Los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país sostuvieron que el decreto de necesidad y urgencia firmado por el Ejecutivo “introduce una serie de obstáculos a la operatividad judicial”. Los magistrados, además, repudiaron la intromisión en la casa de una jueza federal de Rosario.
Tras una reunión en la provincia de Córdoba, los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Argentina mostraron su preocupación por lo sucedido con la jueza federal de Rosario (que esta semana denunció un acto de intimidación) y por la vigencia de un decreto de necesidad y urgencia sobre bienes decomisados.
Los camaristas Javier Leal de Ibarra, Abel Sánchez Torres, Mariana Catalano, Roberto Hornos, Mariano Llorens, Rocío Alcalá, Silvina Andalaf, Beatriz Aranguren, Mario Boldú, Pablo Candisano, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Marcelo Fernández, Ramón Luis González, Mariano Lozano, Patricia Moltini y Juan Ignacio Pérez Curci hablaron también del fallo Levinas de la Corte Suprema, que ha generado discusiones dentro del universo judicial ya que habilitó la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en causas penales, civiles y comerciales de la justicia nacional.
Por un lado, uno de los temas que se discutió tuvo que ver con el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, donde se aprobó el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”. En ese sentido, advirtieron las dificultades que se presentarán frente a la vigencia del DNU.
“El nuevo régimen jurídico, lejos de disipar toda duda en la aplicación de mecanismos para la recuperación, administración y disposición de los activos provenientes de actividades ilícitas, genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado”, explicaron.
Además, sostuvieron que el DNU “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia y el reciente dictado de la Acordada Nro. 22/25, por la que se estableció el ‘Reglamento de efectos secuestrados que no puedan secuestrarse a sus dueños y objetos decomisados’”.
Consideraron también que podría afectar la Ley de Autarquía Judicial N° 23.853, en lo relacionado a los recursos específicos y propios que componen el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y al destino que debe dársele a ellos.
Por otro lado, mostraron su preocupación por la intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario Natalia Martínez, que denunció una intromisión en su casa. “Reafirmamos el compromiso de las Cámaras Federales de todo el país con la defensa de la función jurisdiccional libre de presiones, amenazas o condicionamientos de cualquier naturaleza. Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la magistrada y la de todos los integrantes del Poder Judicial”, sostuvieron.
Durante la misma reunión, la Junta mencionó el Fallo Levinas II, ratificado por la Corte Suprema el 17 de julio. Los magistrados federales refrendaron “la defensa de la institucionalidad, la independencia funcional del Poder Judicial y repudiaron todo acto que desacredite a la Corte Suprema, ya sea con sus integrantes permanentes o con conjueces”. En ese sentido, hicieron referencia directa a “constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema”, subrayando que esas descalificaciones “menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”.
