La asistencia fue formalizada mediante una Carta de Acuerdo entre ambos países y contempla capacitación, equipamiento e intercambio de inteligencia. El anuncio se produce en medio de la crisis política y de los cuestionamientos sobre el regreso de la DEA al país.
El Gobierno de Estados Unidos destinará 20 millones de dólares a Bolivia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en el marco de una Carta de Acuerdo suscrita entre ambos países para ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El convenio fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia. Según informó la Cancillería boliviana, los fondos estarán destinados a cooperación técnica, capacitación de personal, equipamiento especializado y fortalecimiento institucional en áreas vinculadas a la seguridad pública, la investigación criminal y el combate al crimen organizado.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno boliviano destacó que la iniciativa refleja su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la coordinación frente a desafíos comunes de seguridad.
Contexto político y respaldo a Rodrigo Paz
El anuncio se produce en un escenario de creciente conflictividad social y política. Desde mayo, Bolivia enfrenta protestas y bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones sindicales, campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En ese contexto, funcionarios estadounidenses expresaron públicamente su respaldo al mandatario boliviano. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldaron la postura de Paz, quien sostuvo que detrás de algunas de las movilizaciones existen “intereses narcoterroristas” vinculados al crimen organizado, aunque también reconoció la existencia de reclamos legítimos por parte de diversos sectores sociales.
Acercamiento diplomático tras años de distanciamiento
La cooperación en seguridad forma parte de un proceso más amplio de acercamiento entre La Paz y Washington. Ambos gobiernos manifestaron recientemente su intención de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, deterioradas desde 2008 cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), acusándolos de conspirar contra su gestión.
A pesar de la mejora en los vínculos bilaterales, ninguno de los dos países anunció todavía la designación de nuevos embajadores. Mientras tanto, la representación estadounidense en Bolivia también experimentará cambios: Debra Hevia concluirá su misión en La Paz tras casi tres años y será reemplazada por Erik Martini.
El regreso de la DEA y el intercambio de inteligencia
El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, había adelantado en mayo que la DEA volvería a tener presencia en Bolivia mediante una oficina instalada en La Paz destinada al intercambio de información e inteligencia criminal.
Sin embargo, el funcionario aclaró que no habrá operativos conjuntos con agentes extranjeros. “No hay operativos conjuntos con otros agregados policiales o con otras instancias. Y con la DEA no va a ser la excepción”, afirmó.
Justiniano también negó versiones que señalaban la presencia de agentes estadounidenses en las denominadas “zonas rojas” del Chapare, en Cochabamba, región considerada uno de los principales centros productores de hoja de coca del país y bastión político de Evo Morales. No obstante, ya había confirmado que Bolivia retomó investigaciones conjuntas con la DEA en casos vinculados al narcotráfico.
Escudo de las Américas y la captura de Marset
En marzo, Bolivia se incorporó al programa Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el crimen transnacional en América Latina y el Caribe.
Uno de los primeros resultados de esa cooperación fue la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz. Investigado por presuntamente movilizar unas 16 toneladas de cocaína, Marset fue detenido gracias a un operativo coordinado entre la policía boliviana y organismos de inteligencia de Estados Unidos y países vecinos.
Tras su arresto, fue entregado a agentes de la DEA y trasladado a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos por lavado de dinero.
Cuestionamientos desde la Vicepresidencia
El fortalecimiento de la cooperación con Washington y el retorno de la DEA generaron críticas dentro del propio Gobierno boliviano. El vicepresidente Edmand Lara cuestionó públicamente la estrategia y puso en duda su efectividad.
En un mensaje difundido por canales oficiales de la Vicepresidencia, Lara afirmó que “el Ministerio de Gobierno nos ha vendido la idea de que la adhesión al programa Escudo de las Américas y el retorno de la DEA a Bolivia serían una solución. Sin embargo, los hechos generan todo lo contrario”.
Además, planteó interrogantes sobre el rol de las instituciones estatales frente al avance del crimen organizado. “Corresponde preguntarse con firmeza: ¿Las instituciones bolivianas están defendiendo la seguridad del Estado o están permitiendo la consolidación de una estructura de protección al crimen organizado?”, sostuvo.
La nueva asistencia estadounidense y el creciente nivel de cooperación bilateral marcan un punto de inflexión en la relación entre ambos países, aunque el debate interno sobre la presencia de organismos estadounidenses en Bolivia continúa abierto.
