La desregulación ya no alcanza: ahora el Gobierno pretende desregular a los propios seres humanos
Desde que asumió la Presidencia, Javier Milei dejó en claro que su objetivo era reducir el Estado hasta su mínima expresión. Eliminó organismos públicos, impulsó privatizaciones, desmanteló áreas de control y convirtió la palabra “desregulación” en el eje de toda su gestión. Sin embargo, el proyecto presentado recientemente para crear las denominadas “sociedades automatizadas” lleva esa lógica a un nivel completamente diferente.
Ya no se trata solamente de quitar controles al mercado. La iniciativa propone modificar uno de los pilares históricos del capitalismo moderno: la propia definición de empresa.
Si el Congreso aprobara la reforma, Argentina podría convertirse en el primer país del mundo en reconocer legalmente compañías administradas íntegramente por inteligencia artificial, capaces de funcionar sin trabajadores humanos y donde las decisiones cotidianas recaigan sobre algoritmos en lugar de personas.
La pregunta ya no es únicamente económica.
Es política.
Y también civilizatoria.
Una empresa sin empleados, sin gerentes… y casi sin responsables
El proyecto modifica la Ley General de Sociedades para incorporar una nueva figura jurídica denominada “Sociedad Automatizada”.
Su definición resulta contundente: organizaciones cuyo objeto social es desarrollado mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir recursos humanos para su funcionamiento normal.
La sola lectura del texto abre un interrogante inquietante.
Durante más de cuatro siglos, el derecho comercial construyó la idea de persona jurídica como una ficción legal detrás de la cual siempre existían personas físicas responsables.
El proyecto rompe esa lógica.
Cuando una decisión sea tomada por un algoritmo, la responsabilidad recaería únicamente sobre el patrimonio de la empresa automatizada.
En apariencia parece una cuestión técnica.
En realidad supone alterar uno de los principios fundamentales sobre los cuales funciona el sistema jurídico occidental.
¿Quién responde cuando un algoritmo discrimina?
¿Quién asume la responsabilidad si una inteligencia artificial produce daños económicos, sociales o incluso físicos?
El proyecto responde: la empresa.
Pero detrás de esa empresa ya no necesariamente existirán personas tomando decisiones.
La Argentina como paraíso regulatorio
Javier Milei y Federico Sturzenegger no esconden el objetivo.
En un artículo publicado por el Financial Times sostuvieron que Argentina debe transformarse para la inteligencia artificial en lo que Ámsterdam representó para la navegación comercial durante la Edad Moderna.
La propuesta incluye baja carga impositiva, regulación mínima y nuevas figuras jurídicas especialmente diseñadas para atraer gigantes tecnológicos.
La estrategia parte de una premisa sencilla.
Mientras Europa endurece las regulaciones y Estados Unidos enfrenta crecientes debates internos sobre privacidad, monopolios y responsabilidad de las plataformas, Argentina ofrece exactamente lo contrario.
Menos controles.
Menos exigencias.
Menos intervención estatal.
La apuesta oficial consiste en convertir al país en el destino preferido para empresas que consideran demasiado restrictivos los marcos regulatorios de las economías desarrolladas.
El país como laboratorio
Detrás del discurso de la innovación aparece otra lectura.
Especialistas en derecho digital, economía política y relaciones internacionales advierten que Argentina podría transformarse en un gigantesco laboratorio donde las corporaciones experimenten tecnologías que todavía generan enormes discusiones en el resto del mundo.
La lógica resulta conocida.
Los países centrales desarrollan la tecnología.
Las naciones periféricas aportan recursos naturales, beneficios fiscales, infraestructura barata y regulaciones flexibles.
No sería la primera vez que ocurre.
La diferencia es que ahora el recurso estratégico ya no es solamente el petróleo, el litio o el cobre.
También lo son los datos.
Y el marco legal.
El desembarco de Palantir
En ese escenario adquiere especial relevancia la figura del empresario estadounidense Peter Thiel.
Fundador de Palantir, primer inversor externo de Facebook y una de las figuras más influyentes del capitalismo tecnológico, Thiel aparece como uno de los principales promotores del nuevo esquema argentino.
Palantir desarrolla sistemas utilizados por organismos militares, agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad para integrar enormes bases de datos.
