: fue la escenificación de una rendición. Bajo la mirada complaciente de la dirigencia política y empresaria, el gobierno de Javier Milei ofreció un triste y descorazonador espectáculo de subordinación, confirmando lo que ya es una evidencia innegable: el mando de la política económica argentina ya no reside en Balcarce 50, sino en Washington.
Lejos de la supuesta neutralidad técnica con la que los operadores locales intentan venderlo, el FMI es un organismo esencialmente político. Es el brazo ejecutor de las potencias imperialistas y su herramienta favorita para imponer su voluntad sobre los países periféricos es la odiosa “sumisión por deudas”. Durante la gira de Georgieva, los funcionarios del mileísmo se mostraron no como representantes de un Estado nacional, sino como gerentes de una sucursal bancaria, ansiosos por demostrar que cumplen a rajatabla con las exigencias del “malo perfecto” del sistema financiero global.
Para entender la magnitud de la entrega, basta con dejar de lado los discursos de legitimación y mirar los números que el oficialismo intenta ocultar bajo una cortina de humo. Desde 2018 hasta junio de 2026, Argentina pagó más de 56.000 millones de dólares entre capital e intereses. Sin embargo, pese a haber desembolsado una fortuna, la deuda vigente asciende hoy a 58.000 millones de dólares.
La ecuación es tan absurda como brutal: el país recibió 64.000 millones, pagó 56.000 millones y sigue debiendo 58.000 millones. Una hipoteca impagable que garantiza la extracción del excedente nacional en vivo y en directo. Lejos de la realidad, las frases que trascendieron desde una cena con empresarios, donde Georgieva afirmó convencida que en un “futuro cercano” el Fondo le pedirá plata a la Argentina, son un insulto a la inteligencia colectiva. Hace rato que el país paga el sueldo de Kristalina y de quienes la sucedan.
Pero el daño no es solo financiero; es estructural, ideológico y de clase. El acuerdo con el FMI no es un accidente para el mileísmo, es su condición de existencia y su “sello de calidad”. El Gobierno ha encontrado en el Fondo al socio perfecto para aplicar el plan preferido de las clases dominantes locales: licuación salarial para maximizar la tasa de ganancia, reducción de impuestos al capital, desregulación total y, sobre todo, la destrucción sistemática del Estado.
La obra pública reducida a cero, el desfinanciamiento de la salud, la educación y los salarios públicos —incluidos los de las Fuerzas Armadas— y la amenaza latente sobre el sistema previsional no son “ajustes necesarios”, sino las cláusulas ineludibles de un contrato de sumisión. El enemigo a combatir, bajo la lupa del Fondo y la complicidad local, son las funciones sociales del Estado.
Tener a los burócratas del FMI dentro del proceso de toma de decisiones implica la anulación de cualquier grado de libertad política. La superación de esta restricción real exige cancelar la deuda, una opción unilateral que el actual gobierno descarta para evitar ser un “paria global”, prefiriendo en su lugar administrar la decadencia desde adentro.
Si el macrismo fue la desgracia original que endeudó al país hasta las orejas y lo puso de rodillas en 2018, el verdadero crimen del mileísmo es haber regresado voluntariamente a la tutela del Fondo. Con el respaldo de los mercados y el sacrificio de las mayorías populares, el Gobierno no solo heredó la crisis: le cedió el timón, la llave de la caja y la soberanía nacional a los mismos que la hipotecaron.
