Una nueva polémica sacude la escena política local tras trascender un fuerte enfrentamiento entre integrantes del Poder Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas, que incluso habría involucrado a la propia intendenta Daniela Salzotto.
La situación salió a la luz a través de declaraciones radiales a la emisora colega FM Alas por parte de una concejala este martes, quien mencionó un “altercado verbal” ocurrido en el ámbito del órgano de control, aunque sin dar demasiados detalles. Poco después, el mismo medio informó que Ramiro Peñalba, integrante del Tribunal de Cuentas, habría radicado una denuncia penal contra el grupo en el que se encontraba también la jefa comunal, quienes habrían ingresado a las oficinas donde trabaja, profiriendo agravios hacia los integrantes del Tribunal, el exintendente Johnston e incluso hacia el gobernador de Río Negro. material que estaría grabado y que incorporaría al cuerpo de la denuncia.
Pese a la gravedad del hecho, no hubo comunicación oficial inmediata por parte del municipio. Recién al día siguiente, un parte de prensa con el membrete del Frente de Acción Vecinal —el espacio político que llevó a Salzotto a la intendencia— fue difundido a través del sistema de comunicación oficial del municipio, generando sorpresa y confusión sobre la naturaleza del mensaje: se trataba de un comunicado partidario, aunque distribuido por canales institucionales.
El texto difundido señala que el Bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Acción Vecinal repudia “el hecho de violencia y maltrato” ocurrido en el Tribunal de Cuentas, destacando que el incidente “afectó la investidura de la Jefa Comunal” y denunció un supuesto episodio de violencia de género y maltrato hacia la intendenta y su equipo.
“Manifestamos una gran preocupación por la manera habitual de dirigirse el señor Peñalba (…). El respeto a la investidura y la persona es innegociable”, indica el comunicado. Además, exige a la Justicia “máxima celeridad y rigor en la investigación”, subrayando que “las disputas de poder no pueden paralizar ni desvirtuar los roles fundamentales del Estado”.
El pronunciamiento también insta al Tribunal de Cuentas a ejercer “su rol de fiscalización con absoluta objetividad, idoneidad y celeridad, despojando su labor de cualquier sesgo partidario”, al tiempo que defiende la continuidad de la gestión ejecutiva “con total transparencia en el manejo de los fondos”.
Hasta el momento, no se conoció una versión oficial del Ejecutivo más allá del comunicado difundido por el Frente, ni se publicó información sobre la supuesta denuncia penal. El episodio reaviva la tensión entre el Poder Ejecutivo y el órgano de control, una disputa que en los últimos meses ya había dejado entrever fricciones institucionales dentro del municipio de Catriel.
