A 22 días de recibir el informe pericial con elementos del contrato Milei-Davis, el fiscal subió solo un extracto genérico y reservó los anexos. Querellas denuncian “vulneración del derecho al control” y sospechan filtraciones selectivas mientras la investigación cumple más de un año sin respuestas sobre el rol del Presidente.
La causa $Libra atraviesa su momento de mayor tensión institucional. El fiscal Eduardo Taiano enfrenta un cuestionamiento sin precedentes por la gestión de una pericia informática que habría arrojado pruebas sensibles sobre el vínculo entre el presidente Javier Milei y el creador del token, Hayden Mark Davis. Lo que debía ser un paso decisivo hacia la verdad se transformó en un foco de controversia: el informe completo permanece bajo reserva, las partes denuncian opacidad, y la pregunta que sobrevuela Comodoro Py —¿hasta dónde llegó la implicancia de Milei?— sigue sin respuesta tras más de doce meses de investigación.
El núcleo del conflicto estalla cuando se confirma que la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) remitió el informe pericial a la Fiscalía de Taiano el 9 de enero de 2026. Sin embargo, recién el 24 de febrero —22 días después, y tres semanas tras el fin de la feria judicial— el fiscal cargó en el sistema Lex 100 un documento general de 35 carillas. El texto menciona hallazgos vinculados al contrato inteligente, pero deriva todos los detalles sustanciales a anexos que, hasta hoy, las partes no pueden consultar. Para las querellas de Martín Romeo y del diputado Juan Grabois, esta demora y reserva constituyen “una vulneración directa al derecho al control de la investigación”.
La situación se agravó tras la revelación pública de la abogada Natalia Volosin, quien difundió un borrador del acuerdo entre Milei y Davis, junto a un comprobante de pago de 250.000 dólares de María Pia Novelli a Kelsier Group Latam. Volosin afirmó que ambas pruebas estaban en manos del fiscal desde el 17 de noviembre pasado, pese a ser invisibles para las partes en el expediente. Ante esto, Romeo alertó: “Podríamos estar en presencia de una posible filtración de información, ya que las partes constituidas no podemos visualizar los anexos; sin embargo, en sitios web públicos sí aparece esa información”.
La defensa de Mauricio Novelli, por su parte, pidió mantener bajo reserva los detalles del informe hasta evaluar qué porción del material es relevante para la causa. Taiano, respaldado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó los planteos de apartamiento presentados en diciembre por Romeo, argumentando que todos los requerimientos habían sido contestados y que no existían fundamentos para citar a indagatoria a los principales imputados. Fuentes judiciales consultadas justificaron la demora en la carga del informe por el “volumen excepcional” de datos, y anticiparon que el fiscal habilitaría el acceso mediante un disco rígido externo, previa depuración de información privada solicitada por la defensa de Novelli.
Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de un malestar que se arrastra desde diciembre, cuando una de las querellas ya había pedido sin éxito la remoción de Taiano. Ahora, Grabois y Romeo elevaron un escrito al procurador general interino, Eduardo Casal, solicitando que se designe un equipo de fiscales para acompañar a Taiano y evitar que la causa dependa de una sola persona. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público señalaron que es “muy poco probable” que esto ocurra, ya que corresponde al fiscal titular solicitar asistencia expresa, como hizo en su momento con la intervención de la Datip.
Mientras el debate técnico-jurídico se encona, el trasfondo político no pierde intensidad. La investigación, originada en la promoción del token $Libra por parte de Milei el 14 de febrero de 2025, busca esclarecer si existió un acuerdo reservado entre el Presidente y Davis, y quién facilitó el contrato inteligente publicado en la cuenta oficial de X. A más de un año de iniciada, la causa no ha logrado responder estos interrogantes centrales. La opacidad en el manejo de pruebas clave, las demoras inexplicables y la sensación de que la información circula de manera selectiva alimentan una narrativa de desconfianza que trasciende los tribunales.
En un contexto donde la transparencia debería ser la brújula de toda investigación que involucra al más alto cargo del Estado, la gestión de Taiano deja más preguntas que certezas. Si el objetivo es preservar la integridad del proceso, no alcanza con justificaciones técnicas: se requiere acceso equitativo a la evidencia, plazos razonables y, sobre todo, voluntad de someter cada hallazgo al escrutinio de todas las partes. Porque en democracia, la justicia no solo debe hacerse: debe verse. Y hasta ahora, en la causa $Libra, demasiado sigue oculto entre anexos reservados y silencios elocuentes.
