Entre ellas está la custodia de la jueza Capuchetti, que llevó el celular hasta Ezeiza, donde peritos de la PSA advirtieron las irregularidades en la preservación.
(Por Ariel Stemphelet para Tiempo Argentino).- En una votación con alianzas infrecuentes, el kirchnerismo pudo imponerse y logró que se destraben medidas para avanzar en un expediente en el que se la investiga a la jueza federal María Eugenia Capuchetti por las fallas en la preservación del celular del atacante de Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel.
La votación tuvo lugar en la mañana del miércoles, mientras en Comodoro Py los abogados de la exvicepresidenta pronunciaban un fuerte alegato con varios tramos con críticas a la instrucción realizada por la jueza. Tanto en ese edificio como en el del Consejo, que funciona en la calle Libertad, ponían la lupa sobre las fallas en la preservación del dispositivo que fue reseteado de fábrica y al día de hoy no se pudo analizar ni recuperar el contenido que tenía hasta la noche del 1° de septiembre del 2022, cuando fue secuestrado.
En el caso del Consejo, la Comisión de Disciplina se reunió para tratar una batería de temas entre los que estaba el expediente 127/2024, iniciado a partir de una denuncia de diputados nacionales de Unión por la Patria. En esa reunión aprobaron la citación de 5 testigos que estuvieron cerca del celular en cuestión durante las primeras horas post ataque.
El expediente contra Capuchetti es instruido en el Consejo por el juez federal Alberto Agustín Lugones, que es consejero en representación del estamento de los jueces. En la mañana del miércoles introdujo entre los temas de la Comisión de Disciplina un pedido para citar a Priscilla Santillán, la efectivo de la Policía Federal que era custodia de Capuchetti y que recibió la orden de la jueza de trasladar el celular del atacante desde Comodoro Py hasta un predio de Ezeiza donde lo esperaban dos peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Esos dos peritos también fueron incorporados en el petitorio de Lugones. Se trata de Camila Dafne Serén y Pablo Kaplan, integrantes de la fuerza aeroportuaria que bajo juramento de decir verdad declararon en el juicio por el atentado que recibieron el celular con la pantalla encendida, en un sobre abierto y sin planilla de cadena de custodia, es decir, sin cumplir las condiciones básicas de preservación de prueba.
El consejero Lugones también incorporó en el pedido de citación a Damián Neustadt, exdirector de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, que estuvo presente cuando el celular fue llevado a Ezeiza por Santillán, y al ex secretario de Seguridad de la Nación, Juan Martín Mena, que estuvo en el Juzgado durante las primeras horas de investigación del hecho.
Foto: Victoria Egurza / Télam
Dos votaciones y tensión
Para destrabar el tema hubo dos votaciones, que terminaron empatadas 5 a 5. De un lado el camarista Barroetaveña y las juezas Provítola y Agustina Díaz Corderó junto al académico Hugo Galderisi y el senador radical Eduardo Vischi. Del otro, Lugones, los senadores del kirchnerismo María Pilatti y Mariano Recalde, el senador del PRO Luis Juez y el abogado César Grau. Este último fue el encargado de desempatar en las dos rondas a favor de las medidas.
Durante el debate previo a las dos votaciones, el juez de Casación Diego Barroetaveña, que también integra el Consejo, pidió que el tema se postergue. Como no dio las razones, rápidamente el diputado y consejero Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) se las pidió. El magistrado respondió: “Necesito ver bien el expediente, nada más”.
Ahí se desató un ida y vuelta al que también se sumó otra de las juezas que integra el Consejo, María Alejandra Provítola, que apoyó la postura de Barroetaveña, y la senadora del kirchnerismo María Inés Pilatti Vergara.
“Evidentemente, hay una tomada de pelo por parte del juez Barroetaveña. Esta denuncia va a cumplir un año en breve y resulta que el doctor no leyó el expediente. Con las postergaciones no vamos a conseguir la verdad, sino la impunidad de la jueza, porque van a estirar esto todo lo que se pueda”, saltó Tailhade.
“Hay bastante prueba producida e involucra el trámite de dos expedientes administrativos en el Consejo, que en tiempos distintos tratarían sobre el mismo asunto y a la par de cuatro procesos penales cuya prueba impactaría en este expediente”, planteó Provítola, al tiempo que dijo que había un fallo de Casación que no estaba incorporado. Se refería a la confirmación del sobreseimiento de un perito de la PFA y dos de la PSA que estaban imputados en la causa penal que investigaba las irregularidades en la preservación del celular.
Unos pocos minutos después, Tailhade volvió a la carga para cuestionar ese argumento. “Un camarista federal llamado Eduardo Freiler fue destituido en este Consejo a pesar de estar sobreseído en una causa penal. Eso debería bastar para tener en claro que una cosa es la investigación penal y otra el sumario que llevamos adelante en este Consejo. Una es la responsabilidad política y la otra penal. No hay obligación del Consejo de la Magistratura de cerrar una investigación porque en una causa hubo alguna novedad que supuestamente favorece a alguien denunciado acá”, respondió.
El intercambio tuvo varios momentos de tensión hasta que se hicieron dos votaciones para destrabar el asunto. En la primera se trató la propuesta de Barroetaveña para posponer el pedido, que salió rechazada con el desempate de Grau. El mismo esquema se repitió en la segunda votación, donde se sometió a escrutinio el pedido para citar a los testigos propuesto por Lugones.
Ahora, resta que se coordine la fecha en la que se los convocará para notificarlos y también notificar a Capuchetti.
El careo en el juicio
Como mencionó este medio en notas anteriores, a excepción de Mena, el resto de las personas que serán citadas ya han declarado como testigos en las causas en relación con el atentado a Cristina Kirchner. Pero tal vez el punto más álgido que tuvieron Serén, Kaplan, Neustadt y Santillán fue en marzo pasado cuando los tres participaron de un careo en el que la custodia de Capuchetti terminó acorralada y sin respuestas para varias de las cosas que le recriminaban de aquella noche en la que llevó a Ezeiza el celular de Sabag Montiel.
“Yo no vi el celular encendido. Lo vi encendido cuando me manifiesta Kaplan que el sobre estaba abierto. Le saqué una foto, no recuerdo exactamente cómo estaba el celular, pero le saqué una foto y la mandé (sic)”, dijo Santillán en el juicio. Rápidamente, Kaplan y Serén le recordaron no solo que “el sobre estaba abierto y se podía ver el brillo de la pantalla encendida”, sino que también había firmado en conformidad una planilla en la que había quedado especificada esa situación irregular.
