La norma deja sin efecto la ultraactividad de los convenios y da preminencia a las negocaciones por empresa. El representante de la CGT negó que hubiera consensos y Sturzenegger reconoció que apuntan a “desarticular la estructura sindical”.
(Por Alfonso de Villalobos para Tiempo Argentino).- Hasta el momento solo había declaraciones del presidente Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del titular de la Secretaria de Trabajo Julio Cordero. Además existe un proyecto de ley presentado hace alrededor de un año por la diputada libertaria santafesina Romina Diez.
Fuentes oficiales habían desmentido que fuera ese el proyecto que el oficialismo avalaría aunque sí que oficiaría de base para los debates en el Consejo de Mayo al igual que los puntos presentes en el Título IV del DNU 70/23 en suspenso fruto de una cautelar aprobada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Adelantos
Las voces oficiales ya habían indicado que la mira está puesta en los convenios colectivos de trabajo y su denominada ultraactividad y que apuestan a dar una mayor preminencia a los acuerdos por empresa por sobre los de rama.
El lunes se dieron a conocer en diversos medios gremiales especializados presuntos puntos de un proyecto de ley que se habría filtrado de la mesa copnformada a tal efecto y de la que participa, por decisión del poder ejecutivo, el titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT Gerardo Martínez.
Los ejes de la norma
Las versiones periodísticas ratifican que el proyecto del gobierno busca dejar sin efecto los convenios que se hubiera vencido y que, para eso, incluirá una cláusula transitoria que otorgará un año de plazo para que las partes, convocadas por la misma Secretaría de Trabajo, ratifiquen, revisen o dejen sin efecto los convenios que rigen en la actualidad. La decisión, claro, infringe un duro golpe a los sindicatos que se verían forzados a encarar una negociación sin el respaldo que implica la intangibilidad de derechos que garantiza la ultraactividad.
El proyecto, asegura el portal Mundo Gremial, “introduce cambios estructurales a las Leyes 14.250 (Convenios Colectivos) y 23.551 (Asociaciones Sindicales)”. En el primer caso, además de la caducidad automática de todos los convenios vencidos, dispone la “prelación inversa” que da mayor jerarquía a los convenios sectoriales y regionales en detrimento de los acuerdos de orden general. De esta forma debilita la capacidad de negociación colectiva de los gremios y, más de fondo, el poder de los sindicatos.
A la vez, dispone la restricción de los aportes solidarios de cámaras a sindicatos en función de la totalidad de las plantillas. Como contraparte habilita mejoras puntuales para afiliados a las organizaciones sindicales.
Según el mismo portal, la norma impone la autorización patronal para la realización de congresos y asambleas cuando, por su naturaleza, implican un desafío a la parte empresaria y, en muchos casos, para ser efectivas, precisan inmediatez. En la misma línea profundiza la regimentación a las medidas de acción directa como bloqueos, tomas habilitando sanciones administrativas, civiles y penales.
Contra los delegados y las medidas gremiales
Entre otros puntos, además, reduce la capacidad de elección y acción de delegados en las empresas en tanto minimiza la proporción de su representación y los créditos horarios para el ejercicio de los cargos gremiales. A la vez, minimiza los fueros gremiales excluyendo de su alcance a cargos suplentes, congresales y candidatos de listas opositoras no oficializadas.
Finalmente amplía las medidas tipificadas como práctica desleal por parte de los sindicatos incluyendo asambleas, afiliaciones presuntamente compulsivas y violaciones de conciliación obligatoria exponiendo a sanciones y multas a individuos y organizaciones gremiales a la vez que establece la prohibición de medidas gremiales en el marco de una disputa por encuadramiento.
Cruces
Los puntos, que en líneas generales fueron ratificados por otro medio especializado (infogremiales.com.ar), sin embargo, resultaron fuertemente desmentidos por el representante gremial en el Consejo de Mayo. Gerardo Martínez aseguró que, a contramano de las versiones, “no hubo consenso ni discusión”. A la vez, el dirigente de la UOCRA indicó que “muchas cosas que se anunciaron no forman parte de la mesa. Es natural que el Gobierno publicite lo que quiere hacer, pero eso no se discutió”.
Con todo, reconoció la existencia de un “último borrador oficializado en la comisión técnica del Consejo” pero aclaró que “fue presentado sin el aval de los representantes sindicales”. En las declaraciones realizadas para Radio Con Vos aclaró que, si no se desarrollara un diálogo genuino entre las partes, los gremios harán “acciones contundentes”.
Sin embargo, menos confrontativo, aceptó que “el sector productivo y los trabajadores van a observar con detenimiento esas propuestas”.
Al mismo tiempo, en España, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger llevaba adelante una exposición en una conferencia ante empresarios en la que defendió la iniciativa y explicó que el objetivo principal será el de “desarticular la estructura sindical” y “federalizar” la negociación colectiva.
De ese modo ratificó que el propósito es horadar el poderío gremial mediante convenios por empresa y/o región. A la vez reconoció que con el cambio buscarán “alterar el poder de los gremios”.
Las filtraciones, se sabe, suelen ser globos de ensayo que buscan medir el alcance de las reacciones y, a la vez, subir la vara lo más posible para luego explorar versiones «de consenso» más edulcoradas.
