La intendenta llamó a una asamblea pública para este viernes ante la decisión del Gobierno de Río Negro de reducir del 60% al 29,8% la participación histórica de la ciudad en las regalías hidrocarburíferas. El Municipio advierte que la medida compromete servicios y desarrollo, y pone bajo sospecha una decisión que afecta a un distrito gobernado por un signo político distinto al provincial.
La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, convocó a toda la comunidad a una reunión abierta para informar y debatir el impacto del nuevo esquema de distribución de regalías hidrocarburíferas impulsado por el Gobierno de Río Negro, que reduce de manera drástica la participación de la ciudad del 60% al 29,8%. La jefa comunal anticipó que dará batalla política e institucional para evitar lo que considera un recorte que lesiona de manera directa el derecho de la comunidad a disponer de los recursos que se generan en su propio territorio.
La convocatoria pública se realizará el viernes 6 de marzo a las 20 horas en la Estación Terminal de Ómnibus y está dirigida a vecinos, instituciones intermedias, gremios y fuerzas vivas. El objetivo es analizar la propuesta provincial, discutir alternativas y elaborar un documento conjunto. “La defensa de Catriel es tarea de todos”, señala la nota firmada por la intendenta.
El nuevo esquema promovido por la Provincia plantea una actualización de la distribución secundaria de regalías que, en los hechos, implica que la Capital Provincial del Petróleo pierda la mitad de los recursos que históricamente percibe como principal productora de crudo de Río Negro. En términos financieros, la poda no es menor: afecta partidas con las que el Municipio sostiene servicios esenciales, infraestructura y respuestas a múltiples demandas sociales en un contexto de retracción económica y declive de la producción convencional frente al avance de Vaca Muerta.
Salzotto participó de la reunión convocada por el gobernador, donde manifestó su rechazo y solicitó que se mantenga el porcentaje histórico. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que no se trata solo de una cuestión simbólica o de reconocimiento histórico, sino de una realidad productiva vigente: Catriel continúa siendo el principal productor de petróleo de la provincia y los yacimientos se encuentran dentro de su ejido. “Los recursos son provinciales, pero están en territorio catrielense”, remarcan.
La Provincia, por su parte, defiende la iniciativa como una adecuación técnica de un esquema vigente desde 2004. El nuevo Índice de Distribución Anual se basaría en dos variables: producción-distancia —que distribuye en forma inversamente proporcional hasta 100 kilómetros de las zonas productoras— y cantidad de pozos en cada ejido municipal, ponderando activos e inactivos. Además, incorpora cinco nuevos municipios al reparto y eleva a 14 el total de distritos reconocidos como productores. La narrativa oficial habla de criterios “objetivos y verificables” y de mayor equidad territorial.
Sin embargo, en Catriel la lectura es abiertamente política. El recorte es interpretado como una decisión deliberada que diluye el peso específico de la ciudad petrolera en favor de una redistribución que relativiza el origen real de la riqueza. La sospecha se profundiza en un contexto donde el municipio está gobernado por un signo político distinto al provincial, lo que alimenta la percepción de que detrás de la fórmula técnica subyace una definición política que castiga al distrito más productivo.
La discusión técnica continuará en los próximos días con el análisis detallado de datos productivos. Pero el conflicto ya trascendió los números: lo que está en debate es quién decide sobre los recursos que se extraen del suelo catrielense y bajo qué criterios se redefine una participación que durante décadas estructuró la economía local.
En una provincia donde el petróleo sigue siendo un pilar de la matriz económica, la disputa por las regalías expone algo más que una actualización metodológica. Para Catriel, se trata de defender autonomía financiera, reconocimiento histórico y el derecho de su comunidad a no ser despojada de lo que considera propio. Y esta vez, la intendenta dejó claro que la respuesta no será en silencio, sino con la comunidad en la calle y con un documento colectivo que marque posición.
