Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y referentes políticos realizaron una conferencia de prensa en el SERPAJ para exigir la liberación de ambos manifestantes, quienes permanecen con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Denuncian un avance en la criminalización de la protesta social.
A cuatro meses de la detención de Milton Tolomeo y a casi tres de la de Eneas Gallo, la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs realizó una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) para reclamar su inmediata liberación y denunciar lo que consideran un nuevo avance sobre el derecho a la protesta y las libertades democráticas en Argentina.
La actividad contó con la participación de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, que expresaron su preocupación por la continuidad de las prisiones preventivas dictadas contra ambos manifestantes. Desde la Coordinadora sostuvieron que los expedientes judiciales abiertos en su contra constituyen “un grave avance en la criminalización de la protesta social” y reclamaron su “inmediata libertad y desprocesamiento”.
Milton Tolomeo, masajista, socorrista profesional y fundador de la Asamblea Popular de Vecinos de Lanús, fue detenido el 15 de febrero tras participar en movilizaciones de apoyo a jubilados. En tanto, Eneas Gallo, trabajador precarizado de la empresa Pedidos Ya e integrante de la asamblea de General Rodríguez, fue arrestado el 18 de marzo acusado de manifestarse contra la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.
Ambos permanecen detenidos en el penal de Marcos Paz luego de que, a mediados de mayo, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires confirmara sus prisiones preventivas. La decisión judicial fue cuestionada por la Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a Gallo, desde donde advirtieron que “dictar la prisión preventiva en el marco de la protesta social será la regla en los próximos años en Argentina”, al considerar que se priva de la libertad a personas sin condena ni juicio oral.
La conferencia reunió además a dirigentes y referentes políticos como el diputado nacional Nicolás del Caño y la legisladora porteña Vanina Biasi, ambos del Frente de Izquierda Unidad, así como a Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado durante la Masacre de Avellaneda en 2002.
Las organizaciones que impulsan el reclamo vinculan estos casos con un contexto de creciente judicialización de la protesta social. Señalan que, tras la aprobación de la Ley Bases y la aplicación del denominado protocolo antipiquetes, se ha producido un endurecimiento de las respuestas estatales frente a movilizaciones sindicales, sociales y territoriales.
Asimismo, denuncian la existencia de prácticas de ciberpatrullaje, persecución política y utilización del sistema judicial para desalentar la organización y la protesta de sectores afectados por el ajuste económico, los despidos y las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
En este escenario, marcado por el aumento de la conflictividad social y el deterioro de las condiciones económicas de amplios sectores de la población, los casos de Tolomeo y Gallo se han convertido en una bandera para organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos que advierten sobre los riesgos que, a su juicio, representa la criminalización de la protesta para las garantías democráticas y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
