El Municipio presentó una contrapropuesta con base técnica y respaldo político, mientras crecen las advertencias sobre la inconstitucionalidad y el histórico perjuicio en la distribución de recursos.
En una nueva convocatoria abierta realizada el miércoles 8 de abril, el Municipio de Catriel expuso ante la comunidad una contrapropuesta al esquema de distribución de regalías impulsado por la Secretaría de Energía de Río Negro, en un contexto que, lejos de generar consensos, vuelve a encender alarmas sobre el reparto de recursos en la provincia.
La intendenta Daniela Salzotto fue categórica al marcar el tono del debate: “la causa de las regalías no es la causa de un partido político, es la causa de Catriel”, afirmó, subrayando la necesidad de sostener la información pública y la participación ciudadana en cada instancia de discusión.
Durante el encuentro, el equipo técnico municipal detalló un modelo alternativo que incorpora variables ausentes en la propuesta provincial, como la producción efectiva, la cercanía a los pozos mediante coordenadas geográficas, la densidad de perforaciones y el impacto ambiental. Se trata, en esencia, de criterios que buscan reflejar con mayor fidelidad la realidad productiva e histórica de cada localidad, frente a un esquema que —según se dejó entrever— corre el riesgo de simplificar una matriz compleja y profundamente desigual.
La iniciativa apunta a garantizar una distribución más equitativa, no sólo desde lo discursivo sino desde parámetros técnicos verificables. En esa línea, el Concejo Deliberante declaró el tema de interés y la convocatoria contó con la presencia de legisladores provinciales, autoridades y vecinos, en una señal política que refuerza el posicionamiento de la ciudad.
Entre las voces que acompañaron el planteo, la legisladora Magdalena Odarda fue particularmente crítica al recordar antecedentes poco alentadores: “cada vez que en Río Negro se modificó la distribución de recursos, los municipios terminaron perdiendo. No podemos volver a cometer el mismo error”, advirtió.
Odarda también puso el foco en la legalidad del proceso, al señalar que la Constitución provincial establece que la coparticipación es una ley convenio, lo que implica el acuerdo de los 39 municipios. “Si uno solo no está de acuerdo, la ley no existe. Cualquier intento de avanzar sin ese consenso es inconstitucional”, remarcó, elevando el tono de una discusión que ya no es solo técnica, sino institucional.
Además, reclamó la puesta en funcionamiento de la Comisión de Aplicación y Arbitraje antes de tomar decisiones que puedan perjudicar a las comunidades, y exigió la creación de un fondo de compensación permanente para los municipios, en lugar de soluciones transitorias frente a problemas estructurales.
Un punto central de su intervención fue la incorporación del pasivo ambiental como criterio de distribución: “no es lo mismo hablar de igualdad que de equidad”, sostuvo, en clara alusión a localidades como Catriel, que durante décadas sostuvieron la actividad hidrocarburífera y hoy reclaman recursos acordes a ese peso histórico.
En este escenario, Catriel no sólo plantea una discusión técnica, sino que vuelve a instalar una tensión de fondo: quién gana y quién pierde cuando se redefinen las reglas del reparto. Y, sobre todo, si esta vez la provincia está dispuesta a escuchar antes de decidir.
