La Municipalidad acordó con el Colegio de Martilleros que las tasaciones y remates estarán a cargo de profesionales matriculados y designados por sorteo, un mecanismo que busca eliminar la discrecionalidad y garantizar procesos verificables.
La Municipalidad de Catriel firmó un convenio marco de colaboración con el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la 4ta Circunscripción Judicial de Río Negro, con el objetivo de fortalecer la transparencia en los procesos de tasación y subastas de bienes públicos.
El acuerdo fue suscripto junto a autoridades del Colegio, entre ellas su presidente Fernando Meléndez, el secretario Alejandro Flores y la referente de la comisión de legales Alejandra Pino.
A partir de este convenio, las tasaciones y remates de bienes muebles e inmuebles del Municipio estarán a cargo de profesionales matriculados, que además serán designados mediante un sistema de sorteo. Este punto no es menor: introduce un criterio técnico obligatorio y, al mismo tiempo, elimina cualquier margen de discrecionalidad en la elección de los responsables de cada proceso.
En términos prácticos, que intervengan martilleros y corredores públicos matriculados implica que cada operación estará respaldada por estándares profesionales, conocimientos específicos del mercado y responsabilidades legales claramente establecidas. La designación por sorteo, en tanto, evita favoritismos o designaciones direccionadas, promoviendo igualdad de oportunidades entre los profesionales y reduciendo riesgos de irregularidades.
Desde el Colegio explicaron que el sistema permite que cada intervención quede debidamente registrada, con respaldo técnico y un profesional identificado. Esto resulta clave ante eventuales instancias administrativas o judiciales, ya que garantiza trazabilidad y documentación que avale cada procedimiento.
El convenio también contempla la posibilidad de realizar tasaciones en contextos de negociación o resolución de conflictos, tanto entre privados como en situaciones que involucren al Municipio, asegurando valores objetivos, fundamentados y verificables.
La participación de un organismo externo aporta una capa adicional de control institucional, fortaleciendo la confianza pública en el manejo de los bienes del Estado. Cada proceso contará con criterios profesionales, registro formal y supervisión indirecta.
De esta manera, la gestión municipal avanza en la implementación de mecanismos que priorizan la transparencia, el orden administrativo y el uso responsable del patrimonio público, en un área históricamente sensible a cuestionamientos.
