La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción a un proyecto impulsado por el presidente José Antonio Kast que reducirá la carga tributaria empresarial y generará una caída estimada de 4 mil millones de dólares anuales en la recaudación fiscal.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles una controvertida reforma fiscal promovida por el gobierno del presidente ultraconservador José Antonio Kast, que contempla una fuerte reducción de impuestos para grandes empresas y beneficios tributarios para los sectores de mayores ingresos del país.
La iniciativa obtuvo 90 votos favorables, 52 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría asegurada y se anticipan modificaciones al texto.
El eje central del proyecto es la reducción del impuesto a la renta empresarial del 27 al 23 por ciento para las grandes compañías. Actualmente, las pequeñas empresas con ventas anuales de hasta 3 millones de dólares tributan una tasa de 12,5 por ciento.
Según estimaciones oficiales y de organismos técnicos, la reforma implicará una merma inmediata de aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales para el fisco, profundizando el déficit fiscal chileno, que actualmente alcanza el 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo encargado de evaluar la sostenibilidad de las cuentas públicas, advirtió que el plan “genera un impacto fiscal neto negativo” y alertó sobre “un descalce entre costos y beneficios fiscales”.
El proyecto fue diseñado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, bajo la premisa de que una menor carga impositiva estimulará la inversión privada, impulsará el crecimiento económico del actual 2 al 4 por ciento anual y fomentará el empleo formal.
La oposición centroizquierdista cuestionó duramente esa lógica económica y comparó la iniciativa con la teoría del “chorreo” neoliberal aplicada durante la dictadura de Augusto Pinochet por los llamados “Chicago Boys”.
La denominada “ley miscelánea” incorpora además una serie de disposiciones adicionales que han generado fuerte controversia política y social. Entre ellas, establece invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a los 50 millones de dólares, habilita a accionistas de grandes grupos económicos a descontar de sus impuestos personales lo tributado por sus empresas y reduce al 7 por ciento la tasa para la repatriación de capitales no declarados, frente al 12 por ciento vigente.
Además, crea un crédito tributario para empresas que regularicen trabajadores con salarios cercanos al mínimo, medida que tendrá un costo estimado de mil 200 millones de dólares anuales para el Estado.
Otro de los puntos más discutidos es la eliminación del impuesto territorial para propietarios mayores de 65 años de viviendas con tasaciones fiscales superiores a los 70 mil dólares. La medida beneficiaría principalmente a sectores de altos ingresos y, según cálculos oficiales, implicará una pérdida de unos 200 millones de dólares destinados actualmente al financiamiento de municipios más pobres.
Economistas opositores señalaron que el 0,001 por ciento más rico del país —unas 1.500 personas— podría ahorrar cerca de un millón de dólares anuales cada una en impuestos personales gracias a la reforma.
