Mientras la Argentina atraviesa una de las peores crisis educativas de las últimas décadas —con caída sostenida en los aprendizajes, aumento de la desigualdad escolar y deterioro presupuestario— el Gobierno nacional decidió avanzar con una de las reformas más disruptivas de su agenda: habilitar el homeschooling, un sistema que permitiría a las familias educar a sus hijos fuera de las escuelas y trasladar al hogar la responsabilidad principal del proceso educativo.
La propuesta, contenida en la denominada “Ley de Libertad Educativa”, ya comenzó a discutirse en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y representa mucho más que una modificación administrativa: supone un cambio profundo en la concepción del derecho a la educación, el papel del Estado y la función histórica de la escuela pública argentina.
Sus impulsores la presentan como una ampliación de las libertades individuales. Sus detractores la consideran el primer paso hacia un proceso de desregulación que podría erosionar uno de los pilares del sistema educativo nacional.
Un proyecto con fuerte contenido ideológico
La iniciativa es promovida por el economista Agustín Etchebarne, uno de los intelectuales cercanos al presidente Javier Milei y referente del pensamiento liberal clásico.
El proyecto fue presentado esta semana durante un encuentro realizado en Paraná, Entre Ríos, junto a Martín Krause, recientemente designado director académico de la Fundación Faro, y Cristian Centurión, referente provincial de Las Fuerzas del Cielo, el espacio político alineado con Santiago Caputo.
No fue una exposición meramente técnica.
Según publicó La Política Online, los organizadores sintetizaron el objetivo político del encuentro con una frase que dejó escaso margen para las interpretaciones:
“El objetivo es llegar un día a eliminar el Estado.”
La definición no resulta menor.
Durante la misma actividad, Krause presentó su libro La utopía libertaria: el fin del Estado, una obra elogiada públicamente por Javier Milei y que resume buena parte del marco filosófico desde el cual el oficialismo impulsa sus reformas estructurales.
En ese contexto, la reforma educativa aparece como una pieza más dentro de una estrategia más amplia de reducción de la intervención estatal.
¿Qué es el homeschooling?
El homeschooling —o educación en el hogar— consiste en que los niños reciban toda su formación fuera de las instituciones educativas tradicionales.
Los padres o tutores asumen la enseñanza cotidiana y el Estado únicamente interviene para evaluar periódicamente si el alumno alcanzó los contenidos mínimos establecidos.
Si aprueba esas evaluaciones, obtiene certificaciones oficiales.
La modalidad tiene su mayor desarrollo en Estados Unidos, donde se estima que entre 3 y 4 millones de estudiantes reciben educación domiciliaria, equivalente a aproximadamente el 6% de la matrícula escolar.
Sin embargo, el propio modelo estadounidense dista de ser uniforme.
Cada estado posee regulaciones diferentes: algunos exigen inspecciones periódicas, presentación de programas de estudio y evaluaciones anuales; otros prácticamente no ejercen controles.
Países como Alemania, en cambio, prohíben el homeschooling salvo circunstancias excepcionales al considerar que la escolarización cumple una función esencial para la integración democrática.
En Francia, el gobierno endureció recientemente las condiciones para acceder a esta modalidad justamente por preocupaciones vinculadas con el aislamiento social y la radicalización ideológica.
Una propuesta que llega en el peor momento educativo
La iniciativa desembarca cuando el sistema educativo argentino exhibe indicadores preocupantes.
Las pruebas nacionales Aprender muestran desde hace varios años dificultades persistentes en comprensión lectora y matemática.
Los estudios internacionales de PISA también reflejan un retroceso sostenido respecto de décadas anteriores.
A ello se suma otro fenómeno:
La creciente desigualdad entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.
Especialistas sostienen que precisamente ese contexto vuelve especialmente problemática la implementación del homeschooling.
Mientras en países desarrollados existen familias con capacidad económica para dedicar uno de sus integrantes casi exclusivamente a la educación de los hijos, en Argentina millones de hogares dependen de dos o incluso tres empleos para sostener ingresos básicos.
La consecuencia es evidente.
Educar en casa deja de ser una posibilidad universal para transformarse en un privilegio reservado a quienes disponen de tiempo, recursos y formación suficiente.
Libertad para algunos, desigualdad para muchos
Los defensores del proyecto plantean que el Estado no debería monopolizar las formas de enseñanza.
Sin embargo, numerosos investigadores advierten que el concepto de “libertad educativa” puede ocultar profundas desigualdades materiales.
La educación domiciliaria exige:
- disponibilidad horaria;
- acceso permanente a internet;
- bibliografía;
- recursos tecnológicos;
- espacios físicos adecuados;
- capacidad pedagógica.
Todo ello en un país donde más de la mitad de los niños viven en hogares con dificultades económicas y donde la pobreza infantil continúa en niveles históricamente elevados.
