Los residentes del Hospital Laura Bonaparte denunciaron que el Gobierno suspendió todos los cupos de formación en salud mental. Desde enero, la institución está intervenida y sufrió 200 despidos. Trabajadores alertan por vaciamiento y desmantelamiento del centro de referencia.
(Data Clave).- La crisis en el Hospital Nacional Laura Bonaparte no da tregua. A los 200 despidos de enero y la intervención oficial que rige desde febrero, ahora se suma una nueva embestida que terminó de encender las alarmas: el cierre total de las residencias en salud mental. Los propios trabajadores confirmaron esta semana que ya no se habilitarán más cupos para prácticas interdisciplinarias, ni siquiera para cargos de jefatura.
La decisión fue comunicada a través de un escrito difundido en redes sociales por los integrantes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM), uno de los programas de formación más reconocidos del país. “Cumplimos con todos los requisitos formales para la renovación de la totalidad de los cupos”, advirtieron. El reclamo apunta al Gobierno nacional y al Ministerio de Salud, a quienes señalan por avanzar con un vaciamiento sin disimulo.
“Es urgente tomar acción frente al ataque que realiza a las residencias, tanto por la formación de profesionales, la fuente de trabajo de los actuales residentes, y los aspirantes, ya la población a quien está destinado nuestro trabajo”, afirmaron los trabajadores, en un comunicado cargado de tensión y preocupación. La medida se conoce justo después del Día Internacional de la Salud, lo que le sumó carga simbólica al conflicto.
Desde fines de enero, el hospital —referente en salud mental y consumos problemáticos— se encuentra intervenido. El Decreto 130/2025, publicado en febrero, inició la intervención por un año, con el argumento de un supuesto “crecimiento desmedido del personal” y un “mal manejo de los fondos” durante la gestión anterior. Como interventor fue nombrado Mariano Bruno Pirozzo, quien consideró con facultades plenas para reorganizar el funcionamiento del organismo descentralizado.
El cierre de las residencias no solo significa menos profesionales formados en salud mental, sino también un golpe directo a la atención de calidad. En los hechos, la residencia funciona como un motor central del trabajo cotidiano en el hospital. Y sin esos profesionales, el riesgo de colapso de los servicios aumenta. “Seguimos brindando atención pública, gratuita y de calidad, en medio de esta incertidumbre y con la falta de 200 compañeros despedidos”, señalaron los trabajadores, que aseguran estar en estado de alerta permanente.
El intento de cierre del Bonaparte no es nuevo. Desde el arranque del gobierno de Javier Milei, distintas áreas del Ministerio de Salud comenzaron a recortar funciones. En enero llegaron los primeros telegramas de despido y desde entonces se suceden los reclamos, los comunicados y los “abrazos simbólicos” al edificio del hospital, en defensa de su rol público. Las protestas, que incluyeron a profesionales de la salud, referentes políticos y artistas, buscan visibilizar el ajuste brutal que atraviesa el sector.
Pese al recorte de personal, la reducción de servicios y el cierre de programas clave, el Gobierno no dio señales de revertir el rumbo. Al contrario, con el fin de contrato de muchos trabajadores el 31 de marzo y sin una renovación a la vista, crece el temor de que lo que empezó como una intervención temporal termine en un desmantelamiento total del Hospital Nacional Laura Bonaparte.
Desde la intervención decretada en febrero, el control total del hospital quedó en manos del Ejecutivo, lo que limita las instancias de participación de sus trabajadores. En paralelo, organizaciones gremiales y colectivos de salud mental evalúan nuevas de fuerza y articulan acciones judiciales para frenar el cierre de las residencias. Mientras tanto, el reclamo sigue en las calles y en las redes, con un mensaje claro: la salud mental no se negocia.
