La Red Argentina Para el Desarme y 30 organizaciones nacionales e internacionales reclaman al Congreso que rechace el DNU que cerró la Agencia Nacional de Materiales Controlados. “El Gobierno impulsa una agenda cuyo riesgo es el incremento de la violencia armada”.
Canal Abierto | La Red Argentina para el Desarme, con el apoyo de 30 organizaciones nacionales e internacionales, solicitó al Congreso de la Nación que rechace el Decreto 445/2025 que eliminó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y que derogó todas sus funciones de prevención de la violencia con armas de fuego. Esta decisión del Gobierno nacional pone en crisis la seguridad ciudadana de nuestro país, al desmantelar uno de sus pilares: la política de control de las armas de fuego.
La carta enviada por la Red Argentina para el Desarme contó con el apoyo, a nivel nacional, de diversas organizaciones y referentes, entre ellos: Abuelas de Plaza de Mayo; Amnistía Internacional Argentina; Comisión Provincial por la Memoria (CPM); Adolfo Pérez Esquivel (Presidente de la CPM); Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Madres del Dolor; Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y el abordaje de la Conflictividad Social dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Feministas Sin Fronteras; Fundación para la Democracia; Fundación Viridiana; Mumalá; Fundación para la democracia (Rosario); Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba; Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.307) y la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. A nivel internacional, la carta fue acompañada por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Guatemala); Sou da Paz (Brasil); Derechos de la Infancia y Adolescencia (México); Centro de Estudios Ecuménicos (México); Campaña Colombiana contra Minas (Colombia); RedCepaz (colectivo de organizaciones centroamericanas); ECPAT (Guatemala), Perú por el Desarme (Perú); Fundación Arias (Costa Rica); y la Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe (SEHLAC).
Este decreto elimina la totalidad de las funciones y objetivos de la ANMaC establecidas en la Ley 27.192, aprobada en 2015 por el Congreso de la Nación con inusual consenso interpartidario.
“El presidente de la Nación había declarado antes de asumir el cargo, que él está ‘definitivamente a favor’ de la libre portación de armas. Las medidas adoptadas van en esa dirección. La reforma no es una discusión de diseño institucional, eficientización del Estado, o reducción del gasto público. La pregunta que nos interpela y urge es si estamos dispuestos a vivir en una sociedad armada”.
Según cifras oficiales, las armas de fuego provocan 6 de cada 10 homicidios en Argentina. Más armas en circulación implican mayor riesgo de que se usen en conflictos interpersonales (más del 50% de los homicidios con armas de fuego son por discusiones intrafamiliares), más niños y niñas expuestas a balaceras, masacres escolares o accidentes, y más femicidios y suicidios por tener armas en las casas.
Esta relación entre las armas de fuego y la proliferación de la violencia había sido reconocida por la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su “Plan Territorial de Reducción de Homicidios” que dispone entre sus objetivos la disminución de la circulación y uso ilegal de armas de fuego y en el que se establecía como acción específica el “desarrollo de acciones preventivas, como programas y campañas de concientización sobre tenencia de armas de armas”, una de las funciones centrales de la ANMaC.
Tanto el presidente Javier Milei como la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promueven la libre portación de #Armas. Las medidas adoptadas van en esa dirección, por eso no hay margen para hacernos los distraídos. pic.twitter.com/lXXUygFvie
— RedArgParaElDesarme (@RedArgDesarme) July 30, 2025
Frente a esta situación, las organizaciones firmantes advierten:
1- El Gobierno impulsa una agenda de desregulación del mercado de las armas cuyo riesgo cierto es el incremento de la violencia armada. En los últimos meses el gobierno decretó la flexibilización de la adquisición de fusiles semiautomáticos, la reducción de la edad mínima para tener armas y promovió la “tenencia express”, en el marco del vaciamiento de las campañas de concientización sobre los riesgos de las armas de fuego.
2- El decreto 445/2025 que derogó la ANMaC abre el camino a una liberación total. La Ley Nº 27.192 de 2015, que este decreto en buena medida elimina, no sólo creó la ANMaC, sino que obligó al Poder Ejecutivo a establecer una política proactiva y eficaz de control de las armas de fuego. El reemplazo del RENAR por la ANMaC priorizaba el derecho de la sociedad a vivir en un entorno libre de violencias. La restitución del RENAR vuelve a poner como prioridad los intereses de los usuarios de armas de fuego, en detrimento de la seguridad pública.
La eliminación de las políticas de control y prevención de la violencia facilita su acceso para el crimen organizado y aumenta otros riesgos, como el resultado fatal de conflictos interpersonales, la exposición de niños y niñas a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas, los femicidios, las amenazas con armas de fuego a víctimas de violencia de género, los suicidios y los accidentes fatales.
3- El Congreso de la Nación puede y debe rechazar este decreto. Los diputados/as y senadores de la Nación tienen la facultad de rechazar el Decreto 445/2025, ya que se trata de un decreto delegado, dictado en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la “Ley Bases”. La Comisión Bicameral está obligada a pronunciarse sobre la validez del decreto y habilita al Congreso Nacional a rechazarlo.
Acceda a la carta enviada a los senadores/as y diputados/as.
Red Argentina para el Desarme
La Red Argentina para el Desarme está conformada por la Asociación Civil Alfredo Marcenac, la Asociación para Políticas Públicas (APP), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
Con el apoyo de las siguientes entidades nacionales:
-Abuelas de Plaza de Mayo
-Adolfo Pérez Esquivel, Presidente de la CPM
-Amnistía Internacional Argentina
-Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
-Asociación de Sociólogos de la República Argentina
-Asociación Madres del Dolor
-Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, Ley 10.307
-Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
-Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
-Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y el abordaje de la Conflictividad Social dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
-Feministas Sin Fronteras
-Fundación para la Democracia
-Fundación para la democracia (Rosario)
-Fundación Viridiana
-Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba
-Mumalá
Y las siguientes entidades internacionales:
-Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Guatemala)
-Sou da Paz (Brasil)
-Derechos de la Infancia y Adolescencia (México)
-Centro de Estudios Ecuménicos (México)
-Campaña Colombiana contra Minas (Colombia)
-Red Cepaz (colectivo de organizaciones centroamericanas)
-ECPAT (Guatemala)
-Perú por el Desarme (Perú)
-Fundación Arias (Costa Rica)
-Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe (SEHLAC)
