silencios, contradicciones y un nuevo capítulo en la falta de transparencia
El rumor que desde hace semanas circulaba en pasillos oficiales finalmente fue confirmado. El Ejecutivo Municipal reconoció una deuda millonaria con la Cooperativa Coospu: 83.718.402,19 pesos, correspondientes —según la propia respuesta oficial— a consumos de julio y agosto de 2025. El dato surge de la contestación que, con fecha 29 de octubre, el gobierno local envió al Concejo Deliberante tras un pedido de informes presentado en septiembre por las concejalas del Movimiento Popular 25 de Mayo.
El documento oficial, que pretende dar por cumplida la comunicación 28/2025, aporta más sombras que certezas. Allí se detalla que el monto adeudado se vincula a “más de 50 puntos de facturación” a nombre del municipio, sin especificar cuántos exactamente. Ese ambiguo “más de 50” deja abierta una pregunta que no es menor: ¿cuántos son realmente? ¿51, 60, 100? La falta de precisión en un informe oficial, además de improlija, evidencia una llamativa falta de rigurosidad administrativa para tratar una deuda de semejante magnitud.
Tampoco se explica por qué motivo no se pagaron en tiempo y forma los consumos de esos meses, ni si la comuna viene abonando regularmente el servicio corriente. Menos aún se aclara si existen intereses generados por la mora, o si la Cooperativa ha intimado al municipio como lo hace con los usuarios comunes, a quienes les corta el suministro tras dos boletas impagas. ¿Por qué el vecino debe afrontar el corte y el municipio no? La deuda, según se admite, arrastra parte del ejercicio 2023, es decir, de la gestión anterior, y se amplía con la actual administración.
Pero este no es el primer episodio que expone la relación —por momentos confusa— entre el municipio y la Coospu. A fines del año pasado, el Ejecutivo ya había reconocido otra deuda heredada, que en su origen ascendía a 26.609.210,10 pesos. En ese caso, se trataba de un pasivo generado por “un error administrativo”, según la versión oficial. La Cooperativa habría instalado medidores pero “no dio de alta los puntos de consumo en el sistema”, lo que eximía al municipio de responsabilidad por falta de pago.
No obstante, el desenlace fue otro: el municipio terminó haciéndose cargo de la deuda. Y aunque la Coospu había ofrecido dos alternativas —pago en cinco cuotas sin interés o en diez con recargo—, el Ejecutivo optó por una tercera vía, no contemplada en la propuesta inicial: un plan en siete cuotas de 5.528.793,65 pesos cada una, totalizando 38.701.555,55 pesos. Es decir, más de 12 millones adicionales respecto de la deuda original, atribuibles a intereses cuya legalidad no se desprende del expediente.
El punto más delicado es que la ordenanza que autorizó el pago de esa deuda —votada con cinco votos positivos (Álvarez, Bascur, Durán, López y Pineda) y tres negativos (Sosa, Fernández y Sánchez)— solo habilitaba el desembolso de 26.609.210,10 pesos. Nada decía sobre los 12 millones extra que ahora aparecen incorporados al plan. En otras palabras, el Ejecutivo estaría pagando una cifra superior a la autorizada por el Concejo Deliberante.
El reconocimiento de la nueva deuda por casi 84 millones vuelve a poner sobre la mesa la falta de claridad en las cuentas públicas, los criterios con que el municipio administra los fondos de todos y la desigual vara con que se mide la responsabilidad de pago entre el Estado y los vecinos. Mientras el común de los usuarios es sancionado por la mora, el propio municipio —con una deuda que ya supera los 120 millones en conjunto— parece gozar de un trato preferencial y de un preocupante silencio institucional.
En tiempos donde la transparencia debería ser una regla y no una excepción, el Ejecutivo parece elegir el camino contrario: el de la opacidad y la improvisación. Y eso, en un contexto de crisis económica, no solo debilita la confianza ciudadana, sino que también amenaza la sustentabilidad de la cooperativa que brinda un servicio esencial para toda la comunidad.