Su software Gotham puede cruzar información proveniente de registros públicos, redes sociales, movimientos financieros y otras fuentes para elaborar perfiles extremadamente detallados.
Mientras tanto, el Gobierno argentino anunció el programa denominado “Gemelo Digital Social”, una plataforma basada en inteligencia artificial destinada a integrar grandes volúmenes de información sobre salud, movilidad y múltiples variables vinculadas con la actividad de los ciudadanos.
Para algunos analistas, ambas iniciativas revelan una coincidencia difícil de ignorar.
Mientras el Estado reduce controles económicos, amplía exponencialmente su capacidad tecnológica para procesar información.
La discusión ya no gira únicamente alrededor de la eficiencia.
También involucra privacidad, vigilancia y concentración de poder.
Una pieza del tablero geopolítico
La inteligencia artificial dejó hace tiempo de ser únicamente una innovación tecnológica.
Hoy constituye uno de los principales escenarios de disputa entre Estados Unidos y China.
Controlar los modelos de IA significa controlar industrias, defensa, comunicaciones, finanzas, investigación científica y enormes volúmenes de información estratégica.
En ese contexto aparece otro elemento central.
Argentina posee litio, enormes reservas energéticas, disponibilidad territorial para centros de datos y condiciones climáticas favorables para infraestructura tecnológica.
No sorprende entonces que Washington observe con interés el país.
Tampoco que el Gobierno busque alinearse con los intereses estratégicos estadounidenses en materia tecnológica.
Para numerosos investigadores, el proyecto forma parte de una estrategia mayor destinada a integrar a la Argentina dentro de la denominada “Pax Silica”, una red orientada a asegurar cadenas de suministro críticas para la industria tecnológica occidental frente al avance chino.
¿Desarrollo o dependencia?
El oficialismo sostiene que la desregulación atraerá inversiones multimillonarias.
El proyecto Stargate Argentina promete un gigantesco centro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia.
El denominado Super RIGI ofrece beneficios fiscales durante treinta años para emprendimientos tecnológicos de gran escala.
La expectativa oficial es posicionar al país como un actor relevante en la nueva economía digital.
Pero las preguntas siguen abiertas.
¿Cuánto empleo generarán empresas diseñadas precisamente para funcionar sin trabajadores?
¿Cuánto conocimiento permanecerá en el país?
¿Cuánta riqueza tributará efectivamente al Estado?
¿Quién controlará tecnologías capaces de tomar decisiones autónomas?
Las experiencias internacionales muestran que las grandes plataformas digitales concentran enormes ganancias mientras requieren relativamente poca mano de obra en comparación con las industrias tradicionales.
Si además reciben amplios beneficios fiscales, la ecuación económica resulta todavía más controvertida.
El riesgo democrático
El historiador Yuval Noah Harari lanzó una advertencia que resume el núcleo del debate.
Reconocer personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial podría abrir la puerta a Estados donde corporaciones no humanas adquieran niveles inéditos de influencia política y económica.
La reflexión no pertenece a la ciencia ficción.
Pertenece al presente.
Porque cuando las decisiones comienzan a trasladarse desde personas hacia algoritmos, la discusión deja de ser tecnológica.
Pasa a ser institucional.
¿Quién controla al controlador?
¿Quién audita al algoritmo?
¿Quién garantiza que el interés público prevalezca sobre el interés corporativo?
Más que una reforma empresarial
El proyecto presentado por el Gobierno no constituye simplemente una modificación de la legislación societaria.
Representa una declaración ideológica sobre el papel que deberán desempeñar el Estado, las empresas y la propia ciudadanía en la economía del siglo XXI.
Para sus defensores, se trata de una oportunidad histórica para colocar a la Argentina en la vanguardia tecnológica mundial.
Para sus críticos, es el paso más audaz de una estrategia que sustituye regulación democrática por autorregulación corporativa, transfiriendo crecientes cuotas de poder desde las instituciones públicas hacia conglomerados tecnológicos de escala global.
La verdadera discusión, entonces, excede ampliamente la inteligencia artificial.
Lo que está en juego es quién gobernará las próximas décadas: los representantes elegidos por la sociedad o algoritmos diseñados por empresas privadas cuyo objetivo principal no es el interés público, sino la maximización de sus beneficios.
Y esa discusión, lejos de ser técnica, definirá buena parte del futuro político, económico y democrático de la Argentina.
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