Diversos especialistas sostienen que, en esas condiciones, el homeschooling podría ampliar la brecha entre quienes ya cuentan con mayores oportunidades y quienes dependen exclusivamente de la escuela pública.
La escuela: mucho más que un lugar para aprender contenidos
Uno de los aspectos menos visibles del debate es el papel social que desempeñan las instituciones educativas.
La escuela no sólo enseña lengua, matemática o ciencias.
También constituye uno de los principales espacios donde los niños aprenden a convivir con personas diferentes, resolver conflictos, construir vínculos, respetar normas comunes y desarrollar ciudadanía.
La experiencia de la pandemia dejó evidencia concreta sobre este punto.
Durante los largos meses de educación virtual aumentaron los problemas de ansiedad, aislamiento y dificultades de socialización entre niños y adolescentes.
Muchos especialistas consideran que el homeschooling permanente podría reproducir parte de esos efectos.
Un vacío legal que hoy impide su aplicación
Actualmente la legislación argentina no contempla esta modalidad por decisión voluntaria de las familias.
La Ley Nacional de Educación 26.206 únicamente admite la educación domiciliaria cuando existen razones médicas debidamente acreditadas.
En distintas oportunidades, la Justicia rechazó pedidos de padres que pretendían retirar definitivamente a sus hijos del sistema escolar.
El argumento fue siempre similar:
El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación y verificar que los contenidos mínimos efectivamente sean enseñados.
Sin ese reconocimiento oficial, los estudiantes podrían enfrentar serias dificultades para validar estudios superiores o incorporarse posteriormente al mercado laboral formal.
La otra función silenciosa de la escuela
Existe además una dimensión pocas veces mencionada.
La escuela funciona como una de las principales redes de protección de la infancia.
Miles de casos de violencia familiar, abuso sexual, trabajo infantil o negligencia son detectados cada año gracias a la observación cotidiana realizada por docentes, directivos, equipos de orientación y profesionales de la educación.
En muchos sectores vulnerables, además, la escuela garantiza alimentación diaria, controles sanitarios y acompañamiento psicológico.
Retirar completamente a un niño del sistema educativo formal implica reducir significativamente esa capacidad de detección temprana.
Por esa razón, distintos fallos judiciales argentinos han considerado que la escolarización constituye una garantía adicional para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
¿Puede cualquier padre reemplazar a un docente?
Otro interrogante atraviesa toda la discusión.
La enseñanza profesional requiere competencias específicas que exceden el conocimiento de una materia.
Los institutos de formación docente preparan a los educadores en didáctica, psicología evolutiva, evaluación, planificación curricular e inclusión educativa.
Especialistas consultados en distintos debates académicos coinciden en que el dominio de un contenido no garantiza la capacidad de enseñarlo.
En consecuencia, trasladar completamente esa responsabilidad a las familias podría afectar la calidad del proceso educativo.
El rechazo sindical
La respuesta de los sindicatos docentes fue inmediata.
CTERA, UDA, SUTEBA, SiTBA y otras organizaciones calificaron el proyecto como un intento de desmantelar el sistema educativo público.
Roberto Baradel sostuvo que la iniciativa implica avanzar sobre la Ley Nacional de Educación y confirmó que los gremios permanecen en estado de alerta.
La UDA habló de un “profundo retroceso en derechos”, mientras que SiTBA llegó a definir la propuesta como “una sentencia de muerte para la educación pública y laica”.
CTERA, por su parte, vinculó la reforma con la misma lógica de reducción estatal que inspiró la Ley Bases y cuestionó la degradación del Ministerio de Educación al rango de Secretaría.
Los sindicatos ya analizan nuevas movilizaciones, paros y acciones de protesta si el proyecto continúa avanzando en el Congreso.
El verdadero debate
Más allá de la discusión sobre el homeschooling, la iniciativa pone sobre la mesa una pregunta mucho más profunda.
¿La educación es un derecho garantizado colectivamente por el Estado o un servicio cuya organización debe quedar principalmente en manos de cada familia?
Para el oficialismo, ampliar las opciones educativas significa ampliar libertades.
Para gran parte del mundo académico, esa libertad sólo existe cuando todas las familias parten de condiciones semejantes, algo que hoy dista mucho de ocurrir en la Argentina.
En un país donde la escuela pública ha sido históricamente uno de los principales mecanismos de movilidad social, integración y construcción de ciudadanía, el avance de la llamada “Ley de Libertad Educativa” abre un debate que trasciende la cuestión pedagógica.
Lo que está en discusión no es únicamente dónde estudian los niños.
También se debate cuál será el rol del Estado, qué modelo de sociedad pretende construirse y hasta dónde puede trasladarse al ámbito privado una responsabilidad que, durante más de un siglo, fue considerada uno de los pilares del contrato social argentino.
